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Juez Besosa deniega paralización de demanda de bonistas contra Gobierno de Puerto Rico

Juez Besosa deniega paralización de demanda de bonistas contra Gobierno de Puerto Rico

Descarga el documento: Lex Claims, LLC et al v. The Commonwealth of Puerto Rico

Los bonistas de obligaciones generales demandaron al Gobierno de Puerto Rico, varios ahora exfuncionarios del Gobierno y al Bank of New York Mellon Corporation por el impago de la deuda.

Estos bonos, según los demandantes, son deuda constitucional y están garantizados por la entera fe y crédito, y el poder de imponer contribuciones. Por ello, los demandantes alegan que estos bonos se deben pagar con prioridad sobre otros bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (“COFINA”) y obligaciones del Gobierno. Los demandantes sostienen que estos bonos están garantizados por el Impuesto sobre Ventas y Uso (“IVU”).

El Gobierno presentó una moción para paralizar los procedimientos al amparo de la sección 405 de la Ley PROMESA. A su vez, la Junta de Supervisión Fiscal (“Junta”), Ambac Assurance Company (“Ambac”), Fondos de Puerto Rico (“Fondos”) y otros bonistas de COFINA presentaron sendas mociones para intervenir en el litigio. Los demandantes se opusieron a todas las mociones. La Junta replicó.

Al atender en conjunto todas las mociones, el juez Francisco A. Besosa, del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, concedió la intervención de los tenedores de bonos mayores de COFINA, la Junta, y Fondos, pero denegó la de los bonistas senior.

Por otro lado, el juez Besosa también denegó la solicitud de paralización de los demandados, la Junta y Ambac.

La Ley PROMESA, en efecto, contiene una cláusula para la paralización de procedimientos relacionados a la deuda pero es limitada. La misma estaba en efecto hasta el 15 de febrero de 2017, con una posible extensión de tiempo, o hasta que la Junta solicitara algún procedimiento para el ajuste de la deuda. El Tribunal también puede conceder un remedio a la paralización contra una parte que muestre causa para ello, o que se expone a daño irreparable.

La cláusula que permite la paralización está modelada una provisión similar en el Código de Quiebras. La paralización que surge de una quiebra es abarcadora pero no aplica a todo.

Según el Tribunal, no hay base en este caso para paralizar los procedimientos ya que los reclamos de los demandantes se basan en la Ley PROMESA y son asuntos que estaban impedidos de levantar antes de su aprobación. Los demandantes reclaman una sentencia declaratoria y un remedio de interdicto, no es un reclamo de daños contra el gobierno. O sea, los demandantes, en este caso, no están requiriendo algún tipo de pago o compensación por parte de los demandados, por lo que no aplica la paralización bajo PROMESA.

El remedio que buscan los demandantes, de concederse, tendría el efecto de impedir que el Gobierno continúe gastando fondos y transfiriendo activos en contra de PROMESA.

El Tribunal de Distrito anteriormente había determinado que la Ley PROMESA no provee expresamente para la paralización de este tipo de litigio. Para el Tribunal resulta claro que si el Congreso hubiese tenido la intención de que todos los litigios en su contra se paralizaran, la Ley lo expresaría claramente.

por el Lcdo. Cristian González

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