El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dejó sin efecto la regla de la «provocación» desarrollada por el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones, que le abría una ruta adicional a las víctimas de abuso policíaco por el uso de fuerza excesiva.
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La opinión del caso fue escrita por el juez Samuel Anthony Alito Jr. La derrotada regla establecía que los policías que usan fuerza no considerada como excesiva pueden ser responsables, si provocaron que las víctimas respondieran de manera que los agentes temían razonablemente por su seguridad. Bajo la regla, la provocación tenía que ser una violación separada de la Cuarta Enmienda.
Según el juez Alito Jr., la regla «abre un camino nuevo y sin apoyo a la responsabilidad» y es incompatible con la jurisprudencia de fuerza excesiva desarrollada por la corte». «La falla fundamental de la regla es que utiliza otra violación constitucional para fabricar una demanda de fuerza excesiva donde no existiría otra cosa», escribió. El juez Alito Jr. concluyó que tales casos deben ser resueltos usando un análisis de causa inmediata.
El demandado en el caso era el Condado de Los Ángeles y dos de sus diputados. Los dos demandantes habían estado viviendo en una choza cuando fueron fusilados por la policía que allanó la estructura sin una orden judicial y sin golpear la puerta mientras buscaba a un liberado en libertad condicional. Uno de los demandados, Ángel Méndez tenía una pistola de aire caliente para matar ratas. Este la estaba sosteniendo cuando los oficiales entraron. Ambos oficiales abrieron fuego, hiriendo gravemente a Méndez y a su compañera embarazada. Méndez y su esposa recibieron $4 millones de dólares en daños y perjuicios.
El juez Alito Jr. señaló que la regla de la provocación puede estar motivada por la noción de que es importante responsabilizar a los agentes de policía por las consecuencias previsibles de sus violaciones constitucionales.