Los senadores Carlos Rodríguez Mateo y el Vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer, arremetieron contra el Departamento de Hacienda y este último tildó de insensible al Departamento de Hacienda, quienes presentaron una ponencia oponiéndose al proyecto de su autoría Proyecto del Senado 773, que establece la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico con relación al cambio climático, además de crear el Comité de Expertos sobre este tema. La medida se encontraba bajo evaluación en vista pública por la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado que preside el senador, Carlos Rodríguez Mateo.
Entre otras razones, el Departamento de Hacienda se opone a la medida por el costo fiscal directo que pueda tener la misma en las arcas del gobierno, “tenemos reparos al lenguaje referente a autorizar el reembolso, a partir del primero de julio de 2016. La misma no debe obligar presupuestos de un año fiscal que ya transcurrió. La aprobación de leyes debe ser prospectiva en tanto los presupuestos de años fiscales transcurridos ya fueron asignados y utilizados. No obstante, ni siquiera nos encontramos en posición de avalar un reembolso prospectivo hasta tanto no podamos atender responsablemente la crisis fiscal en la que nos encontramos”.
El senador Larry Seilhamer arremetió contra el Departamento de Hacienda debido a la posición de estos de no avalar la pieza legislativa. “De nosotros no atender el cambio climático es poner al pueblo de Puerto Rico en alto riesgo, entonces queremos sopesar una cosa por la otra; es una ponencia totalmente insensible”, insistió Seilhamer. “Y al final del día aunque no quieran dar el crédito lo van a tener que atender en infraestructura colapsada, entre otras cosas”, insistió el legislador. Defendió su proyecto aludiendo a que hay expertos en el tema que lo respaldan. “Este proyecto no está escrito en piedra y obtendremos el insumo de personas con pleno dominio. El Departamento de Hacienda tiene la facultad de proponer otras alternativas”, dijo. “Me encantaría tener una ponencia para presentar alternativas; el no hacer nada es provocar lo que tenemos con la AEE. Hay mucho informe, mucho reporte, pero no hay acción”.
Mientras el presidente de la Comisión se unió a los reclamos de su homólogo, al cuestionar la ponencia de la agencia. “La ponencia es totalmente contradictoria porque por un lado dicen que el proyecto es importante y por el otro piden un detente en el proceso legislativo. Lo que han hecho es un análisis matemático -solo contemplan los números- y cada vez que no queremos hacer nada apelamos a la crisis fiscal y a PROMESA y si siempre es así no haremos nada”, dijo Rodríguez Mateo.
Por su parte, el Departamento de Salud endosa la pieza legislativa ya que “por su carácter global, los efectos del cambio climático no solo se sentirán en todo el planeta, sino que afectarán todos los aspectos del desarrollo de la civilización humana, desde ámbitos geográficos, urbanísticos, alimentarios y de acceso a servicios básicos, hasta aspectos relacionados a los hábitos de consumo, la disposición de desperdicios y la educación que sobre el ambiente brindamos a generaciones futuras”, lee la ponencia.
Por su parte, Seilhamer Rodríguez se mostró satisfecho con la posición de Salud, “ustedes están en el lado correcto de la historia”, dijo.
El Presidente del Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico, Antonio Figueroa Rey, señaló que aunque aplauden la intención de la Asamblea Legislativa con la radicación de este proyecto no es suficiente la intención, cuando las propias dependencias gubernamentales no se unen a esta causa común. Figueroa entiende que un grave problema es el no atender los gases refrigerantes químicos. “No se puede hablar de cambio climático si no hablamos de refrigerantes que son sumamente tóxicos para el medio ambiente”, insistió.
Figueroa Rey añadió: “el Colegio entiende que para que el Proyecto del Senado 773 alcance los objetivos que persigue, específicamente en las áreas de consumo de energía y de desechos al ambiente, se necesitan técnicos de refrigeración que cumplan con las leyes del estado y apliquen los conocimientos y prácticas adecuadas para trabajar y desechar estos refrigerantes químicos”.
Entre tanto, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) endosa la medida; sin embargo, entiende que la misma se concentra en el análisis de la realidad energética de Puerto Rico, nuestra situación actual y las tendencias en términos de emisiones de gases de invernaderos, para las cuales propone alternativas y metas de reducción de emisiones, a través de la promoción de fuentes alternas de producción de energía y el “phase out” del carbón como fuente de generación de energía eléctrica. Ante esto, recomiendan que el proyecto debería otorgar mayor énfasis a la captura o secuestro del bióxido de carbono (CO2), como elemento esencial de la mitigación.
A su vez, entienden deben ser incluidos en el Comité de Expertos que crea dicha legislación, debido al conocimiento y la pericia con que cuenta el DRNA. “El DRNA cuenta con la Oficina del Programa de Zona Costanera y Cambios Climáticos, a través de la cual se coordina el Consejo de Cambios Climáticos de Puerto Rico. Sería un error no incluir a la agencia encargada y responsable de la administración de los bienes de dominio público marítimo terrestre, de proteger la biodiversidad, los bosques, los cuerpos de agua, los ríos, la vida silvestre, los arrecifes de coral y la fauna de Puerto Rico”.
En la vista pública salió a relucir que hay 3,124 estructuras que están ocupando espacio marítimo terrestre. “Muchas de esas estructuras no aportan, no pagan y los que están de manera legal tienen que pagar”, señaló Ernesto Díaz, director del programa antes mencionado.
La Autoridad de Desperdicios Sólidos entiende que el propósito del P del S 773 “es loable en cuanto a la reducción en un 70 por ciento de los desperdicios sólidos que llegan a nuestros vertederos para 2028; y de más está decir que lo apoyamos firmemente. Sin embargo, es también necesario reafirmar que se necesita acción concertada de parte del Gobierno Central, la Legislatura y los municipios para reducir en un periodo de diez años el doble de lo que se pretendía reducir en unos pocos años; cuando, habiendo ya pasado 25 años, no se ha logrado”.
Mientras, la Junta de Calidad Ambiental, así como la Autoridad de Desperdicios Sólidos, avalaron también la medida y la Oficina de Gerencia de Permisos le da la deferencia a otras agencias pertinentes en el asunto para que emitan su opinión sobre la pieza legislativa.