El gobierno de Perú aprobó la creación de un registro de víctimas de esterilización forzada, práctica que se desarrolló bajo la administración del expresidente Alberto Fujimori entre el 1995 y el 2000. Según el objetivo de la ley, el registro busca “identificar el universo de personas afectadas y garantizar su acceso a la justicia, así como permitir su acceso a la atención sanitaria”.
La medida surge como parte del cumplimiento con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras la denuncia presentada en 1999 por los familiares de Mamerita Mestanza. Mestanza murió tras una de estas cirugías, que se le practicó sin su consentimiento. El caso culminó con un acuerdo en el que el gobierno de Perú se comprometió a investigar y castigar a los responsables y a reparar a las víctimas.
Hasta el momento, se han registrado más de 2,000 denunciar y 44 muertes por las cirugías que en aquel entonces se denominaron “anticoncepción quirúrgica voluntaria”. Asimismo, de acuerdo a un informe publicado en 2002, entre los años 1990 y 2001 se realizaron al menos 272,028 esterilizaciones.
Según un libro publicado al respecto en el año 2014, escrito por la investigadora Alejandra Ballón, las esterilizaciones forzadas funcionaron como un mecanismo de lucha contra la pobreza así como “una guerra quirúrgica contra las mujeres pobres”, que tendrían a los hijos que en el futuro podrían sumarse a la organización guerrillera Sendero Luminoso.
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