¿Qué dicen las plataformas de los partidos políticos y candidatos independientes acerca de la corrupción?

VISITA: Programas de gobierno: Partidos políticos y candidatos independientes de Puerto Rico 2016

PARTIDO POPULAR DEMOCRÁTICO (David Bernier)
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(P. 19)

I. Ataque frontal a la corrupción y al inversionismo político: una deuda con el País.

Transparentaremos la función pública y elevaremos la calidad de los servicios.

a. Objetivos

i. Crear una cultura y un ambiente de no tolerancia a la corrupción y al inversionismo político.

ii. Atacar la corrupción pública y privada.

b. Acciones

i. Implantaremos política pública sobre el derecho constitucional al acceso de información, documentación y Gobierno Abierto, que incluya, pero no se limite a: la creación de una ley, en coordinación con la sociedad civil, para hacer efectivo ese derecho mediante el establecimiento de políticas, reglas y procesos en todas las ramas de Gobierno que propendan al más amplio acceso a la información pública.

ii. Estableceremos un marco reglamentario para la fiscalización que adjudique responsabilidad y castigue a quien limite el acceso a la información y realizaremos una evaluación total del andamiaje gubernamental que atiende la corrupción en Puerto Rico.

iii. Lograremos que la ciudadanía tenga acceso a la información sobre la gestión y gasto público de cada organismo de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, y cualquier ente al cual se le deleguen funciones del Estado.

iv. Desarrollaremos medidas de gobierno que permitan identificar y castigar la corrupción en el sector privado que afecte al Estado y constituya o genere inversionismo político.

v. Instituiremos un sistema de información y rendición de cuentas sobre la calidad y eficacia de la gestión y el gasto público.

vi. Desarrollaremos un currículo para servidores y gerentes públicos en transparencia, ética, honestidad y asuntos fiscales, etc., y fortaleceremos los programas de prevención ofreciendo talleres en forma permanente.

vii. Adoptaremos e implantaremos las recomendaciones del Informe sobre Derechos Humanos y Corrupción, producido por la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, en julio de 2015.

Compromiso contra la corrupción y el inversionismo político

El Partido Popular Democrático asume su responsabilidad y decide tomar acciones firmes para que su existencia política y su contribución social no se vea comprometida por el inversionismo político y la corrupción.

Las instituciones públicas de Puerto Rico han pagado un precio muy alto por años de una cultura de tolerancia a la corrupción y un consentimiento dependiente del inversionismo político. Tenemos el deber de actuar con firmeza y valor para erradicar esta lacra de la vida política y devolver con acciones la confianza en la política a tantos que la han perdido y anhelan dejar atrás a la casta que ha convertido la palabra “política” en una mala palabra, despojándola de su inherente condición de servicio.

Para devolverle al país la confianza perdida, asumimos un firme compromiso en contra de la corrupción, la impunidad y el inversionismo político, para lo que adoptaremos las siguientes iniciativas:

Transparencia en el Financiamiento de Campañas Políticas- Cero Tolerancia al Inversionismo Político y Financiamiento Público.

i. Fortalecer la independencia de la Oficina del Contralor Electoral y asignarle un presupuesto adecuado para que pueda llevar a cabo sus auditorías y funciones de fiscalización de forma oportuna y efectiva.

ii. Disponer que en cada actividad de recaudación de fondos esté presente un funcionario de la Oficina del Contralor Electoral.

iii. Disponer por Ley que todos los informes presentados serán auditados por la Oficina del Contralor Electoral, en términos breves, destinando para ello la tecnología adecuada y necesaria.

iv. Enmendar la legislación electoral para prohibir los donativos en efectivo.

v. Aumentar las sanciones penales para todo servidor público que solicite o acepte donativos políticos de contratistas o personas reglamentadas.

vi. Legislar para el financiamiento público de las campañas políticas, con legislación similar a la “Ley de Dinero Limpio”, presentada durante el cuatrienio 2001-2004, dando la opción a los candidatos de escoger entre financiamiento público o financiamiento privado.

Reglamentación del cabildeo ante instituciones y funcionarios públicos.

i. Establecer inicialmente mediante Orden Ejecutiva y luego mediante legislación la creación de un verdadero Registro de Cabilderos y representantes de entidades ante la Rama Ejecutiva en donde se obligue a divulgar el nombre de la empresa que representa, se someta un registro de reuniones y el propósito de la misma, y se divulgue los ingresos recibidos y la procedencia de los mismos. Todo bajo juramento.

ii. Someter legislación para prohibir la práctica del pago a cabilderos, representantes de entidades o proponentes que gestionen contratos o asignaciones de fondos públicos a través del mecanismo de honorarios contingentes o “successful fees” que envuelvan porcientos de ganancia usando fondos públicos. Esa práctica constituirá apropiación de fondos públicos.

iii. Someter legislación para establecer normas para regular que los cabilderos y/o representantes de entidades que gestionen legislación ante la Asamblea Legislativa o la Rama Ejecutiva no puedan organizar o comprar boletos de actividades de recolección de fondos políticos durante los periodos en que cualquier medida o propuesta esté bajo consideración de adjudicación y durante la sesión legislativa y solamente podrán hacer contribuciones individuales dentro de los límites establecidos en ley.

iv. Mediante legislación se prohibirá que entidades privadas reciban regalías, pagos de bonificaciones, descuentos y beneficios de valor que sean producto del uso o inversión de fondos públicos asignados que no sean previamente aprobados. La Oficina del Contralor ya ha expresado que dichos beneficios tienen que revertir al gobierno de Puerto Rico.

v. Mediante Orden Ejecutiva inicialmente y luego mediante legislación, se establecerá una reglamentación específica y restrictiva sobre la forma en que los funcionarios públicos puedan recibir visitas o reuniones de proponentes o cabilderos sobre proyectos o presentaciones y las mismas, como norma general, se deberán llevar a cabo en facilidades públicas y en horas laborables. En caso de que por alguna razón sea menester realizar la reunión fuera de las facilidades físicas o del horario establecido, deberá requerir una autorización escrita de su supervisor exponiendo las razones para ello.

vi. Se establecerá por Orden Ejecutiva y luego por ley que un mecanismo de divulgación y solicitud de consulta para posible inhibición para los funcionarios que tengan el poder de adjudicar subastas y/o procesos de licitación mandatorios si existe una amistad personal o de relación profesional previa con un proponente o cabildero. Las guías a utilizarse para esta reglamentación serán similares a las que aplican para la Rama Judicial en la asignación de casos a los jueces.

