Hernández Montañez vs. Rosselló Nevares: Ante el Tribunal la próxima trinchera constitucional

por Daniel Beltrán Torres

Luego del paso del huracán María por Puerto Rico, la respuesta a la crisis se ha visto matizada por debates e incertidumbres jurídicas tras las bambalinas de las interminables filas, manejo de suministros para áreas incomunicadas, además de la crisis energética por la afectada infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica. La toma de decisiones por parte de la administración ha creado algunas interrogantes y señalamientos de índole constitucional, desde la rama legislativa a acciones de la rama ejecutiva. El pasado 23 de octubre de 2017, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares adoptó el Boletín Informativo OE-2017-65 (Microjuris: 2017OE65). La referida orden ejecutiva, invoca como base estatutaria la delegación de poderes para declarar un estado de emergencia fiscal de la Ley Núm. 5-2017. Además se invocan los poderes delegados para la declaración de un estado de emergencia para manejar la recuperación post desastre concebido en artículo 6.10 de la Ley Núm. 20-2017:

Artículo 6.10.-Poderes Extraordinarios del Gobernador de Puerto Rico.

En situaciones de emergencia o de desastre, el Gobernador de Puerto Rico podrá decretar, mediante proclama, que existe un estado de emergencia o desastre, según sea el caso, en todo el territorio de Puerto Rico o en parte del mismo. El Gobernador, mientras dure dicho estado de emergencia o desastre, tendrá, además de cualesquiera otros poderes conferidos por otras leyes, los siguientes:

(a) Podrá solicitar del Presidente de los Estados Unidos de América todo tipo de ayuda federal que conceda la legislación federal vigente, aceptar dicha ayuda y utilizarla a su discreción y sujeto únicamente a las condiciones establecidas en la legislación federal bajo la cual se concede.

(b) Podrá dictar, enmendar y revocar aquellos reglamentos y emitir, enmendar y rescindir aquellas órdenes que estime convenientes para regir durante el estado de emergencia o desastre. Los reglamentos dictados u órdenes emitidas durante un estado de emergencia o desastre tendrán fuerza de ley mientras dure dicho estado de emergencia o desastre.

(c) Podrá darle vigencia a aquellos reglamentos, órdenes, planes o medidas estatales para situaciones de emergencia o desastre o variar los mismos a su juicio.

(d) Podrá ordenar la remoción de ruinas o escombros que surjan como consecuencia de una situación de emergencia o desastre, sujeto a las condiciones que se estipulan más adelante.

(e) Podrá adquirir por compra o donación cualesquiera bienes muebles o inmuebles, o cualquier derecho sobre los mismos, que a su juicio considere útiles, convenientes o necesarios durante un estado de emergencia o desastre.

(f) Podrá adquirir mediante el procedimiento de expropiación forzosa aquellos bienes muebles o inmuebles, o cualquier derecho sobre los mismos, que a su juicio considere útiles, convenientes o necesarios durante un estado de emergencia o desastre, conforme a las disposiciones de la Ley de 12 de marzo de 1903, conocida como “Ley General de Expropiación Forzosa”, según enmendada, y sujeto a las disposiciones adicionales que aparecen más adelante en esta Ley.

La orden ejecutiva en cuestión crea mediante mandato, la creación de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico como una división dentro de la AAPP (Autoridad para las Alianzas Público Privadas). La misma tendría facultades administrativas sobre los fondos, estatales o federales, asignados para la reconstrucción de Puerto Rico post Huracán. La orden ampara su facultad en adscribir la nueva entidad a la Autoridad según lo dispuesto en la Ley Núm. 29-2009 (Ley Orgánica de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas) en su artículo 6 (b)(xiii), que faculta a la corporación a:

Recibir y administrar cualquier regalía, concesión, préstamo o donación de cualquier propiedad o dinero, incluyendo, sin que se entienda como una limitación, aquéllos efectuados por el Gobierno de Puerto Rico y el Gobierno Federal, o cualquier agencia o instrumentalidad de éstos a la Autoridad o para un Proyecto Seleccionado, y gastar o prestar el producto de los mismos para cualesquiera propósitos corporativos y cumplir respecto de los mismos con todas las condiciones y requisitos, y tomar todos aquellos pasos para cumplir con esas condiciones y ejercer de otra forma aquellos poderes que sean necesarios para obtener para el Gobierno de Puerto Rico dichos beneficios.

Además de esta facultad, también se coloca al palio de una interpretación amplia de la Ley Núm. 29-2009 de establecer “Contratos de Asistencia” con entidades gubernamentales. La nueva criatura ejecutiva concentraría todo esfuerzo de reconstrucción y de igual forma sería custodio de todos los fondos para ello. Tendrá capacidad para reglamentar y de otorgar todos los contratos conducentes a los trabajos de recuperación, incluyendo con entidades privadas. La orden de igual forma establece que “La OCRR, desarrollará, presentará y administrará toda Propuesta del Gobierno de Puerto Rico, y sus Entidades Gubernamentales relacionada a la recuperación. Toda Entidad Gubernamental, incluyendo corporaciones públicas o cualesquiera de los setenta y ocho (78) municipios, de Puerto Rico, que desee desarrollar su propia propuesta tendrá que presentarla a la OCRR para evaluación y aprobación previo a su entrega formal ante la autoridad competente”. Establece consiguientemente, que la OCRR será la custodia de todos los fondos federales para este tipo de propuestas.

