Puerto Rico: Una isla entre dos comas

Como parte del esfuerzo de dar cauce a la información libre de líneas editoriales, Microjuris está comprometido con toda la comunidad puertorriqueña a establecer lazos de información, consultando personas destacadas en la sociedad que nos faciliten información digerida, pero a la vez útil y completa para entender las diferentes disquisiciones que surgen en nuestro país. Los procesos cambian minuto a minuto, y nuestro compromiso es detenernos a reflexionar para que todos los que consulten nuestra fuente puedan confiar en su contenido, pues el mismo se fundamenta en la objetividad.

El pasado 3 de mayo de 2017, el gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló Nevares, solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal instar ante el Tribunal Federal, el llamado Título III. Con ello, políticos, empresarios, estudiantes y diversos componentes de la sociedad han generado un sinnúmero de dudas, y a la vez incertidumbres, mientras la información fluye desde diversas fuentes. Al reconocer que este tipo de abordaje en ocasiones puede parecer técnico, nuestra misión desde nuestro ángulo es intentar formular un centro informativo cibernético de datos, para que cada cual llegue a sus propias conclusiones.

Microjuris, como empresa puertorriqueña, entiende que en momentos como éste, debemos ejecutar lo que hacemos mejor: Ofrecer un caudal de información útil, certera y no editorializada, para el beneficio de nuestra comunidad y suscriptores. En este foro, encontrarán entrevistas a personas de interés y con el conocimiento necesario para ofrecer un material que sea herramienta de sosiego ante las muchas dudas por las que atraviesa el país. Además, recopilaremos documentos oficiales para descargar para el beneficio de todos. Afirmamos el poder de la información, y la importancia de hacerla accesible para todo tipo de personas. Ese es el compromiso de Microjuris en este momento tan importante y crítico. Entendemos que el acceso a la información es la piedra angular de una sociedad democrática.

A continuación, resaltamos algunos eventos importantes para tomar en cuenta, en el estudio y seguimiento de toda la situación. Estamos conscientes de que son muchos más. La siguiente cronología, es un hilo conductor de los pasados años hasta el presente, para que el lector tenga algún contexto. Gracias por la oportunidad de servirles en tan crítico momento.

Cronología de eventos

– Durante la pasada administración (2013-2016) el tema de las obligaciones del Estado Libre Asociado, un posible impago, crisis económica y problemas deficitarios del presupuesto fueron el hilo conductor de la discusión pública.

– En el año 2014, y ante su incapacidad para acogerse al Capítulo 9 de la Ley de Quiebra federal, la Legislatura de Puerto Rico aprueba la Ley Núm. 71-2014, conocida como “Ley para el Cumplimento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico”.

– En ese mismo año (2014), Franklin Funds y Oppenheimer y Blue Mountain Capital Management LLC, instaron un pleito en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, impugnando la validez constitucional de dicha ley.

– Mientras tanto, entre 2015 y 2016, el gobierno de Puerto Rico solicita ayuda al gobierno Federal, particularmente al Departamento del Tesoro, para impedir el impago (“default”) de las obligaciones de Puerto Rico en cuanto a su deuda.
En 2016, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decide los casos Puerto Rico v. Sánchez Valle, 579 U.S. (2016) y Puerto Rico v. Franklin California, 579 U.S. _ (2016). Este último, decidido el 13 de junio de 2016, declaró inconstitucional la Ley Núm. 71-2014, conocida coloquialmente como la “Ley de Quiebra Criolla”
Meses antes, en abril, la legislatura de Puerto Rico, había aprobado la Ley Núm. 21-2016, conocida como la “Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico”.

– En 2016, mientras transcurría el año eleccionario, el Congreso de los Estados Unidos, aprobó la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA”, por sus siglas en inglés.
– El 30 de junio 2016, el presidente de los Estados Unidos, Barack H. Obama firmó la ley que establece una Junta Federal con amplios poderes sobre Puerto Rico.
– El 30 de agosto de 2016 se nombran los miembros que constituirían la Junta Federal de Control Fiscal.

