La Comisión de Gobierno que preside el representante José “Conny” Varela Fernández, culminó el pasado jueves 2 de junio, con el análisis del Proyecto de la Cámara 2944, para establecer mecanismos más eficaces para tener acceso a la información del gobierno y sus tres ramas constitucionales, además de las corporaciones públicas, municipios; y alianzas público privadas, entre otras.
La medida obliga a los organismos gubernamentales a establecer un sistema de apertura y codificación de expedientes para facilitar la localización y búsqueda de la información. Con ello, el Gobierno deberá ser proactivo en la publicación de datos en Internet sin solicitud, y respondiendo a una política de datos abiertos, para hacer valer el derecho de los solicitantes a acceder a la información y a la documentación pública. La propuesta también dispone para imponer sanciones a los funcionarios que se nieguen a entregar la información pública que se solicite.
Durante los trabajos, Varela Fernández defendió la pieza y planteó que la misma no es exclusiva para los periodistas. “Esta legislación se hizo pensando en los 3.8 millones de habitantes de Puerto Rico. Se hizo para quien quiera obtener una información que consideren que es importante. A mi juicio, esta medida es necesaria”, indicó.
Tras la última audiencia celebrada el 2 de junio, la Comisión estará en posición de rendir un informe en torno a la propuesta.
A esta vista acudió la coordinadora general de la Cumbre Social de Puerto Rico, la licenciada Eva Prados, quien avaló la intención de Varela Fernández y del representante Carlos “Johnny” Méndez. La ponente sostuvo que la iniciativa es necesaria para promover las transformaciones hacia un gobierno abierto que el País requiere. Además, destacó la importancia de la medida como mecanismo para la participación ciudadana efectiva y sobre la necesidad de las instancias que esta crea para lograr un gobierno abierto.
“La nueva estructura y procedimientos administrativos que propone atienden los retos que enfrentamos para garantizar la transparencia y el derecho constitucional al acceso a la información pública en la Isla”, agregó Prados.
A su vez, la portavoz de la organización que agrupa a miembros del sector sindical, cooperativista y comunitario manifestó que “Puerto Rico necesita una estructura moderna y efectiva de acceso a la información que responda a los retos sociales, ambientales, políticos y fiscales que tenemos y que ese tipo de reforma “no puede detenerse bajo el argumento del costo en fondos públicos que la nueva estructura propuesta en la legislación acarrea”.
La medida también fue respaldada por el profesor de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), miembro de la Junta de Directores del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y Consejero General de Espacios Abiertos, doctor Efrén Rivera Ramos, quien a preguntas de Varela Fernández, opinó que en los momentos que atraviesa el País, la falta de acceso a la información y documentos del gobierno es medular, especialmente cuando están en discusión la crisis fiscal y la imposición de una Junta Federal, que la ciudadanía apenas está comenzando a conocer, precisamente por falta de información. También expresó que la medida fortalece el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública de todos los miembros de la comunidad.
Rivera Ramos indicó, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en una serie de decisiones tomadas a partir de 1982, ha establecido que el derecho a la información pública tiene rango constitucional, y que a pesar de ese paso de avance, esa jurisprudencia no ha sido capaz, por sí sola, de proveer condiciones y mecanismos eficaces que permitan hacer realidad ese derecho para todas las personas en Puerto Rico.
De otro lado, el presidente del Overseas Press Club (OPC), Gary Javier, mostró reparos a la aprobación de la medida.
Mientras, el asesor legal de la entidad, el licenciado Cirilo Pérez, dijo que aunque persigue una loable intención, la pieza generará más problemas que soluciones. “El estado tendría dos mecanismos para suministrar la información, lo que crea más burocracia”, afirmó.
Por su parte, la periodista y relacionista profesional, Sandra D. Rodríguez Cotto, planteó que como está presentada, “la medida es peligrosa para el ejercicio del periodismo y para la práctica de las relaciones públicas en el País”.
El presidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), Juan Hernández, también mostró reparos a la aprobación del proyecto. Hernández alegó que se propone ampliar el control del Estado creando nuevas instancias administrativas que, “lejos de agilizar el proceso de acceso a la información, le imponen términos y condiciones que dilatan el mismo”.
De igual modo, cuestionó la figura del Oficial de Información. “¿Cómo es posible que el servidor público, cuya responsabilidad es el cumplimiento de la ley que se propone, sea a la misma vez quien tenga la obligación de recibir las denuncias sobre la actuación de la autoridad pública en la divulgación de la información?”, cuestionó.
A su vez, mostró reparos a los términos de cumplimiento, a los costos en que podrían incurrir los ciudadanos, y a las facultades y poderes que se conceden a la Junta Revisora.