Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico

Supremo extiende término de juicio rápido por descubrimiento de prueba irrazonable y hostigante

Supremo extiende término de juicio rápido por descubrimiento de prueba irrazonable y hostiganteDescarga el documento: Pueblo v. Custodio Colón

El 16 de enero de 2010, José A. Custodio Colón conducía su automóvil bajo los efectos de bebidas embriagantes. Perdió el control de su vehículo y provocó la muerte de Charles Maldonado Colón. Fue acusado bajo el Artículo 109 del Código Penal: ocasionar la muerte a otra persona, por negligencia, mientras se conduce un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes. La vista de causa para arresto se celebró el 13 de enero de 2011 y se le impuso una fianza de $5,000.00 la cual prestó. El 7 de abril de 2011 se celebró la vista preliminar, encontrándose causa probable para acusar. La acusación se presentó el 13 de abril de 2011 y el juicio en su fondo quedó señalado para el 20 de mayo de 2011. No obstante, a solicitud de las partes, se movió la fecha del juicio para el 7 de junio de 2011.

El 20 de mayo de 2011, la defensa del señor Custodio Colón presentó una moción al amparo de la Regla 95 de las de Procedimiento Criminal y le solicitó al Ministerio Público un descubrimiento de prueba extenso, complejo y voluminoso. La lista de documentos ocupó 11 páginas y se requirieron 146 documentos. El 7 de junio de 2011, la defensa expresó que el Ministerio Público aún no había contestado su requerimiento de prueba. El Tribunal otorgó 20 días para contestar pero advirtió que estaba corriendo el término de 120 días de juicio rápido. Se celebraron tres vistas de conferencia con antelación a juicio por no haberse contestado el voluminoso descubrimiento de prueba.

El día 16 de agosto de 2011, la defensa alegó que se le había violado al acusado su derecho a juicio rápido y solicitó la desestimación de la acusación. El Ministerio Público argumentó que las dilaciones se debieron por los propios actos de la defensa. El Tribunal de Primera Instancia indicó que el Ministerio Público no había podido demostrar justa causa para no haber completado el descubrimiento de prueba solicitado por la Defensa y decretó la desestimación de la acusación en contra del acusado.

El Tribunal de Apelaciones rechazó acoger el recurso de certiorari que presentó el estado. Fundamentó su decisión en que habían transcurrido los 120 días de juicio rápido según lo ordena la Regla 64(n) (4) de Procedimiento Criminal.

La Jueza Presidenta, Hon. Liana Fiol Matta, emitió la opinión del Tribunal. Manifestó que se debió realizar un balance de intereses entre dos derechos constitucionales: al derecho constitucional a un juicio rápido y al derecho a presentar una defensa adecuada. Indicó que el mero hecho de cumplirse los 120 días para juicio rápido no es suficiente para desestimar de manera automática la acusación. El derecho a juicio rápido es variable y flexible. La desestimación de los cargos sólo puede darse luego de un análisis ponderado de que no exista justa causa para la dilación, que se debió a la solicitud del acusado o a su consentimiento y que el acusado haya demostrado el perjuicio sufrido por causa de esta.

Esbozó que ante un procedimiento de prueba conforme a la Regla 95 de Procedimiento Criminal, el Tribunal evaluará la razonabilidad de la petición para que no haya innecesarias dilaciones. También expresó que no es cualquier prueba la que se puede solicitar. La Regla 95 sólo gira en torno a evidencia que sea relevante a la inocencia o el castigo del acusado. Determinó que el Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción al autorizar un descubrimiento que excediera lo autorizado por la Regla 95 y huérfano de razonabilidad. Articuló que circunstancias como estas justificaban extender el término de los 120 días. También arguyó que el acusado no sufrió perjuicio por la dilación.

Reseña por Joel Pizá Batiz

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