– El 10 de septiembre de 2016, el Juez Federal para el primer circuito de Boston, Juan R. Torruella, emite un contundente discurso ante la Asamblea del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en el cual resalta el anacronismo de la doctrina de los casos insulares y alerta sobre la desobediencia civil y la violencia que puede engendrar la condición político económica de Puerto Rico, luego de aprobada la ley federal para establecer una Junta de Supervisión Fiscal.

– Meses después, el 8 de noviembre de 2016, los puertorriqueños eligen un nuevo gobernador, el Dr. Ricardo Rosselló Nevares por el Partido Nuevo Progresista y a su vez ganan la mayoría de votos en la Asamblea Legislativa.

– La nueva administración el gobierno del Dr. Rosselló Nevares decidió atender la situación fiscal de la isla mientras entablaba conversaciones con la Junta, ya que por mandato de ley, éste tenía que confeccionar un plan fiscal para ser aprobado por el ente federal. A su vez, el Gobernador y sus funcionarios adelantan una serie de medidas encaminadas a la austeridad en el gasto público, y varias medidas encaminadas al desarrollo económico, entre las tales:

• Ley Núm. 1-2017, conocida como la “Ley de Alianzas Público Privadas” (Enmiendas)

• Ley Núm. 3-2017, conocida como la “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”

• Ley Núm. 4-2017, conocida como la “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”

• Ley Núm. 26-2017, conocida como la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal” (entre otras)

– El 13 de marzo del 2017, la Junta de Control Fiscal aprueba el plan fiscal del Gobierno de Puerto Rico, mientras que el 23 de marzo de 2017, se nombra a la Directora Ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko.

– Después de varias manifestaciones, el 6 de abril de 2017, la Universidad de Puerto Rico decreta huelga indefinida en reclamo por los recortes al presupuesto de la institución, en contra de la Junta de Supervisión Fiscal, el plan de la administración aprobado y a favor de que se lleve a cabo una auditoría forense de la deuda.

– Luego, el 1 de mayo de 2017 se dio lugar a un paro nacional multitudinario en contra de la Junta de Control Fiscal, las medidas de austeridad y demandando una auditoría forense de la deuda.

– El 3 de mayo de 2017, el Gobernador solicita a la Junta de Control Fiscal radicar al amparo del Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA”, por sus siglas en inglés. La entidad, con el visto bueno del Congreso de los Estados Unidos, así acuerda con el gobierno local. Parte de la deuda de Puerto Rico está oficialmente bajo un proceso especial al amparo de dicho título.

– El 5 de mayo de 2017, el Juez Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos nombra a la juez de Distrito, otrora juez del Tribunal de Quiebras, Laura Taylor Swain, quien tendrá a cargo la sala donde se estará litigando el pleito bajo el Título III.

– El 22 de junio de 2017, el gobernador enviaba una carta a la JCF, con el fin de comunicarle que no pondría en vigor una reducción en la jornada laboral. Medida que para esa fecha era, una exhortación basada en el Plan Fiscal del 13 de marzo de 2017.

– El 30 de junio de 2017, haciendo valer el mandato que le otorgó la Ley Promesa, la Junta de Control Fiscal (JCF) dictó que Puerto Rico tendrá que vivir el próximo año fiscal (2017-2018) con el presupuesto que ellos determinaron, y no con el que había presentado el gobernador Ricardo Rosselló.

– Si bien las versiones propuestas por la JCF y el gobierno coincidían “en más de 90 por ciento”, según declaraciones del presidente José Carrión, éste insistía en que el presupuesto que entraría en vigor era el de la JCF. Para esa sesión de la Junta se discutieron asuntos como la solicitud de protección de quiebra para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

– Al 30 de junio de 2017, la JCF aceptó colocar a la Autoridad de Energía Eléctrica bajo las protecciones de quiebra establecidas en el Título III de la Ley Promesa.

– El 4 de agosto de 2017, en reunión celebrada en el Hotel El Conquistador en Fajardo, la Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó una reducción de la jornada laboral de un 10% a partir del 1 de septiembre, lo que representaba dos días menos al mes para los empleados de gobierno.

