Cuatro organizaciones defensoras de los derechos civiles retiraron su apoyo al Employment Non-Discrimination Act (ENDA), una legislación propuesta por en el Congreso de los Estados Unidos que prohibiría que empleadores de 15 o más empleados discriminen en la contratación y el empleo basado en la orientación sexual y la identidad de género.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Lambda Legal, National Gay and Lesbian Task Force y Gay & Lesbian Advocates & Defenders realizaron el anuncio la semana pasada, justificando el mismo en que los cambios que se le han realizado el proyecto para permitir una excepción a organizaciones religiosas que “tengan una razón religiosa específica y significante que provoque realizar decisiones sobre el empleo en que tengan que tomar la orientación sexual y la identidad de género en consideración”.
La excepción consiste en tres partes:
- Una excepción completa a casas de adoración, parroquias y escuelas religiosas, así como a misiones
- Una codificación llamada “excepción ministerial” reconocida por varias cortes federales, que le provee una excepción a organizaciones religiosas que estén relacionadas con la enseñanza o la diseminación de la religión, gobernanza religiosa o la supervisión de individuos que realicen estas actividades
- Una provisión que permita a las organizaciones religiosas ciertas clases de trabajo, el requerir a empleados y a quienes soliciten el que respondan u obedezcan ciertos principios o dogmas religiosos, incluyendo aquellos que puedan prohibir el que una persona LGBT pueda pertenecer o desempeñar cierta posición.
Esa última provisión no está sometida a revisión judicial y sólo es aplicable bajo el título de ENDA.
Otras organizaciones tales como The Leadership Conference han alertado sobre las consecuencias de estas excepciones:
“En la práctica, este lenguaje promueve excluir a las personas LGBT de muchos puestos de trabajo en organizaciones religiosas. En virtud de la primera sección de la exención, por ejemplo, un sacerdote o ministro está claramente exento, así como el secretario de la iglesia. A tenor del párrafo segundo, el capellán en un hospital afiliado a alguna religión y el profesor de derecho canónico en una universidad religiosa también están exentos”.
En virtud de la tercera parte de la franquicia, una corporación religiosa, asociación, institución educativa o sociedad pueden decidir aplicar sus principios religiosos a “clases de empleados”. Por ejemplo, un hospital afiliado a alguna religión podría optar por exigir a todas las enfermeras que sigan un conjunto declarado de principios religiosos significativos, incluyendo evitar la actividad sexual entre personas del mismo sexo. Del mismo modo, una agencia de servicios sociales a cargo de una secta religiosa podría requerir que su director ejecutivo se subscriba a un conjunto de principios para poder continuar en su trabajo.”
«La campaña para crear exenciones religiosas amplias para la protección del empleo repite un patrón que hemos visto antes en el debilitamiento de los derechos de voto de forma metódica, el acceso de las mujeres a la salud reproductiva y la acción afirmativa. Es hora de que la gente actúe para bloquear este impulso, en lugar de ayudar a acelerar en ley. Necesitamos una nueva legislación federal de no discriminación que contenga una un ajuste religioso razonable. Las personas LGBT deben tener la misma protección que los otros ciudadanos tienen, y que están contenidos en el Título VII del Acta de Derechos Civiles de 1964. La igualdad jurídica es la ley federal. La verdad es que los que tratan de negar la plena igualdad están teniendo éxito mediante el uso de la religión para crear un mecanismo de cuasi-moral, completamente legal para discriminar. No podemos permitir que tengan éxito. No podemos dejar que ellos ignoran la gran mayoría de las personas – y millones de personas de fe – que piensan que la discriminación es completamente inmoral y debería ser totalmente ilegal «, señaló Rea Carey, directora ejecutiva del National Gay and Lesbian Taskforce.
Por su parte, la ACLU expresó no poder “continuar apoyando una medida que trata el discrimen contra la comunidad LGBT de forma distinta a otros tipos de discrímenes y le provee legitimidad a ese discrimen”.