El licenciado Jorge Farinacci Fernós defendió, mediante una columna publicada en El Nuevo Día, la permanencia de la Ley 80, que protege a los empleados de despidos injustificados.
La columna surge luego de que en varios medios de difusión pública se reseñara el anuncio de la Junta de Control Fiscal de su programa en el que incluyera una revisión de la Ley 80, a la que aparentemente señalan como impedimento para generar buenos negocios en Puerto Rico. Además, luego de que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares afirmara –tras ser inquirido sobre qué haría respecto a este señalamiento de la Junta— que protegería al trabajador puertorriqueño, pero que “buscará que las condiciones sean más aptas para hacer negocios”.
“Si usted vive en la mayoría de los estados, se queda sin trabajo y no le deben nada. Such is life. En Puerto Rico, desde 1930, un despido así se considera injustificado. Hoy esa norma está codificada en la Ley 80. Por décadas, los patronos han intentado eliminar esa ley. Según ellos, la ley es una “carga” que impide el desarrollo económico. Aparentemente, botar a un trabajador de su empleo sin justa causa es algo positivo para la economía”, puntualiza de inicio Farinacci Fernós.
Según el letrado, la Ley 80 se hace necesaria ya que impide que los patronos despidan a sus empleados por razones “flojas”. Además, esta exige que se incluya disciplina progresiva antes del despido, excepto en casos graves. La Ley también provee herramientas para que el obrero pueda probar que su despido fue injustificado, lo que de otra manera sería imposible y quedarían sin castigarse miles de casos de despidos ilegales.
Aún se desconoce qué acción tomará la Legislatura ni cuál sería el estado de los miles de casos de despido injustificado que actualmente se dirimen en los tribunales.