La Asociación de Abogados de Puerto Rico anunció que presentó dos (2) demandas contra el Gobierno para obligarlos a cumplir con la doctrina de separación de poderes y para hacer valer el mandato de las otras ramas de Gobierno.
En una de sus demandas, la Asociación sostiene que varias agencias de Gobierno están exigiendo a los candidatos de empleo que sean miembros del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAPR) en claro desafío del Tribunal Supremo que decidió que el ser miembro o no de una agrupación gremial es parte del derecho constitucional de libertad de expresión. El abogado de la Asociación, Ramón L. Rosario Cortés, afirmó que la exigencia de varias agencias del Gobierno es como pedirle a un candidato a empleo que pertenezca a un partido político para ser empleado público. “Es totalmente inaceptable, el ejercer un derecho constitucional no puede descalificarte para ser empleado público. La actitud el Ejecutivo atenta contra una determinación del Tribunal Supremo”, puntualizó.
En su demanda, la Asociación sostiene que la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y la Compañía de Turismo violentan ese derecho al exigirles a los candidatos para plazas de abogados que certifiquen que son miembros del CAPR como requisito de cualificación. De igual forma, impugnan que el Departamento de Justicia solicite a un abogado o abogada que informe si es colegiado o no en sus solicitudes de empleo lo que evita el ejercicio libre del derecho de libertad de asociación.
Por otro lado, la Asociación de Abogados presentó una demanda contra el Secretario del Departamento de Hacienda por imponer el IVU a varios servicios legales excluidos por legislación. “La Asamblea Legislativa aprobó una ley que excluye los servicios legales del pago del IVU para garantizar el acceso a la justicia. No obstante, el Secretario de Hacienda ha emitido una carta circular que impone de forma ultra vires el IVU en ciertos servicios legales que fueron excluidos por Ley”, expresó el Lcdo. Héctor R. Ramos, Presidente de la Asociación. “Seguiremos defendiendo a los abogados y abogadas y a la ciudadanía en general como lo hicimos con el caso que decretó que la colegiación compulsoria era ilegal y con el caso que impugnó el IVU en servicios legales y propulsó la legislación que exoneró los servicios legales de su aplicación”, finalizó Ramos.
La Asociación de Abogados impugna la interpretación del Secretario de que el IVU aplica a ciertos servicios legales como los relacionados a derecho contributivo y derecho laboral. Esto pues, la Asamblea Legislativa fue clara que los servicios legales quedaban excluidos de forma absoluta para facilitar el acceso a la justicia de nuestro Pueblo. De igual forma, la Asociación de Abogados hizo un llamado a otras instituciones como el CAPR para que se unan a esta demanda.