vii. Se establecerá por Orden Ejecutiva que en caso que un funcionario público que adjudica subastas o procesos de licitación y por las razones extraordinarias tenga que interactuar con un proponente o cabildero que tiene sometido algún proyecto o propuesta y la misma está siendo evaluada en ese momento, el funcionario deberá costear de su pecunio cualquier gasto relacionado a desayunos, almuerzos, cenas, bebidas, boletos de actividades o cualquier otro gasto que pueda interpretarse como una apariencia de conflicto de intereses.

viii. Se presentará legislación a los fines de requerir a las firmas independientes de contadores públicos autorizados que auditan anualmente los estados financieros de contratistas, proveedores del gobierno, entidades con o sin fines de lucro u organizaciones que obtengan pagos de servidores públicos, que reciben fondos públicos o administran bienes públicos, a los fines de realizar pruebas de validación para constatar que no han pagado regalías. Eso incluirá cualquier compañía subsidiaria, afiliada o relacionadas. Igualmente se fortalecerán los procesos de auditorías electrónicas. Ésta es una propuesta de la Oficina del Contralor.

Apoyo a las Instituciones Fiscalizadoras del Gobierno

i. Asignar los recursos que la Oficina del Contralor estime necesario para poner en vigor de inmediato la disposición de la Ley Federal PROMESA que exige que todos los contratos del Gobierno sean registrados en dicha Oficina y una base de datos esté disponible para el público en general.

ii. Fortalecer la autonomía e independencia de la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor y la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente y asegurar que sus respectivos presupuestos no puedan ser reducidos.

iii. Prohibir que los miembros del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente puedan tener contratos gubernamentales, excepto para fungir como profesores en la Universidad de Puerto Rico.

iv. Viabilizar que los ciudadanos puedan presentar querellas juramentadas sobre alegaciones de infracción de delitos de la competencia del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente directamente ante dicha Oficina, y establecer la efectiva colaboración con el Departamento de Justicia.

v. Revisar la Ley de Ética Gubernamental para restringir o limitar aún más la contratación de parientes, establecer tal acción como delito, establecer claramente la nulidad de las transacciones y la devolución de dinero pagado en salarios o contratos en contravención a la prohibición de nepotismo.

vi. Elevar a rango de Ley el Instituto de Gestión, Gerencia y Presupuesto “Roberto De Jesús Toro” de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para que pueda viabilizar cualquier recomendación de la Junta de Control Fiscal dirigida a fortalecer la capacitación del personal en áreas de estabilidad financiera y responsabilidad administrativa, lo que incluirá a los jefes de las agencias.

vii. Llevar a cabo una revisión integral del Código Penal de P.R., respecto a los delitos contra la función pública, en colaboración y con el asesoramiento de los integrantes de la Cumbre Anticorrupción integrada por la Oficina de Ética Gubernamental, Departamento de Justicia, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, y el Departamento de Justicia Federal – FBI y Fiscalía Federal; y de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico y el Contralor Electoral.

viii. Crear una Unidad Especialidad Anticorrupción en el Departamento de Justicia- integrando la Oficina de Asuntos del Contralor y la División de Integridad Pública- con fiscales de experiencia y de reconocida probidad moral para procesar casos de corrupción referidos por las unidades de auditoría interna, la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la Oficina de Ética Gubernamental, el Panel del Fiscal Especial Independiente, el Contralor Electoral, las agencias federales, la Junta de Control Fiscal y las denuncias ciudadanas. Los fiscales tendrán un nombramiento por un término no menor de 16 años.

ix. Apoyar la iniciativa de la Cumbre Anticorrupción integrada por la Oficina de Ética Gubernamental, el Departamento de Justicia, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, y el Departamento de Justicia Federal – FBI y Fiscalía Federal.

x. En colaboración con la Rama Judicial crear Salas Especializadas en Delitos contra la Función Pública; y promover un currículo amplio en la Academia Judicial dirigido a especializar a jueces y juezas en delitos contra la función pública y su correlación con el crimen organizado y el lavado de dinero.

xi. Presentar legislación para enmendar la Ley Electoral a los fines de extender la jurisdicción de la Junta de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que pasa juicio sobre los anuncios del Gobierno para todo el cuatrienio.

Participación Ciudadana en la Lucha Contra la Corrupción

i. Apoyar y promover Observatorios Ciudadanos de Transparencia con la siguiente misión:

Investigar, analizar y evaluar las decisiones y políticas públicas en materia de transparencia y anticorrupción de las tres Ramas de Gobierno.

  • Ofrecer a la ciudadanía información, instrumentos y mecanismos que le permitan vigilar la actuación del Estado, observar y analizar las políticas públicas e incidir en ellas.
  • Brindar una herramienta a las instituciones del Estado para el fortalecimiento de la institucionalización de la transparencia y la anticorrupción.
  • Evaluar las iniciativas enmarcadas en Alianzas Público-Privadas desde una óptica de la ética y legalidad; e incidir en una cultura de corrección.

ii. Establecer un sistema de recompensa para los ciudadanos que denuncien la corrupción y cuya colaboración resulte en la penalización de la conducta ilegal.

iii. Crear el Consejo Asesor para la Transparencia, adscrito a la Oficina del Gobernador, integrados por representantes del sector empresarial, ciudadanos de reconocida reputación y prestigio representativo de todas las tendencias políticas y miembros de la academia con el rol de asegurar una política de estado integral, coherente y efectiva en la prevención de la corrupción.

Ética, Transparencia y rendición de Cuentas

i. Prohibir la participación de los jefes de agencia, sub jefes, personal de confianza, miembros de juntas de subastas, auditores internos, oficiales compradores, y miembros de juntas de directores de corporaciones públicas en actividades políticas y de recaudación de fondos para los partidos políticos; establecer severas sanciones penales, éticas y disciplinarias en caso de infracción a esta norma.

ii. Exigir que todas las agencias divulguen transacciones de personal, de contratación y de compras en un portal electrónico con el apoyo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en armonía con los derechos garantizados por la Constitución y las Leyes.

iii. Aplicar la tecnología en los procesos de licitación y compras para reducir la oportunidad de contacto del personal de compras con los proveedores y limitar la discreción al momento de la adjudicación.

iv. Disponer por ley un sistema de rotación mandatorio para el personal responsable de las compras y miembros de juntas de subastas.

v. Llevar a cabo una revisión de la legislación anticorrupción a los fines de asegurar que el estado de derecho sea uno coherente y efectivo en el objetivo de combatir la corrupción. Se utilizará las recomendaciones brindadas por la Comisión de Derecho Civiles.

vi. Prohibir que personas que hayan violado la Ley de Ética Gubernamental por convicción de delito puedan ocupar cargos electivos o por nombramiento.

vii. Aprobar legislación para establecer procesos expeditos para la recuperación de activos obtenidos por transacciones o conducta corrupta.

viii. Ampliar la base de funcionarios públicos que rinden informes financieros ante la Oficina de Ética Gubernamental, en consulta con la OEG.