– En esa misma reunión, Cristian Sobrino (representante del Gobernador ante la JCF) desafió a la Junta y afirmó que “no habrá reducción de jornada laboral”. El representante del gobierno fue más lejos y pidió que se dejara claro que “en Puerto Rico hay un solo gobierno, y está dirigido por Ricardo Rosselló”.

– Posteriormente, la Junta analizó la situación de los Sistemas de Retiro y anunció que habría una reducción de 10% en los pagos de pensiones. Ana Matosantos aclaró que, aunque agradecía “el interés en proteger a los retirados”, el sistema actual no contaba con los recursos necesarios para ser sostenible.

– Ese mismo viernes, 4 de agosto, el gobernador Ricardo Rosselló se dirigía al pueblo en un mensaje de ocho minutos, estableciendo que su gobierno había tomado decisiones difíciles, sin despedir empleados públicos, y manteniendo la reserva de $291 millones al cierre del año fiscal. En cuanto a la reducción de la jornada laboral, decía el Gobernador que “no se justifica ni es necesaria”.

– Entre tanto, William Villafañe, Secretario de la Gobernación, expresó en una carta a todos los secretarios, directores, jefes de agencias y demás instrumentalidades que “todas las entidades de la Rama Ejecutiva deberán continuar sus operaciones como de costumbre”.

– Para esta fecha se fraguaba una discusión que apuntaba hacia una controversia que se dirimiría en los tribunales. La posición de la Junta era que el plan fiscal aprobado por éstos el 13 de marzo, añadió como anejo la recomendación de reducción de jornada laboral a los empleados públicos. Tras la aprobación del Plan, el gobernador Ricardo Rosselló realizó una conferencia de prensa en el jardín de Fortaleza junto a todo su equipo de trabajo, en la que celebraron el Plan Fiscal aprobado.

– Sobrino alegaba que la recomendación no se había hecho oficialmente, de modo que el gobierno no podía objetar en aquel momento la reducción de jornada en términos procesales.

– Por su parte, Carrión III respondía para aquel entonces: “Nosotros no consideramos esto una recomendación, esto fue un elemento integral del Plan Fiscal certificado. Al ser un elemento integral, no es una alegación como alega el gobierno y por lo tanto, nosotros estamos haciendo valer lo que acordamos, lo que pactamos con el gobierno el 13 de marzo”.

– El martes, 8 de agosto de 2017, Carrión III enviaba misiva al Gobernador estableciendo lo siguiente: “En caso de que el Gobierno no cumpla con el programa de la reducción en la jornada de trabajo que se describe en esta carta, la Junta de Supervisión utilizará todos los medios oportunos para hacer cumplir el Plan Fiscal certificado, según lo requiere PROMESA. Esto puede incluir solicitar una determinación judicial de que la reducción en la jornada de trabajo es una parte obligatoria del Plan Fiscal y que el Gobierno carece de autoridad para no cumplirla”.

– En el mes de septiembre, Puerto Rico fue azotado por el huracán Irma y María.

– Ambos huracanes dejaron destrucción a su paso y el sistema eléctrico del país colapsó en su totalidad. Miles de familias de la noche a la mañana perdieron sus trabajos, viviendas y propiedades.

– El gobierno calculó el daño a un costo de reconstrucción de 95 billones de dólares.

– La movilización de agencias federales, como FEMA y otras, comenzaron a desplegar su quehacer, mientras autoridades locales exponían que la respuesta del gobierno federal era lenta e ineficiente.

– Días después, el gobierno había decretado un toque de queda por orden ejecutiva, mientras en la calle ocurría una crisis con el suministro de alimentos, agua potable y gasolina.

– El 3 de octubre de 2017, la Junta solicitó al Congreso de los Estados Unidos que tomara acción para atender la situación de Puerto Rico post María.

– El 31 de octubre de 2017, la Junta de Control Fiscal se reúne por primera vez, luego de los dos huracanes.

