Supremo federal determina que convictos por violencia doméstica pueden perder su derecho a poseer armas

El derecho a poseer armas puede ser denegado a personas que cometan actos temerarios de violencia doméstica, según una opinión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, escrita por la juez Elena Kagan.

La decisión 6-2 en el caso Voisine v. U.S. 14-10154, que contó con los disensos del juez Clarence Thomas y la jueza Sonia Sotomayor, confirmó las sentencias impuestas sobre dos hombres en el estado de Maine que argumentaron que sus convicciones por casos menos grave de violencia doméstica no debían activar un estatuto federal de control de armas.

La ley federal se estableció para denegar la portación de armas a personas convictas por actos de violencia contra miembros de su familia, basado en una investigación que reveló que existe una gran posibilidad de que se utilicen en altercados domésticos.

Stephen Voisine se declaró culpable de violencia doméstica en el 2004. Cinco años más tarde, las autoridades federales lo hallaron en posesión de un arma de fuego después de recibir una denuncia anónima de que este había disparado a un águila calva. William Armstrong se declaró culpable de un cargo similar en 2008 y le encontraron con armas de fuego dos años más tarde.

Ambos hombres disputaron sus convicciones bajo la ley federal de armas. Según reseñado por USA TODAY estos argumentaron que la ley estatal permite sus convicciones sobre la base de la imprudencia temeraria, y no sólo la intención criminal. Además arguyeron que la ley federal de armas de fuego que niega la posesión de esta a los abusadores domésticos no estaba destinada a aplicarse a una convicción por conducta imprudente.

La mayoría de los jueces no estuvieron de acuerdo con dicho argumento, mas Thomas afirmó que esa posición lo que hacía era negar el derecho establecido por la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

“No tratamos a ningún otro derecho constitucional tan caballerosamente. Al interpretar ese estatuto de forma tan amplia, de manera que una sola falta imprudente y menos grave pueda llevar a alguien a perder su derecho a portar armas para siempre, el tribunal sigue relegado a la Segunda Enmienda a un derecho de segunda clase”, estableció Thomas.

 

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