Contratación Gubernamental y PROMESA

i. Aprobar legislación a los fines de prohibir que ninguna persona o entidad que preste servicios profesionales al gobierno pueda contratar en exceso de 250,000 dólares anuales salvo certificación de necesidad emitida por la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

ii. Revisar la Ley de Contratación Uniforme a los fines de: (i) exigir la divulgación completa y bajo juramento previo a la contratación de los nombres de oficiales, incorporadores, accionistas y partes con interés económico de los entes jurídicos que hacen contrato con el Gobierno; (ii) declarar la nulidad del contrato ante información falsa brindada durante el proceso de contratación; (iii) establecer que ninguna persona natural o jurídica podrá hacer negocios con el Gobierno si la misma no tiene la experiencia documentada o licencias para prestar el servicio, (iv) exigir que toda entidad jurídica demuestre solidez financiera; (v) y exigir que los oficiales, accionistas e incorporadores tengan experiencia comprobada en las áreas de servicio a contratarse.

iii. Requerir que toda persona natural o jurídica que tenga contratos con el Gobierno participe de un sistema de educación continua en línea o presencial coordinador por la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor y la Oficina del Panel sobre el Fiscal Independiente.

iv. Promover una Ley Uniforme de Subastas que asegure la transparencia en los procesos de adquisición de bienes y servicios.

v. Mediante Orden Ejecutiva primero y luego mediante legislación, estableceremos un proceso mandatorio de que todo Resume que sea referido a un funcionario electo, nombrado, de carrera, de confianza o de cualquier tipo deberá referir el mismo, como primer paso, a la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos humanos (OCALARH), para que dicha oficina certifique si la persona cumple con los requisitos del puesto al que será considerado. Dicha oficina será el custodio de todos los resumes enviados y tendrá un registro de los mismos. Ningún jefe de agencia podrá proceder con nombramientos si el resume de esa persona no viene acompañado por la certificación de OCALARH.

vi. Mediante legislación se le ordenara a la Oficina de Ética Gubernamental que conjuntamente con la Asamblea Legislativa, la Rama Judicial y los municipios a que se establezca un Reglamento para regular la práctica de enviar cartas de recomendación de personas a base de consideraciones ajenas a las cualificaciones personales para puestos públicos o que generen trato preferencial en el proceso de reclutamiento.

Corporaciones sin fines de lucro

i. Presentar legislación para establecer controles fiscales sobre aquellas corporaciones con o sin fines de lucro que se crean con el propósito de promover el desarrollo de algún aspecto operacional de una entidad gubernamental o municipal y que reciba bienes o fondos provenientes de la entidad. Entre otras cosas, deberá estar sujeto a las auditorías de la Oficina del Contralor sobre los fondos públicos, mantener sistemas de contabilidad, financieros confiables y actualizados, someter informes financieros auditados periódicos. Asimismo, promulgar estándares de conducta ética dirigidos a evitar el conflicto de intereses.

ii. Presentar legislación a los fines de establecer que aquellas entidades con o sin fines de lucro que reciban asignaciones de fondos públicos, deberán certificar que los fondos públicos están siendo utilizados en al menos un 80% en servicios directos a la ciudadanía y que los salarios o beneficios de los ejecutivos o funcionarios de esas entidades, cuyos ingresos provean de los fondos públicos, deberán informar a la agencia concernida el monto del gasto de fondos públicos para ese propósito de forma que no se utilice de forma desproporcional a los propósitos de la asignación. Esta medida busca evitar el pago excesivo de salarios, beneficios y gastos administrativos de una entidad que recibe y usa los fondos públicos para esos propósitos. La implantó el Presidente Obama en las asignaciones y préstamos de recuperación a la industria automotriz y aeroespacial.

PARTIDO NUEVO PROGRESISTA (Ricardo Rosselló)
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P. 88

PLAN GERENCIAL ANTICORRUPCIÓN: CERO TOLERANCIA

La corrupción es un mal que afecta todos los niveles de nuestra sociedad. Ante las políticas públicas fallidas de pasadas administraciones en torno a la lucha en contra de la corrupción en Puerto Rico, nos encontramos con un problema serio y delicado. Estamos en uno de los peores momentos en el que la ciudadanía ha perdido la confianza en el Gobierno. Este mal socava la confianza del individuo en las instituciones y es susceptible de destruir el esfuerzo colectivo-grupal de una organización meramente por la conducta de uno de sus miembros.

La corrupción que más permea es la política, la cual puede tener diferentes variantes, pero todas se basan en el mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. Los tipos de corrupción más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio; además de los sobornos, el tráfico de influencias, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el quid pro quo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad y el despotismo. La corrupción facilita o desemboca a menudo en otro tipo de hechos criminales como el narcotráfico, el lavado de dinero y la prostitución, aunque no se restringe a estos crímenes organizados.

Puerto Rico tiene una tasa considerablemente alta de corrupción y mal uso de fondos públicos. La modalidad de corrupción más conocida en Puerto Rico es la que se da a través de sobornos entre una empresa privada y un funcionario público y donde usualmente median otorgamientos de contratos. La mayoría de los casos que han llegado a los tribunales y ciertamente los más notables, caen dentro de esta categoría. Pero la corrupción no solamente se da en el proceso de contratación de servicios y lo más probable es que muchos actos corruptos nunca son conocidos. Aunque la corrupción tiende a asociarse con transacciones de dinero, las transacciones monetarias son solo una expresión de ciertos actos de corrupción donde está de por medio el uso de propiedad pública y fondos del gobierno.

La lucha en contra de la corrupción será prioridad de nuestra administración, aumentando los esfuerzos para encausar efectivamente a todos los individuos o entidades involucrados en esta práctica, pero a su vez, manteniendo una visión que permita implantar medidas preventivas en esta lucha.

