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Expresiones del Colegio de Abogados en torno a la reforma contributiva

El Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Lcdo. Mark Anthony Bimbela, compartió unas expresiones a través de Facebook sobre el mensaje que ofreciera ayer el Gobernador Alejandro García Padilla acerca de la reforma contributiva.

Mark Anthony BimbelaA continuación, reproducimos sus palabras:

En primera instancia, es altamente preocupante la generalización que hizo ayer el Gobernador de los y las miembros de la abogacía del País y de otros profesionales. La gran mayoría de nuestros compañeros y compañeras son responsables con sus obligaciones contributivas y aportan mucho más tanto al erario como a la sociedad puertorriqueña. Muchos de nuestros colegiados y colegiadas acuden todos los días a los tribunales a defender gratuitamente a las personas más necesitadas. Más aún, el Colegio cuenta con abogados y abogadas probonistas en todo Puerto Rico que brindan de sus propios recursos para representar digna y responsablemente a sus representados de escasos recursos. Conozco de compañeros y compañeras que tienen asignados una cantidad significativa de casos de oficio, y aun así lo dan todo por sus clientes. Todas estas responsabilidades y gravámenes que sufre la abogacía ocurre en parte por la inefectividad del gobierno en brindarle una adecuada representación legal a los pobres del País. Esperamos que durante el transcurso de la discusión de la reforma contributiva se tome en cuenta las aportaciones de nuestra clase profesional en todas las instancias de la vida pública de Puerto Rico, y se tenga un poco más de cuidado al generalizar toda una profesión.

Así las cosas, hemos nombrado una Comisión Especial para que evalúe la reforma contributiva que se presentó el día de ayer al País, con énfasis en el impacto que esta pudiera tener en los servicios legales. Puerto Rico tiene un grave problema de acceso a la justicia y el encarecimiento de los servicios legales agravaría el mismo. El Estado no puede perder de perspectiva que la responsabilidad de proveer representación legal en las causas penales a personas indigentes es de él; por lo que el empobrecimiento de la sociedad resultaría en una mayor erogación de fondos del erario en cuanto a esa obligación gubernamental. A tales efectos, estaremos evaluando responsablemente la medida tan pronto se radique en la Legislatura, velando siempre por los intereses de la clase togada del País, y de los más necesitados.

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