El presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, anunció que esa colectividad pondrá a disposición de los empleados públicos, un contingente de abogados que estarán listos para llevar ante los tribunales los casos de despidos injustificados, persecución política, traslados forzosos y cualquier otra acción ilegal que violente sus derechos como trabajadores del sector público.
Según Ferrer, el plan fiscal preparado por el Gobierno, ha afectado a sobre 5 mil trabajadores transitorios que fueron despedidos, cerca de 1.6 millones de pacientes de la Reforma que han sufrido las reducciones en sus cubiertas médicas, otros 50,000 estudiantes del sistema de la UPR con los aumentos en sus matrículas y recortes en el presupuesto; y ahora, con la inminente reducción de jornada laboral que podría impactar hasta a 138 mil trabajadores.
Según puntualizó Ferrer, el hecho de que el Gobernador Ricardo Rosselló Neváres hubiese solicitado que fuera la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) quien gestionara los despidos, fue una estrategia para evitar que los jefes de agencias de su administración fueran demandados por los despidos injustificados y la persecución política, ya que la inmunidad legal que cobija a los miembros de la JSF no es extensiva a los funcionarios del Gobierno de Puerto Rico.