Estableceremos un modelo que integre los recursos disponibles y que sea sostenible para un nuevo gobierno funcional. Nuestro enfoque es la prevención y a su vez, atacar y corregir las diferentes clases de corrupción, con el propósito primordial de erradicarla y en consecuencia, devolverle la confianza al pueblo de Puerto Rico, implementando un nuevo sistema de gobierno de cero tolerancia contra estos actos, teniendo como norte los valores, los principios y las mejores prácticas a nivel mundial.

Nuestros objetivos estratégicos son:

1. Cero tolerancia.
2. Prevención y disuasión.
3. Construcción de una ciudadanía educada y con un nuevo enfoque cultural.
4. Cultivar la confianza en el Gobierno de Puerto Rico.
5. Desarrollar planes de Riesgos y Mitigación.
6. Enfoque sistémico.
7. Formación y reformulación de valores.
8. Fortalecer organismos de control.
9. Procesamiento agresivo. Fortalecimiento de la Fiscalización y Control Interno.
10. Innovación Tecnológica en la Prevención y la lucha en contra de la Corrupción.
11. Integración y participación de personas no relacionadas al gobierno.
12. Planes a corto y largo alcance para atacar el problema de raíz.
13. Simplificar la estructura gubernamental y organizacional.
14. Transparencia de todo el gobierno.
15. Apoderamiento del servidor público

Nuestra meta es lograr un cambio cultural de cero tolerancia a la corrupción. Para lograrlo, es necesario implementar una serie de iniciativas que ataquen el problema desde distintos frentes: contratación de servicios, proceso y otorgación de subastas, compras, otorgación de permisos, resolución y adjudicación de controversias, en fin, todas las áreas del quehacer gubernamental. Debemos además, fomentar ese cambio cultural en la mente de todos los componentes del Gobierno, desde la persona que recibe el servicio gubernamental, el servidor público o contratista que brinda el servicio, los oficiales electos, los nombrados el Gobernador, hasta la Oficina del Gobernador mismo. Para ello hemos desarrollado varias iniciativas dirigidas a erradicar el mal de la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestra sociedad. Entre las iniciativas que constituyen pilares y que son indispensables para promover la ética y prevenir la corrupción, están las siguientes:

Cultura de Transparencia y Prevención de Corrupción

Provocaremos un cambio cultural en la sociedad puertorriqueña. Fomentaremos una política pública enfocada en la educación y reforzando valores como la honestidad, dignidad, compromiso, responsabilidad, respeto, empatía, sensibilidad, solidaridad, igualdad y justicia. Estos valores serán compartidos por todas las instituciones públicas y funcionarios, unidos al sector privado. Es necesario trabajar en la promoción de buenas conductas y valores que contribuyan y fortalezcan la sana convivencia de la población y acabar con el inversionismo político. El modelo de prevención de corrupción y transparencia dictará la política pública de nuestra administración la cual se caracterizará por ser universal, especializada, clara, transparente, eficiente y efectiva. Este modelo es parte del nuevo gobierno que estableceremos, promoviendo controles, prevención y auditoría con el fin de contribuir a la sana convivencia ciudadana. El Gobernador comenzará dando el ejemplo, como sabemos, la Oficina del Gobernador ha sido señalada por malos manejos de sus propiedades, tales como palcos, casa de playa, entre otros. En nuestra administración, el Gobernador dispondrá de esas propiedades para que rindan un servicio directo y provechoso al Pueblo. Serán utilizados para fines educativos, artísticos, diplomáticos, culturales y turísticos.

Detección temprana

Con este modelo se busca la educación, capacitación y detección temprana para evitar los posibles actos de corrupción en el sector público, así como en el privado. Para desalentar y combatir este problema debe ser enfocado desde la perspectiva multidisciplinaria, por lo que desarrollaremos una unidad dedicada al estudio continuo de áreas propensas o de alta incidencia de corrupción en las distintas ramas del gobierno. El apoyo técnico y fiscal juega un papel importante en modernizar y mejorar la habilidad del gobierno en combatir efectivamente la corrupción. Por lo que se debe incluir la tecnología en los procesos.

Armonización de entes reguladores

Conociendo la existencia de lagunas y desfases entre las leyes habilitadoras de los entes fiscalizadores es necesario la revisión de estas y armonizar las mismas, además de presentar leyes que permitan el fácil acceso a los servicios del Gobierno.

Código de Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico

Estableceremos una nueva ley para crear un código que recoja la política pública del gobierno en torno a la corrupción. Es imperante que se recojan en un mismo documento de manera clara y universal las medidas que se estarán tomando para la sana, confiable y transparente administración gubernamental. Un mensaje claro de que la corrupción no será permitida y que serán encausadas y penalizadas todas las personas que cometan actos corruptos.

Oficina de Prevención de Corrupción y Transparencia

La creación de un organismo adscrito a la Oficina del Gobernador, encargado de la implementación de la política pública anticorrupción. Esta oficina estaría coordinando y maximizando la gestión, esfuerzos y recursos de los organismos encargados de trabajar en contra de la corrupción. Evitando la duplicidad de servicios y choques entre estos entes. Esta oficina estaría velando por la autonomía de cada una de las oficinas fiscalizadoras existentes, siendo proactiva en todas sus gestiones y fomentando que todas las agencias concernidas lo sean. Trabajaremos de la mano con la Oficina de Ética Gubernamental, Oficina del Contralor y el Departamento de Justicia para la pronta detección de violaciones a la ley y fortaleceremos la inmediatez en los procesos para evitar el encubrimiento y la impunidad. Desarrollaremos una cultura de compromiso, cumplimiento y consecuencias. Crearemos un comité independiente, compuesto por ciudadanos, el cual fungirá como organismo investigativo con facultad para referir al Departamento de Justicia violaciones de ley, delitos que no hayan prescrito, corruptos, corruptores y corruptibles, a los fines de garantizar que no habrá impunidad y comenzar a crear una cultura de voluntad y consecuencias en contra de la corrupción.

Selección de oficiales electos y nombrados por el Gobernador

Estableceremos un proceso metódico para la selección de los secretarios y jefes de agencia y asesores y ayudantes del Gobernador, que incluya evaluaciones estandarizada y periódicas durante el cuatrienio. Los oficiales electos deberán comprometerse y ser proactivos en la prevención, detección y notificación de actos de corrupción.

Investigación

Auspiciaremos iniciativas de investigación científica de la academia y organizaciones no gubernamentales que aporten al proceso de prevención y detección temprana de la corrupción. Aumentaremos los recursos en el Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental, destinados a ampliar la lucha en contra la corrupción. A su vez, toda contratación gubernamental será evaluada por la Oficina del Gobernador para asegurarse el cumplimiento con las disposiciones aplicables.

