Municipios podrían tomar prestado a Cooperativas sin la autorización del BGF

Ante la situación fiscal y económica que enfrenta la Isla y que ha redundado en recortes a los municipios, estos podrían tomar prestado a las cooperativas de ahorro y crédito sin la autorización del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Esto debido a legislación radicada en el Senado de Puerto Rico.

El Proyecto del Senado 535 de la autoría del senador Abel Nazario Quiñones, enmienda la “Ley de Financiamiento Municipal de Puerto Rico de 1996”, a los fines de permitir que los ayuntamientos puedan solicitar préstamos a las cooperativas de ahorro y crédito, garantizando dichas obligaciones con el Fondo de Redención, sin que sea necesario requerir y obtener autorización previa del BGF, y para establecer que la obligación no podrá exceder de 30 años.

Según la Exposición de Motivos de la medida, la legislación vigente es restrictiva en cuanto al uso permitido del excedente en el Fondo de Redención, ya que impide que el mismo solo sea utilizado para los fines establecidos en la ley. “Estamos viviendo en tiempos difíciles de inestabilidad financiera, tanto a nivel central como municipal. Vemos como ciertos municipios han tenido que reducir horas a sus empleados, eliminar beneficios marginales y despedir padres y madres de familia. Esto debido a la falta de dinero para pagar las obligaciones, ocasionando que un sinnúmero de municipios tengan déficits presupuestarios a niveles alarmantes”, lee la exposición de motivos.

Ante esto, el autor de la medida entiende no pueden quedarse de brazos cruzados. “Es de vital importancia que esta Asamblea Legislativa le provea a los municipios las facultades necesarias para que puedan subsistir y cumplir con sus obligaciones. Es por ello que entendemos meritorio permitirle a estos, solicitar préstamos a las cooperativas de ahorro y crédito”, señaló Nazario Quiñones.

A su vez el Proyecto del Senado 535 establece que es importante imponer ciertos parámetros para asegurar que las finanzas futuras no se vean afectadas y establecer un término máximo de 30 años para cualquier obligación que utiliza el excedente del Fondo de Retención como garantía al pago.

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