Ley de Puerto Rico

Gobernador firma proyecto de enmiendas al Código Penal

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Enmienda el Código Penal. A los fines de establecer un sistema de penas proporcionales a la severidad de los delitos; cumplir con el mandato constitucional de rehabilitación, mediante la integración de un sistema novel de alternativas a la reclusión; establecer las sanciones aplicables cuando la conducta punible es cometida por una persona jurídica; y para otros fines.

El Código Penal vigente se elaboró sobre la base de los Códigos que le precedieron, por lo que comparte con ellos virtudes y defectos. En la revisión del Código Penal vigente se han considerado los Códigos que le precedieron en Puerto Rico durante el Siglo pasado y los inicios del presente: el Código Penal de 1902, el Código Penal de 1974 y el Código Penal de 2004, derogado en 2012 por el Código vigente.

En cuanto a las penas, diversos sectores han validado que la legislación vigente no da espacio ni incentiva la rehabilitación del convicto, que no dispone penas alternativas a la reclusión en delitos de severidad intermedia y que coarta considerablemente la discreción judicial en este ámbito. Desde esta perspectiva, evaluamos diferentes opciones para atender las penas en el Código Penal de 2012 y decidimos trabajar en un modelo nuevo, mediante enmiendas al Código Penal de 2012, que estableciera un margen adecuado para la discreción judicial e instituyera un sistema de penas proporcionales a la gravedad de los delitos, que a su vez propiciaran la rehabilitación de la persona sentenciada.

Bajo las enmiendas propuestas se reincorpora la pena de restricción terapéutica, como medida rehabilitadora bajo un modelo de justicia terapéutica para adictos. Se enmienda la restricción domiciliaria, para disponer que pueda imponerse en sustitución de la pena de reclusión en delitos graves cuyo término de reclusión dispuesto en el delito sea de ocho (8) años o menos; o en delitos a título de negligencia. El uso de esta pena como alternativa a la reclusión estará sujeto a la discreción judicial, basada en el informe pre-sentencia y el plan de rehabilitación. También se enmienda la pena de servicios comunitarios para que esté disponible para ciertos delitos graves y los menos graves.

Además, se restituye la facultad que tenía el Juez de seleccionar entre varias penas en sustitución de la reclusión o combinarlas mediante una sentencia fraccionada, con una parte en reclusión y otra en una o más de las penas sustitutivas de reclusión (e.g., restricción domiciliaria, servicios comunitarios, restricción terapéutica, o incluso con una sentencia suspendida), en delitos de severidad intermedia. Se introduce la reparación del daño como causa para mitigar la pena y, en casos excepcionales, dejarla sin efecto.

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