Protección para las personas que denuncien actos de corrupción

Fortaleceremos el programa de “whistleblowers”, en vías de proteger de represalias a los empleados públicos, y cualquier otra persona, que denuncien actos de corrupción. Mejoraremos y monitorearemos los mecanismos para recibir información de los servidores públicos sobre posibles actos de corrupción.

Capacitación para los jefes de agencia

Ampliaremos la capacitación obligatoria ofrecida a los servidores públicos sobre la ética gubernamental y la sana administración de los recursos públicos, especialmente a los secretarios y jefes de agencia.

Revisión de financiamiento de campañas

Revisaremos la ley para el finaciamiento de campañas políticas para insertar medidas que ayuden a desalentar el inversionismo político, mientras se respeta el derecho de libertad de asociación y el espacio democrático de las minorías.

Oficina del Inspector General

Reinstituiremos la Oficina del Inspector General, la cual será un ente independiente y fiscalizador. El mismo trabajará de manera proactiva, con absoluta imparcialidad y objetividad, asegurando el buen desempeño de una labor fiscalizadora y eliminando el riesgo de la falta de independencia de criterio, objetividad y posible conflicto de interés al realizar las investigaciones. La Oficina se encargará de medir la eficiencia y efectividad de las agencias gubernamentales con el propósito de tomar medidas preventivas ante un posible escenario de actividades corruptivas. El enfoque principal de la Oficina será la prevención, investigación sobre fraude, auditorías, integridad pública, auditorías federales, auditorías en sistemas de información, rea de evaluación y prevención, junto a cualquier otro delegado. Debido a la naturaleza sensitiva de sus funciones, la Oficina tendrá autonomía operacional e independencia del resto de las agencias, departamentos y agencias gubernamentales. La Oficina tendrá acceso a toda la información y a los documentos relacionados al presupuesto y a las operaciones de todas las agencias gubernamentales.

Transparencia Total (Freedom of Information Act criollo)

El Gobierno ha demostrado que no puede cumplir con sus obligaciones de proveer fácil acceso a la información pública. Se ha estudiado y comprobado que una mayor transparencia gubernamental genera múltiples beneficios incluyendo una disminución de los niveles de corrupción y un mayor desarrollo económico. La transparencia gubernamental consiste en un acceso fácil, eficiente, consistente y confiable a la información pública, ya sean datos o documentos. Aunque, la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico, según enmendada, data desde el 1955, al día de hoy se continúan litigando y resolviendo casos en contra del Gobierno para lograr su plena implementación.

A estos efectos, se aprobará e impulsará una nueva ley de acceso a la información pública y liberaremos la información financiera y operacional. Su implementación será coordinada de manera centralizada para todo el gobierno, incluyendo las corporaciones públicas y los municipios. Lograremos la digitalización y publicación en líneas de todos los documentos y trámites públicos. Además, promoveremos un gobierno 100% digital en cuatro (4) años, incluyendo un nuevo sistema financiero y de recursos humanos que integre a todas las agencias del gobierno. Lograremos plena divulgación pública de los datos gubernamentales. La transparencia gubernamental impulsa el desarrollo económico y es esencial para evitar la corrupción. Además, publicaremos las proyecciones del gobierno y mantendremos al pueblo informado sobre planes, progreso y resultado de promesas de campaña, obras en proceso, entre otros. Buscaremos atraer al pueblo de Puerto Rico en el quehacer gubernamental y ganar nuevamente la confianza del pueblo.

Externalizar la Rendición de Cuentas

Estableceremos una entidad sin fines de lucro que evalúe el impacto financiero de toda medida y reporte las métricas de desempeño. Ante los efectos nefastos en la economía, el crédito de Puerto Rico y frente a un gobierno que oculta su información financiera, aumentaremos la transparencia total en la data gubernamental, externalizando su función de publicar los datos públicos y estableciendo una política pública de “libros abiertos y cuentas claras”. Es crítico conocer al pueblo para poder tomar las mejores decisiones de política pública. Las métricas y los datos son parte importante de ese análisis, pero vivimos en un Puerto Rico donde las métricas no son confiables o no existen y en nuestro gobierno eso cambiará. Externalizaremos los datos, para que estén al día, que sean accesibles a todos y tengan credibilidad. La externalización de transparencia y el acceso a datos y documentos públicos con rendición de cuentas serán fundamental en nuestra administración. La transparencia gubernamental genera un sinnúmero de beneficios incluyendo una disminución en los niveles de corrupción y un mayor desarrollo económico.

Maximización de la tecnología para identificar posibles conflictos éticos

Los sistemas mecanizados permiten eliminar errores que se cometen por la simple intervención del ser humano, por eso es necesario el uso de la tecnología para minimizarlos o eliminarlos. La tecnología también permite identificar de forma automática ciertas transacciones para que sean traídas a la atención de la persona correspondiente cuando ocurran. A manera de ejemplo, un sistema automatizado puede identificar cuando se le hayan realizado a una subasta cambios en ordenes que sobre pasen el 10% del precio subastado, otros ejemplos son: contratación de un familiar, contratación de una persona que haya donado en la campaña, cuando una persona sobrepase el límite de donaciones anuales, cuando un exfuncionario público sea contratado en un periodo menor al dispuesto por ley nuevamente por el Gobierno, entre otros tantos ejemplos. La información se encuentra disponible en distintas fuentes del Gobierno. A mediano plazo nos proponemos el desarrollo de un sistema que obtenga información de distintos sistemas y fuentes gubernamentales y la correlacione para poder identificar de forma automática de las situaciones antes mencionadas.

Transformación del Sistema de Compras del Gobierno

El nivel de gasto en la compra de bienes y servicios por parte del gobierno es excesivo. La falta de planificación estratégica en torno a dichas compras y contrataciones limita las oportunidades para atender este problema. No existe aún un medio efectivo de medición y análisis de datos que permita generar informes adecuados sobre los bienes adquiridos y los servicios contratados por parte del Gobierno de Puerto Rico. Otro problema es la existencia de sobre 188 reglamentos de compras gubernamentales. La falta de rendición de cuentas y supervisión adecuada, así como la falta de tecnología, transparencia y uniformidad en los procesos, hacen el terreno fértil para que la corrupción y malversación de fondos se generalice sin tener mayores consecuencias.