La creación de la OCRR se ha visto marcada por reacciones diversas. La primera reacción oficial fue la del Presidente del Senado de Puerto Rico, Hon. Thomas Rivera Schatz, que en la red social Facebook llamó la atención a que la orden en cuestión violaba el principio de separación de poderes y que por esa razón esta debía ser revisada. Días posteriores, el Senado federal celebró vistas públicas donde el centro de la discusión fue la transparencia gubernamental, enmarcado en el contrato de Whitefish. Cabe destacar que el Senado de Puerto Rico, derrotó el P. de la S. 655, que, entre otras cosas, buscaba crear la “Ley para Atender Emergencias y Desastres en Puerto Rico” confiriéndole al Gobernador el poder para “suspender las disposiciones de cualquier estatuto, ordenanza municipal, reglamento, orden, regla o decreto de cualquier índole, contrato o acuerdo, mientras dure el estado de emergencia que tenga como resultado una mejor respuesta a atender la misma”.

Esta semana se hizo público una demanda al primer ejecutivo del país por parte de los miembros de la minoría parlamentaria en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quien le ha solicitado al Tribunal de Primera Instancia que mediante sentencia declaratoria según faculta al Tribunal la Regla 59.1 (32 LPRA Ap. V, R. 59.), declare inconstitucional la orden ejecutiva, y al mismo tiempo emita un “injunction” preliminar y permanente prohibiendo su implantación. En cuanto al recurso solicitado (Sentencia Declaratoria) el Tribunal ha establecido que el mismo es uno “remedial y profiláctico que permite anticipar la dilucidación de los méritos de cualquier reclamación ante los tribunales, siempre y cuando exista un peligro potencial contra quien la solicita” Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157DPR360, 383-384 (2002). Este remedio es de habitual uso en pleitos donde se está impugnando la constitucionalidad de alguna ley o acto gubernamental.

De no haber controversia de hechos, la sentencia declaratoria permite dilucidar cualquier divergencia de criterio en la interpretación de un estatuto “cuando existe una controversia sustancial entre partes con intereses legales adversos” Mun. Fajardo v. Srio. Justicia et al., 187DPR245, 254-255 (2012).

Aunque el primer escollo procesal de los demandados será si en efecto tienen legitimación activa para llevar el pleito, no olvidemos que la legitimación activa es parte integral de la doctrina de autolimitación judicial llamada justiciabilidad. La justiciabilidad recoge una serie de normas basadas en la existencia de un caso o controversia real para el ejercicio válido del poder judicial. Esta autolimitación de desarrollo jurisprudencial surge a raíz de que los tribunales sólo pueden decidir cuestiones presentadas en un contexto adversativo real y de que la Rama Judicial no debe intervenir en áreas sometidas al criterio de otras ramas de gobierno. Entre esa normativa se encuentra la legitimación activa, que de ordinario establece y requiere que el demandante en una causa cumpla con los rigores a continuación: (I) que ha sufrido un daño claro y palpable; (II) que el daño es real, inmediato y preciso, y no abstracto o hipotético; (III) que la causa de acción debe surgir bajo el palio de la Constitución o de una ley, y que (IV) exista un nexo causal entre el daño sufrido y la causa de acción a ejercitar.

En el caso de los legisladores, la normativa de la legitimación activa muta y solicita del demandante otros requisitos. Esto, bajo el entendido de que el Tribunal ha reconocido al legislador como representante oficialmente autorizado por dicho Cuerpo, para impugnar una actuación ilegal del ejecutivo. Además, este reconocimiento se extiende en aras de vindicar un interés personal en el ejercicio pleno de sus funciones legislativas que se vean afectadas por actuaciones u omisiones del Poder Ejecutivo. No obstante, el legislador no podrá acreditar su legitimación activa con sólo alegar que sus prerrogativas legislativas se verán afectadas por no permitírsele fiscalizar adecuadamente la obra legislativa. (Véase: Noriega v. Hernández Colón, 135DPR406, 426-427 (1994); Acevedo Vilá v. Meléndez, 164DPR875 (2005); Hernández v. Hernández, 129DPR824 (1992); Raines v. Byrd, 117 S. Ct. 2312 (1997)).

En ese extremo, y en la posición en que se encuentra Puerto Rico, el Tribunal tendrá que evaluar este caso pronto. Habrá que estar a la espera, pues la administración del gobernador Rosselló Nevares tiene a su disposición solicitar una certificación intrajurisdiccional, para que el caso sea atendido por el Tribunal Supremo, debido a la premura del asunto. No obstante, el Gobernador puede enmendar la Orden Ejecutiva con el fin de corregir deficiencias sustantivas que garanticen su supervivencia ante el tamiz judicial. De ser así, el pleito tiene probabilidad de ser uno académico. De igual manera, la parte demandante podría invocar excepciones a la doctrina de academicidad, argumentando que este escenario se podría repetir ante el mare magnum post María en que vivimos.

Curso en línea de interés: Conflictos constitucionales: Cuando se enfrentan el Gobernador y la Legislatura – 4 horas crédito [CONST-2010-52] – Aprobado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico

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