– Entre muchas cosas la nueva controversia de asomaba, cuando se habló sobre el nombramiento de Noel Zamot como oficial de transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

– Ante el nombramiento de Zamot a la AEE, el Gobernador suscribió el siguiente mensaje: “La gerencia del Gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas recae exclusivamente sobre los oficiales democráticamente electos y nombrados de acuerdo a la ley de Puerto Rico. El Pueblo puertorriqueño le ha encomendado a su Gobierno electo la sana administración de sus fondos y entidades gubernamentales, y el Gobierno de Puerto Rico será celoso en defender al Pueblo de cualquier acción que busque minar dicho proceso, venga de donde venga”.

– Esta controversia terminó ante la sala de la juez Laura Taylor Swain. La misma determinó que la Junta no tenía la facultad para dicho nombramiento.

– Luego del revés judicial, se levantaron reclamos para que el Congreso de los Estados Unidos enmendara la ley PROMESA, con tal de poner límites a la Junta. No obstante, los republicanos en el Congreso entendieron que tal cosa no era necesaria.

– Durante el mes de enero de 2017, y mientras muchos de los ciudadanos aún seguían sin el servicio de energía eléctrica, el Gobernador de Puerto Rico anunciaba la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica.

– El 25 de enero de 2018, el nuevo plan fiscal del Gobierno de Puerto Rico proyecta una caída en el producto nacional bruto este año de 11.2%, para luego aumentar en años subsiguientes al contar con la entrada de sobre $57,000 millones en ayuda federal de desastre y dinero por reclamaciones de seguros.

– En el nuevo Plan Fiscal, el gobernador se expresó en cuanto a las pensiones diciendo lo siguiente: “Sobre las pensiones, nuestra posición es de no recortes y por eso no lo incluimos en este proceso. Hemos tenido una diferencia en el pasado […] Es uno de los sectores más vulnerables”.

– El plan trazado para aquel entonces, proponía una serie de iniciativas de transformación en el gobierno y económicas que generarían unos $3,000 millones en ahorros. El primero es un nuevo modelo gubernamental que contempla la reorganización, principalmente de los Departamentos de Educación, Corrección y Salud para lograr ahorros que irían de los $334 millones en 2019 y proseguirían en aumento cada año hasta llegar a los $1,264 millones en 2022.

– A finales de enero, la Junta mediante moción urgente, y ante la eventualidad de que en febrero la AEE se quedaría sin liquidez, se le solicitó a la jueza Laura Taylor Swain, que concediera que la corporación pública pudiera obtener un préstamo de $1,300 millones del fondo general de Puerto Rico.

– En cuanto a los planes propuestos por fortaleza ante la Junta, el 6 de febrero de 2018, La JCF envió tres cartas al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, en las que solicitaba revisiones a los planes fiscales propuestos para el gobierno central, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

– Para tal revisión, la Junta extendió un plazo al Gobernador al 12 de febrero de 2018.

– El Gobernador accede a la revisión solicitada, y le dice a la prensa que su administración iba a cumplir con el plazo otorgado por la Junta.

– La segunda semana de febrero, la jueza Taylor Swain accedió a la vista en solicitud del préstamo de $1,300 millones al Fondo General de Puerto Rico, a favor de la AEE. Luego de varios trámites procesales, la jueza terminó aprobando un préstamo de $300 millones de dólares, según la evidencia que pudo presentar la administración.

– Durante el mes de febrero, se desataba otra controversia con las propuestas del Gobernador para restructurar el gobierno. Esta vez era hacer del Instituto de Estadísticas, una operación bajo una alianza público privada.

– El miércoles, 14 de febrero, la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, envió una carta al gobernador Rosselló Nevares en la que le expresó su recomendación de que permanezca el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, como una institución independiente del gobierno.

– El 7 de marzo de 2018, la Jueza Swain pide moderación en gastos por honorarios de profesionales que trabajan con la Junta de Control Fiscal.

– El 8 de marzo de 2018, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, alertó de una segunda reforma laboral del gobernador Ricardo Rosselló Nevares “que llevará a los trabajadores a la esclavitud en tiempo modernos”.

– El 20 de marzo, la Junta de Control Fiscal anunciaba que sostendría su duodécima reunión pública –y la séptima que se realizó en Puerto Rico- el pasado lunes, 26 de marzo a partir de las 8:30 de la mañana en el Centro de Convenciones en San Juan.

