Presentan medida para fortalecer legado científico en Cayo Santiago

El senador Abel Nazario Quiñones anunció hoy que presentó una pieza legislativa que fortalecería la seguridad de uno de los legados científicos de más valor en las propiedades de la Universidad de Puerto Rico: el Centro de Investigación de Primates del Caribe (Caribbean Primate Research Center, por sus siglas en inglés CPRC).

Durante el día hoy visitó Cayo Santiago como parte del proceso de evaluación de la medida que busca reforzar, como legado científico, la colonia de monos macacos Rhesus más antigua del mundo. Además, establecería medidas de seguridad para los humanos que entren en contacto con ellos. En Estados Unidos solo existen 8 centros de investigación de este tipo.

Esta colonia de monos pertenece al CPRC de la Unidad de Medicina Comparada del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Actualmente, en el Cayo habitan más de 1,500 monos. Así, la seguridad de esta colonia se vio en peligro en el 2010 por el contagio de micro organismos transmitidos por el hombre que provocó la muerte de 60 animales.

Ante esto, el autor del Proyecto del Senado 723, Nazario Quiñones indicó que la misma establecerá requisitos y prohibiciones para actividades que se lleven a cabo en los alrededores del Cayo. “Hay una necesidad de proteger y darle el valor investigativo para una propiedad de la Universidad de Puerto Rico y el Gobierno que está valorada en alrededor de $10 millones,” indicó el también presidente de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, quien atenderá la misma en vista pública el 19 de enero.

De su parte, el licenciado Walter Alomar, Presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, expuso que “luego del impacto del huracán María, nuestra meta es integrar alta tecnología al nuevo laboratorio que se creará en Cayo Santiago para promover la innovación que permite que la Universidad de Puerto Rico continúe siendo competitiva a nivel mundial. El Centro de Primates es de suma importancia para el desarrollo de la investigación en nuestro país. También hay que considerar el efecto directo que tiene la investigación para el desarrollo económico de Puerto Rico. Esta relación de desarrollo económico y desarrollo de investigación está alineado con la política pública del gobierno.”.

La historia del CPPR se remonta al 1938 cuando el doctor C.R. Carpenter, trajo a Puerto Rico a una colonia de alrededor de 400 monos procedentes de la India. a la fecha se han producido más de 600 artículos, libros y documentales a base de investigaciones efectuadas en el CPPR, la mayoría enfocadas en Cayo Santiago.

“Esta legislación representa un paso vital para dar continuidad y fortalecer la labor científica y académica, nacional e internacional, que se lleva a cabo en Cayo Santiago. Al proveerle el marco legal aseguramos que se implanten las medidas de seguridad y control que facilitarán el desarrollo adecuado de los proyectos de investigación que se realizan en el Cayo. Este Proyecto de Ley es parte del compromiso del Recinto de Ciencias Médicas de fortalecer la labor investigativa y científica conforme a nuestra misión como entidad educativa”, dijo el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, Rector del RCM.

Asimismo, la medida legislativa puntualiza que, para controlar o eliminar los riesgos antes mencionados, la entrada a Cayo Santiago está exclusivamente restringida para investigadores y personal empleado del Centro, del CPRC y de la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, se han observado a personas en embarcaciones ofreciendo comida a los monos para atraerlos a su embarcación y así poder observarlos de cerca. “Se han visto casos de contacto directo y hasta maltrato de estos monos por personas en embarcaciones. Estas actividades exponen a los monos de Cayo Santiago a posibles agentes infecciosos humanos, a través de contacto directo o indirecto (por alimentos provistos por humanos o heces fecales de humanos). Además, el uso de embarcaciones en las aguas circundantes a Cayo Santiago expone a estos monos a posibles impactos o golpes de estas embarcaciones o sus usuarios. Más aún, en ocasiones el ruido de embarcaciones en los alrededores de la isla, en particular música y alboroto de personas recreando en tales botes, ha interferido con estudios observacionales de estos animales,” enumera.

La misión del CPRC es llevar a cabo estudios biomédicos, utilizando monos Rhesus como modelo animal para combatir enfermedades que afectan a la humanidad, proveer oportunidades para la observación del comportamiento social de estos monos, efectuar investigaciones antropológicas, y llevar a cabo estudios especializados de posibles condiciones o padecimientos análogos a los manifestados en los seres humanos.

“Nosotros tenemos una colonia única, todos los animales que residen en Cayo Santiago son descendientes de ese grupo que llegó a Puerto Rico en el 1938, así que nuestra colonia ha sido publicada, a nivel de laboratorio de investigación, como la colonia más pura de monos Rhesus de en el mundo. Esto significa que esta es una colonia única y nosotros contamos con una data genética y demográfica que no existe en ningún otro lugar”, indicó la doctora Martínez.

El proyecto legislativo establecería un perímetro de 200 metros desde la línea de la costa que sería designada como Área de protección de Monos de Cayo Santiago. De igual forma prohibiría que las embarcaciones y vehículos de navegación sean operados, transiten, paseen, anclen o de otra manera discurran por el Área de Protección de Monos.

De aprobarse la medida, quedaría prohibido que personas no autorizadas ofrezcan o provean alimentos, provoquen, capturen o intenten capturar, tomen posesión, persigan, maten, destruyan, ahuyenten, intencionalmente los toquen o que introduzcan dentro del Área de Protección cualquier alimento, que pudiera ser consumida por un animal. Además, de que cualquier persona bote descargue o disponga de cualquier tipo de desperdicio dentro del Área, incluyendo la eliminación o disposición de heces fecales humanas. La violación a estas disposiciones, entre otras, podría incurrir en delito menos grave y la convicta podría llevar una multa de $1,000 por cada infracción o con cárcel por un término máximo de 6 meses.

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