Dos abogados de Minnesota, que alegadamente administraban un esquema de extorsión utilizando pornografía, fueron acusados por fiscalía federal con cargos de fraude, lavado de dinero y conspiración.
De acuerdo a la acusación contra los abogados Paul Hansmeier y John Steele, el esquema consistía en que los dos abogados obtenían los derechos de autor sobre vídeos pornográficos que luego subían a sitios de Internet como Pirate Bay, donde usuarios los descargaban. Una vez descargados los vídeos, estos extorsionaban a los usuarios mediante cartas y llamadas telefónicas, de que publicarían sus nombres si no pagaban ciento de miles de dólares en transacciones por casos ante el tribunal.
Los abogados mantuvieron el esquema por varios años, en los cuales obtuvieron seis millones en pagos por parte de los extorsionados. En algunos casos, la queja explica que estos le pagaban a actores y actrices de la industria de la pornografía para que prepararan vídeos cortos para adelantar su esquema, según reseñara Fortune.
«La conducta de estos acusados fue horrible— estos utilizaron demandas engañosas y a jueces que no sospechaban lo que ocurría, para extorsionar a demandados vulnerables. Nuestros tribunales son pasillos donde la justicia y el imperio de la ley triunfan. Mi oficina siempre utilizará cada recurso disponible para detener a abogados corruptos», explicó el fiscal Andrew Luger mediante una declaración.
En muchas de las demandas, los abogados acusados utilizaron compañías como escudo para demandar a cientos de personas de una vez, nombrándolos como John Doe en las demandas. Luego le solicitaban al tribunal que forzara a los proveedores de Internet que les revelaran los nombres de los suscriptores que descargaron los vídeos. Los abogados después contactaban a estas personas y les comunicaban que si no pagaban el dinero solicitado, sustituirían el «John Doe» en la demanda por sus nombres reales.
Los tribunales comenzaron a darse cuenta y, en 2013, un juez sancionó a los abogados por abusar de la ley de derechos de autor y el proceso legal. En respuesta, Hansmeier y Steele cambiaron las tácticas, haciendo que sus compañías imputaran a los acusados de piratear en lugar de infringir los derechos de autor.