Ley de Puerto Rico

DTOP estará a cargo de regular empresas de servicio de gas

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Enmienda la Ley de Servicio Público. Modifica las definiciones de los términos «compañía de servicio público» y «empresa de gas». Dispone que se delegue en el DTOP la facultad de reglamentar las empresas de gas natural y las de conducción del gas por tubería. Transfiere al DTOP el Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones de la CSP, así como todas sus funciones y facultades.

La Comisión de Servicio Público tiene a su cargo la regulación de una amplia gama de industrias y servicios de naturaleza variada que, en ocasiones, no tienen relación entre sí. Dicha agencia, por ejemplo, tiene la encomienda de regular las compañías de servicio público y porteadores por contrato, lo que incluye empresas tan variadas como de transporte por aire, empresas de gas, operadores de muelles, empresas de mudanzas, empresas de conducción por tubería, empresa de puentes de pontazgo y empresas de energía eléctrica. Ello ha requerido que, para poder llevar a cabo las funciones delegadas por ley, esa instrumentalidad pública haya tenido que tratar de desarrollar conocimiento especializado en múltiples temas técnicos, sujeto a limitaciones presupuestarias y de capacidad en sus recursos, lo que no ha resultado en un funcionamiento eficiente ni ágil.

Naturalmente, el plan de transición ordenado hacia la energía renovable a través del gas natural, requiere la creación en Puerto Rico de un mercado de gas natural debidamente reglamentado que sea compatible con el plan de transición hacia la utilización de fuentes de energía renovable y con los mejores intereses del País y sus habitantes. También requiere que aseguremos el cumplimiento efectivo con la reglamentación federal sobre la transmisión y manejo del gas natural y otros productos o materiales a través de tuberías, lo que a su vez representa el cumplimiento con requisitos y estándares de seguridad para la protección de los habitantes de Puerto Rico. Parte importante de esa reglamentación es el Public Law 112-90, conocida como el Pipeline Safety, Regulatory Certainty, and Job Creation Act of 2011, aprobada por el gobierno de Estados Unidos de América el 3 de enero de 2012. Mediante esa legislación, se autorizó la continuidad, hasta el año fiscal 2015, de los programas del gobierno federal sobre la seguridad en la conducción por tuberías; se aseguró un acercamiento balanceado a la regulación para mejorar los parámetros de seguridad vis à vis la observación de principios de costo-eficiencia; y se aclaró y estableció la reglamentación necesaria para la formulación y adopción de planes de inversión en infraestructura y de creación de empleos en la industria.

La creación y operación del Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones obedece a las iniciativas del Departamento de Transportación de Estados Unidos de América y del National Transportation Safety Board para promover programas para minimizar los accidentes con instalaciones soterradas, minimizar los daños resultantes de tales accidentes a la vida y propiedad de las personas, y proteger la seguridad pública. En virtud de ello, la Ley 267-1998, según enmendada, impone al Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones el deber de establecer un programa uniforme para la identificación y demarcación de la infraestructura soterrada en Puerto Rico, y de cumplir con los Regulations for Pipeline Safety Programs de PHMSA. Desde luego, la infraestructura soterrada, las obras de excavaciones y las obras de demoliciones impactan directamente el sistema de vías públicas, de transporte y de obra pública que administra el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

 

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