Supremo sostiene jurisdicción exclusiva de la Junta de Relaciones del Trabajo sobre prácticas ilícitas del trabajo

Descarga el documento: Autoridad de Acueductos y Alcantarillados v. Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

I. Controversia
¿Tiene el Tribunal de Apelaciones jurisdicción para atender una orden interlocutoria emitida por la Junta de Relaciones del Trabajo?

II. Opinión del Tribunal
La Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez emitió la opinión del Tribunal. Manifestó que “cuando ambas partes, al firmar el convenio colectivo, se comprometen a someter al procedimiento de arbitraje cualquier queja y agravio que surja entre ellas, tal cláusula las obliga por igual”. De otra parte, acentuó que según lo dispuesto en la Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, la Junta de Relaciones del Trabajo tiene la facultad exclusiva para prevenir y remediar las prácticas ilícitas del trabajo.

Por otro lado, el Tribunal destacó que según el Artículo 7 (a) de la Ley Núm. 130, la jurisdicción de la Junta de Relaciones del Trabajo no se afectará por algún otro medio de ajuste o prevención. Por lo tanto, la Junta retiene su jurisdicción exclusiva para atender situaciones de prácticas ilícitas del trabajo, independientemente de que exista un proceso para la disposición de quejas y agravios pactado en un convenio colectivo. No obstante, la Junta de Relaciones del Trabajo, sin renunciar a su jurisdicción, ha optado por conferir cierta deferencia a los procesos pactados por las partes y las determinaciones que resulten de éstos. Esta deferencia se manifiesta de distintas formas dependiendo de la etapa en que se encuentren los procedimientos, a saber: en la etapa prearbitraje o post-arbitraje.

El Supremo expresó que la Junta de Relaciones del Trabajo ha implementado lo que se conoce como la doctrina de agotamiento de remedios contractuales. En esencia, esta doctrina establece que antes de llevar un cargo ante la Junta, las partes deben agotar los remedios dispuestos en el Convenio Colectivo para resolver la controversia en cuestión. De lo contrario, la Junta rehusará asumir jurisdicción, a menos que el agotamiento resulte ser un gesto fútil y vacío, irreal o imposible, o que la Unión falte a su deber de una justa representación.

El Tribunal Supremo coligió que no procedía el argumento sobre la aplicabilidad de la doctrina de cosa juzgada, luego de que el árbitro cerrara y archivara el caso. Esto, debido a que la Ley 130 establece que la Junta no pierde su jurisdicción exclusiva para disponer de asuntos referentes a prácticas ilícitas del trabajo, independientemente si existen otros procedimientos en los que se puedan atender las controversias planteadas ante esta entidad.

No obstante, ya que los procesos ante la Junta del Trabajo se encuentran en la etapa post-arbitraje, le compete a esta entidad, establecer aquellos estándares de deferencia, si alguno, que estime pertinentes respecto a la determinación del árbitro. Por consiguiente, el Supremo determinó que el Tribunal de Apelaciones obró correctamente al desestimar el recurso de revisión judicial presentado por la AAA, ya que no es aplicable la excepción a la doctrina de agotamiento de remedios administrativos, luego que la Junta de Relaciones del Trabajo actuara con jurisdicción y emitiera una orden interlocutoria en propiedad.

III. Suplemento fáctico
El 15 de julio de 2015, el entonces Gobernador Interino, Dr. David E. Bernier Rivera, emitió la Orden Ejecutiva OE-2015-023 para la implementación de las recomendaciones esbozadas por el grupo interagencial de reorganización y eficiencia gubernamental, designado en abril de 2015. El 29 de octubre de 2015, el Director de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Sr. Alberto Feliciano Nieves, le envió una comunicación al Sr. Pedro Irene Maymí, presidente de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la AAA (UIA), para informarle que la AAA estaba desarrollando un proyecto para maximizar los recursos de la agencia. Al día siguiente, 30 de octubre de 2015, la AAA envió unas comunicaciones a ciertos empleados para indicar que, a partir del 12 de enero de 2016, las instalaciones en que se desempeñaban serían consolidadas con otras y sus puestos serían ‘reubicados’. El 4 de noviembre de 2015, el señor Irene Maymí dirigió una comunicación al señor Feliciano Nieves en la que indicó que no se le había notificado oficialmente a la UIA la reestructuración que se estaba llevando a cabo. Por tanto, objetó las ‘reubicaciones’ de empleados y solicitó que el asunto se sometiera al proceso de arbitraje dispuesto en el Artículo XXIV (4) (B) del Convenio Colectivo suscrito por las partes.

El 30 de noviembre de 2015, la UIA presentó ante la Junta de Relaciones del Trabajo un cargo en contra de la AAA. Posteriormente, el 3 de diciembre de 2015, ambas partes comparecieron a la vista señalada en el Negociado de Conciliación y Arbitraje. Ahora bien, durante los procedimientos la UIA solicitó el archivo y cierre con perjuicio de la querella presentada. La AAA se allanó a esta solicitud. Consecuentemente, el 4 de diciembre de 2015, el árbitro emitió una Resolución mediante la cual declaró ha lugar la referida petición. No obstante, continuaron los procedimientos ante la Junta de Relaciones del Trabajo.

El 23 de diciembre de 2015, la UIA presentó ante la Junta una Urgente solicitud de intervención y auxilio de jurisdicción. Mediante ésta, solicitó que se paralizaran los traslados de los empleados y el cierre de las instalaciones que serían consolidadas, hasta tanto se culminara el proceso adjudicativo. La UIA también señaló que, pendiente el trámite, la AAA informó a ciertos empleados que serían ‘reubicados’ y que éstos podrían apelar la determinación ante la Oficina de Apelaciones de la AAA; ello contrario al proceso de arbitraje aplicable que se estipuló en el Artículo XXIV (4) (b) del Convenio Colectivo.

El 7 de enero de 2015, la AAA presentó su posición y planteó que la Junta no tenía jurisdicción ya que, conforme al Artículo IX (A) del Convenio Colectivo, ambas partes tenían que agotar los remedios administrativos antes de acudir a la Junta. El 8 de enero de 2016, la Junta ordenó la paralización de cualquier trámite de personal hasta que se esclareciera cuál era el foro convenido a utilizarse para dirimir la controversia y determinó que se continuaría el trámite de investigación correspondiente. Inconforme, la AAA presentó una moción de reconsideración. El 29 de enero de 2016, mediante Resolución, la Junta denegó la moción de reconsideración presentada por la AAA. La Junta entendió que poseía jurisdicción para atender el cargo y refirió el expediente a la División Legal del Departamento del Trabajo para que, en un término de 15 días, acudiera al Tribunal de Primera Instancia con tal de hacer cumplir la Resolución emitida por la Junta el 8 de enero de 2016.

El 17 de febrero de 2016, la AAA acudió al Tribunal de Apelaciones. El 6 de junio de 2016, el foro apelativo intermedio notificó una Resolución mediante la cual desestimó el recurso presentado. El mismo concluyó que la Resolución recurrida era de carácter interlocutorio, por lo que no podían examinar la controversia.

Inconforme, la AAA acudió al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

por el Lcdo. Joel Pizá Batiz

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