Para atender esta seria problemática, proponemos un nuevo modelo para la compra de bienes y servicios por parte del gobierno, enmarcado dentro de los principios de transparencia, uniformidad y sana competencia. Reformaremos el proceso de compras de bienes y servicio del gobierno y lo convertiremos en una herramienta de desarrollo económico. Propondremos legislación para uniformar el marco jurídico del proceso de compras, subastas formales, revisión judicial y resolución de querellas. Simplificaremos la estructura reglamentaria de manera que estimule la participación de nuevos licitadores y permita fiscalizar efectivamente el proceso de compras en todas sus vertientes. Utilizaremos los avances tecnológicos para crear un innovador y nuevo sistema que enlace el proceso de compras gubernamental con el presupuesto. La nueva plataforma tecnológica utilizará las mejores prácticas administrativas con el objetivo de lograr economía procesal, controlar el gasto público y obtener mejores ofertas. Estableceremos un programa centralizado de administración de datos, reportes y estadísticas relacionadas con compras, subastas y contrataciones de las agencias. Implementaremos un programa de capacitación especializado en adquisiciones gubernamentales para servidores públicos con funciones relacionadas a la adquisición de bienes y servicios. Implantaremos un sistema de controles internos y fiscalización centralizada mediante tecnología que velará por el cumplimiento de las garantías mínimas procesales que habrán de aplicar en todo el Gobierno. En la medida que se adopten normas administrativas uniformes con un conjunto de mejores prácticas de compras y contratación, acompañadas de garantías procesales de participación que les sirvan a los licitadores con operaciones sustanciales en Puerto Rico activar reclamaciones en foros especializados, se devuelve la confianza en el sector público, a la vez que aportamos a la meta de una sana administración pública.

Respondabilidad.

El nuevo sistema tendrá mecanismos de respondabilidad para todos los funcionarios a cargo de los procesos de compra en caso de incumplimiento u omisión, y la identificación de posibles situaciones de conflicto automática, con un protocolo de pesos y contrapesos estricto que dificulte la manipulación de los procesos.

PARTIDO INDEPENDENTISTA PUERTORRIQUEÑO (María de Lourdes Santiago)
Programa de gobierno 

Sección: Reforma Gubernamental

INTRODUCCIÓN

La ciudadanía ha perdido la fe en sus instituciones gubernamentales y percibe que el interés partidista y el ánimo corrupto de lucro personal (que se acompaña del inversionismo político), manipulan al monstruo gubernamental. La vocación de servicio desinteresado, la integridad, la ética y la pulcritud en la administración de la cosa pública, se plantean como aspiraciones utópicas.

El Gobierno de Puerto Rico se caracteriza por una burocracia lenta e inefectiva, incapaz de ofrecer los servicios que la ciudadanía merece y espera. Bajo distintas administraciones, se ha engañado al pueblo con estrategias de supuestas reorganizaciones gubernamentales que no se han orientado a la integración eficiente de funciones, sino en la creación de estructuras que sólo persiguen perpetuar el partidismo como criterio para la obtención de empleo en el sector público. El resultado ha sido el entronizamiento de la mediocridad y la ineficiencia, que luego son utilizados convenientemente por el PNP y el PPD para invocar la privatización de los servicios como respuesta a todos los males de las agencias, municipios y corporaciones públicas.

Como manifestación concreta de esa propuesta, se materializaron recientemente las alianzas público-privadas por medio de las cuales el gobierno, en detrimento del interés público, claudicó al ejercicio de funciones y a la prestación de servicios gubernamentales intransferibles e indelegables. Las llamadas alianzas público-privadas, han promovido que el fisco subsidie la ganancia privada. Todas las políticas de privatización a las que nos tienen acostumbrados tanto el PNP como el PPD, han contribuido invariablemente a la dilapidación del tesoro público y al correlativo enriquecimiento de los intereses económicos privados.

ACCIÓN GUBERNAMENTAL
COMBATE A LA CORRUPCIÓN GUBERNAMENTAL

Durante los últimos años se ha evidenciado un escandaloso incremento en la corrupción gubernamental, tanto en el Gobierno de Puerto Rico como en los Gobiernos municipales. Este fenómeno involucra la fe y la confianza pública, la integridad y la transparencia, independientemente de si los beneficios del saqueo provienen de fondos públicos o privados. Lo importante es que al final del camino la factura la paga el fisco, es decir, el Pueblo. El fenómeno no responde únicamente a la presencia de individuos inmorales que actúan criminalmente contra el interés público. Se debe además a defectos estructurales en la administración pública. Por un lado, hay ausencia de procesos efectivos de auditoría y procesamiento de casos de personal corrupto. Además, no se le da publicidad a los procesos gubernamentales en que se da la mayor corrupción, por ejemplo en los procesos de subastas, otorgación de permisos y licencias y en la excesiva y discriminatoria contratación de servicios profesionales.

El mismo proceso político propende a la corrupción. En las últimas décadas han aumentado descontroladamente los gastos de las campañas políticas. Esto lleva a los políticos inescrupulosos a actividad ilegal para allegar suficientes fondos para cubrir los elevadísimos costos de una campaña política.

En buena medida, la corrupción imperante ha salido a la luz pública como resultado de la labor fiscalizadora realizada por el PIP en cuatrienios pasados. Pero no basta con disponer de voces fiscalizadoras que denuncien efectivamente el problema. Se requieren medidas legales vigorosas que sirvan efectivamente para procesar y castigar a los corruptos.

El apoyo del pueblo al PIP resultará en la implantación de las siguientes medidas:

  1. Enmendar la ley que creó el Registro de Personas Convictas por Corrupción de manera que sean más abarcadoras las prohibiciones dispuestas en ella. Actualmente, la ley sólo prohíbe que las personas convictas por actos de corrupción, aspiren u ocupen cargos electivos o puestos en el servicio público. El PIP, propondrá enmiendas al estatuto de suerte que el registro, recopile y publique además la información relacionada a las corporaciones (sus accionistas, oficiales o directores); y contratistas, que hayan sido convictos en el contexto de imputaciones de corrupción gubernamental. En conjunción con el Registro de Personas Convictas por Corrupción, deberá adoptarse legislación para impedir (y convertir en ilícita), la contratación entre el gobierno y las personas o entidades inscritas en el registro y la contratación entre el gobierno y cualquier persona o entidad que sirva como parapeto, subterfugio o alter ego, en beneficio de alguna persona o entidad inscrita en el registro.
  2. Crear el cargo de Procurador de la Integridad Pública como ente especializado en la fiscalización de las transacciones y contrataciones en el gobierno. La oficina del Procurador de la Integridad Pública tendrá, amplias facultades para el logro del procesamiento, tanto en la esfera civil como criminal y administrativa, de todos los funcionarios públicos y personas privadas que transgredan en el contexto de transacciones gubernativas, disposiciones reguladoras del comportamiento ético.
  3. Fortalecer los poderes de la Oficina de la Contraloría de Puerto Rico, otorgándole la facultad y asignando los recursos humanos y materiales necesarios para el procesamiento criminal del personal corrupto del Gobierno de Puerto Rico y de los gobiernos municipales. De esta manera evitaremos que sea el Panel del Fiscal Especial Independiente, controlado por el partido en el poder, el que tenga la discreción para procesar criminalmente a personas corruptas dentro del gobierno.
  4. Crear el cargo de Auditor Municipal, adscrito a la Asamblea Municipal. Este funcionario debe mantener con la Asamblea el tipo de relación que existe entre la Oficina del Contralor y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, es decir, que no responda al ejecutivo municipal, sino al cuerpo legislativo, para poder fiscalizar efectivamente la labor ejecutiva. Esto facilitará unas finanzas más claras en cada municipio.
  5. Disponer por Ley que se le dé publicidad a los procesos de subasta y a la contratación de servicios profesionales incluyendo procesos ulteriores de cambios de orden, tanto por medios escritos como por la vía electrónica.
  6. Reducir al mínimo la contratación de servicios profesionales y establecer como requisito para la contratación de servicios profesionales que mediante criterios objetivos se determine previamente la necesidad del servicio a contratarse y la ausencia de personal capacitado en el servicio público para prestarlo.
  7. Utilizar la pena de confiscación de todas las propiedades relacionadas directa o indirectamente con los bienes apropiados ilegalmente.
  8. Limitar los gastos de las campañas políticas de los partidos y los candidat@s y proveer que el financiamiento de las mismas sea exclusivamente de fondos públicos.

Sección: Reforma Legislativa

9) Aprobar leyes especiales adicionales para proteger a los testigos e informantes que acudan ante cualquier miembro de la Asamblea Legislativa o ante sus comisiones para denunciar la violación de leyes y reglamentos y para denunciar actos de corrupción.

Sección: Reforma Municipal

Gran parte de la gestión pública en el país está en manos de los gobiernos de los diversos municipios. Sin embargo, no existen suficientes mecanismos de control que aseguren la eficiencia gerencial y administrativa, prevengan la corrupción y permitan la fiscalización efectiva de la gestión municipal por la ciudadanía y por los partidos de minoría.

La situación se ha complicado aún más por la aprobación de la Ley de Municipios Autónomos de 1991, que incrementó las funciones y áreas de competencia municipal, sin las precauciones debidas. Tal legislación ya ha resultado en más politización, ineficiencia, corrupción y descontrol. Lejos de promover la descentralización y la “autonomía municipal”, ese estatuto ha provocado un grado mayor de dependencia del Gobierno central. Sólo los municipios grandes, de suficientes recursos económicos, han podido aprovechar las posibilidades bajo la nueva ley, mientras que los municipios pequeños no cuentan con el personal, ni el adiestramiento, ni los recursos económicos para comenzar a reorganizar sus estructuras gubernamentales. En consecuencia, la llamada reforma municipal ha polarizado la relación entre los municipios grandes y los municipios pequeños.

Es preciso iniciar una verdadera reforma municipal que garantice la democratización y despolitización de la gestión del gobierno municipal, la mayor eficiencia gerencial y administrativa, la mayor protección contra la corrupción y la mayor participación fiscalizadora de la ciudadanía y los partidos de minoría.

PARTIDO DEL PUEBLO TRABAJADOR (Rafael Bernabe)
Programa de gobierno

Sección: Una respuesta inmediata a la crisis fiscal

[…]

Por otro lado, se malgastan los fondos públicos en lujos innecesarios, asesorías fantasmas, derroches publicitarios. Políticos corruptos reciben a diario favores de empresas que luego sobrefacturan al gobierno por sus servicios. Se calcula que esa sobrefacturación aumenta en cerca de 25% los pagos del gobierno a dichas empresas. Entre contratistas millonarios y políticos corruptos nadie sabe cuántos fondos se le roban cada año al pueblo de Puerto Rico y se convierten en fortuna privada de unos pocos.

Además de la renegociación habilitante de la deuda, la crisis fiscal hay que atacarla por todos lados: el lado de los recaudos, el de la evasión, el de las deudas y por el lado de los gastos innecesarios y la corrupción.

  1. Proponemos una reforma contributiva que elimine los privilegios de las grandes empresas y les imponga la responsabilidad contributiva que hasta el presente han evitado o evadido. A tales efectos, como parte del plan de reconstrucción que se discute en el siguiente apartado, impulsaremos una revisión de las actuales leyes de exención contributiva y los decretos vigentes de exención contributiva de manera que cumplan su fin de estimular la expansión económica mediante la creación de más puestos de trabajo y mejor remunerados. A tales efectos, como parte del plan de reconstrucción que se discute en el siguiente apartado, impulsaremos una revisión de las actuales leyes de exención contributiva y los decretos vigentes de exención contributiva.
  2. Favorecemos un sistema contributivo progresivo: reduciremos al mínimo los impuestos regresivos (como los impuestos de venta, el IVU), que caen con mayor fuerza sobre los sectores de más bajos ingresos.
  3. Favorecemos la imposición de un impuesto especial a las grandes cadenas comerciales para contribuir a la restauración de los centros tradicionales urbanos y la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas.
  4. Favorecemos revisar las contribuciones a la propiedad inmueble para actualizar los costos, fijar exoneraciones razonables y asegurar la progresividad del impuesto.
  5. Proponemos que en lugar del cierre de plazas y despidos, se dote al Departamento de Hacienda del personal y los medios necesarios para erradicar la evasión, cobrar las deudas millonarias pendientes y asegurar el recaudo.
  6. Proponemos combatir la evasión y la cultura de la evasión. Crearemos mecanismos efectivos de detección de ingresos y control de la evasión y delincuencia contributiva. Como ha señalado el Secretario de Hacienda, tan sólo cerca de 12 mil personas declaran ingresos de más de $150 mil dólares. Esto es muestra de un ocultamiento masivo de ingresos por parte de los sectores más adinerados. Combatir la cultura de la evasión conlleva terminar la campaña de desprecio de lo público que ha acompañado y acompaña las políticas de privatización y que convencen a la gente de que la aportación a lo público es un malgasto. Es necesario demostrar en la práctica que vale la pena tributar por los servicios que se reciben. Esto se enlaza con la propuesta de reforma gubernamental.
  7. Proponemos una reducción radical de los gastos publicitarios, la eliminación de asesorías fantasmas, dietas, recepciones, homenajes, automóviles y demás privilegios de directores de agencia y legisladores (ver también Sección VIII de este programa). Los choferes y otros empleados deben trasladarse a otras funciones, sin pérdida de sus derechos.
  8. Promoveremos la creación de Juntas de evaluación de contratos con representación ciudadana encargadas de fiscalizar las transacciones entre el gobierno y los contratistas privados.
  9. Promoveremos una campaña agresiva para sacar a la luz la corrupción y el malgasto, democratizaremos la gestión del servicio público con la participación del pueblo trabajador y el consumidor. Incluiremos la creación de comités de trabajadoras y trabajadores y usuarias y usuarios en cada agencia con poderes de indagación y protección adecuada para los que denuncien prácticas corruptas o el uso indebido de recursos.

Sección: Transparencia en la gestión pública

No puede haber democracia verdadera si el pueblo no tiene toda la información relevante para tomar sus decisiones. Una verdadera transparencia en la gestión gubernamental nos permitirá tomar decisiones acerca de las finanzas públicas a la vez que evitamos la corrupción y adjudicamos responsabilidades a los corruptos.

Es inexcusable que con las herramientas tecnológicas existentes los ciudadanos no tengamos un acceso inmediato y libre a la mayoría de los datos públicos. Reclamamos el derecho ilimitado fiscalizar la gestión gubernamental y a participar de manera informada en todas decisiones que nos afectan.

El PNP y el PPD obstruyen todo movimiento en esa dirección. Mantienen obstáculos procesales al acceso a la información pública que son insalvables para la mayoría de los ciudadanos. La garantía de acceso a la mayoría de la información pública todavía requiere los recursos de un interés periodístico comercial, o los de un grupo independiente organizado y con recursos económicos. Parte de la premisa de que el peticionario sabe que la información existe. No obliga al Estado a divulgar su existencia.

La información pública debe ser accesible a todos sin necesidad de ser solicitada por conducto de procedimientos burocráticos, legales, ni por intermediarios. Debe estar accesible por Internet en formatos de datos abiertos, claramente definidos y en la forma más accesible posible. Todos los ciudadanos debemos tener libre acceso a los datos sin filtrar para que podamos hacer nuestros propios análisis e interpretaciones.

Sección: El primer año del gobierno del PPT

La transformación social, económica, ambiental y política que Puerto Rico necesita será un proceso largo. Pero los procesos largos pueden y deben iniciarse de manera firme, audaz y decidida. Durante el primer año de su gobierno el PPT elaborará y presentará los siguientes proyectos de ley que iniciarían esa transformación abarcadora que el país necesita:

1. Proyecto de ley para realizar una auditoría ciudadana de la deuda y lograr la anulación de deudas ilegítimas por razón de ilegalidad, inconstitucionalidad, corrupción y otras causas.

El organismo de auditoría de la deuda creado por la legislatura, a pesar de sus valiosas aportaciones, no corresponde al modelo de una auditoría ciudadana de la deuda. Proponemos legislación para crear una auditoría con amplia representación del país sindicatos, cooperativas, organizaciones profesionales y expertos internacionales, según el modelo de la comisión de la deuda griega. El proyecto también establecerá como política pública que el gobierno de Puerto Rico considerará nula la parte de la deuda que se demuestre que es ilegítima y llevará esos planteamientos a todos los foros pertinentes.

[…]

12. Proyecto de reforma del financiamiento de campañas electorales

Queremos eliminar las aportaciones privadas, fuentes de corrupción y desigualdad y queremos reducir a lo necesario los gastos públicos. Podemos proponer una cantidad en efectivo reducida para la elaboración de anuncios, programas y de horas en radio, TV y prensa, materiales de impresión y sonido, que se combinen con debates frecuentes entre los candidatos.

[…]

23. Proyecto de ley para la creación de un cuerpo electo de supervisión y atención de querellas referentes al desempeño de la Policía y los agentes del orden público

Esto existe en muchos lugares de EUA. Hay quejas serias e informes recientes, incluyendo del Departamento de Justicia federal que indican altos niveles de corrupción, de uso excesivo de violencia, de violación de derechos civiles, etc., en la policía estatal y las municipales. Las querellas de ese tipo deben ir a un cuerpo separado de la policía.

 

MANUEL “MANOLO” CIDRE
Descarga el programa de gobierno (PDF) 

Sección: Acuerdos de la Campaña Política > Transparencia en el Financiamiento y Control de Gastos

  •  Cero tolerancias al despilfarro, los gastos indebidos, y la corrupción de todo tipo.
  • Todo contrato con el gobierno será identificado con una persona; no realizar contratos que se escondan detrás de entidades. El contratante tiene que mostrar cara y someterse a los procedimientos y requerimientos de contraloría y ética del gobierno de Puerto Rico.
  • El servicio público de Puerto Rico emulará el sistema de rangos del servicio público del gobierno federal.
  • Toda gestión pública será transparente al pueblo con el debido procedimiento de rendición de cuentas.
  • Eliminar la duplicidad de cargos en las instituciones gubernamentales, haciendo una evaluación exhaustiva de las funciones y responsabilidades, a fin de hacer eficaz el gasto público.
  • Crear mecanismos de transparencia en la gestión pública. Desarrollar un mapa de proyectos con un tiempo estipulado para ejecutarlos y promover la rendición de cuentas en toda gestión pública.
  • Candidatos derrotados en las elecciones generales no serán contratados como asesores del gobierno.
  • Eliminar los contratos legales privados en agencias que tengan su propia división legal.
  • Activar las funciones y recursos de la Comisión Estatal de Elecciones un año antes de cada elección, y reasignar el personal de carrera de esta dependencia a funciones en agencias gubernamentales que rindan servicios indispensables al pueblo, una vez finalizado el ciclo electoral.

ALEXANDRA LÚGARO
Programa de gobierno

Sección: Gobernanza

Fiscalizar el uso adecuado de los recursos gubernamentales, entablando acciones civiles y criminales contra aquellos que incurran en actividades de corrupción gubernamental.

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