– El motivo principal de la reunión era certificar los planes fiscales revisados del Gobierno de Puerto Rico, y de las Autoridades de Energía Eléctrica (AEE) y de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

– A la fecha reseñada, el gobierno y la Junta de Control Fiscal no habían podido llegar a un acuerdo que permitiera que la Junta certificara los planes fiscales.

– Esta misma semana, el Gobernador anunciaba una nueva reforma laboral, donde se eliminaría la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, se reduciría las licencias por vacaciones y enfermedad, y se eliminaría el bono de Navidad y un alza en el salario mínimo. Todo esto anclado en una teoría de hacer la isla más atractiva a la inversión de capital.

– El anuncio de la nueva reforma laboral causó que el sector obrero del país comenzara a movilizarse. Algunos economistas y abogados hablaban de las repercusiones de esta segunda reforma. En días posteriores al anuncio, la propuesta comenzó a causar revuelo.

– El 28 de marzo de 2018, la Junta de Control Fiscal (JCF) notificó que los planes fiscales del gobierno central continúan en violación y no podían ser certificados, ya que habían diferencias irreconciliables entre las medidas de política pública a ser adoptadas.

– Acto seguido, el Gobernador anuncia que su administración desistía de la idea de realizar una segunda reforma laboral. A esos efectos, el Gobernador acotó: “La Junta pretende dictar la política pública del gobierno, y eso, además de ser ilegal, es inaceptable. A esos fines, les informo que dejo sin efecto la propuesta Reforma Laboral, que incluye el recorte a días por vacaciones y enfermedad y la eliminación del Bono de Navidad”.

– Días antes de cumplirse el plazo del 5 de abril de 2018 para presentar el Plan Fiscal ante la Junta, el Gobernador anuncia que lo presentado no contará con las medidas solicitadas por la Junta en cuanto a los pensionados y la reforma laboral.

– Ante toda la tirantez de la Junta con el gobierno central, con el aval de todas las delegaciones, el Senado de Puerto Rico dio paso a la resolución del portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, para detener el desembolso de fondos a la Junta de Control Fiscal.

– La mencionada medida, no contó con los votos en la Cámara de Representantes. (Aunque técnicamente sigue con vida)

– Debido al impase, la Junta de Control Fiscal terminó aprobando su versión del Plan Fiscal para el gobierno central, y las Corporaciones Públicas, incluyendo un lenguaje que impondría a la Asamblea Legislativa adoptar una reforma laboral, según se había anunciado.

• Ese Plan Fiscal contiene medidas en diversas direcciones tales como:

• Recortes al Departamento de Educación y a la Universidad de Puerto Rico.

• La mencionada reforma laboral elimina beneficios y protecciones que considera “excesivas” a cambio de un modesto aumento en el salario mínimo. El Plan estima que una vez implementada dicha reforma, aumentará la tasa de participación laboral, aumentará el ingreso, se reducirá la pobreza y el déficit fiscal se reduciría.

• Cambios al Programa de Asistencia Nutricional, para que los beneficiarios de cierta edad y perfil tengan que trabajar un mínimo de 80 horas al mes, o participar en actividades de entrenamiento o servicio voluntario, para recibir los beneficios.

• Un recorte en los beneficios a los pensionados de 10%, en promedio. Estos recortes se basan en la siguiente fórmula: (1) se determina la cantidad mensual promedio de la pensión sumando la cantidad mensual de la pensión regular y de la pensión por ley especial, la aportación para el plan médico, y una doceava parte de los bonos de Navidad y de medicinas; (2) se reducen estos beneficios mensuales por 25%; y (3) a esa cantidad se le añaden $150 (o $250 si no recibe Seguro Social) para reducir el impacto que sufrirían aquellos con los beneficios más bajos.

– La aprobación del Plan Fiscal por parte de la Junta, contó con el voto en contra de Ana Matosantos, quien advirtió que “[s]implemente no estoy dispuesta a aprobar recortes a los fondos de los envejecientes, niños y adultos con discapacidades. Acuchillar los fondos de la Universidad de Puerto Rico. Hacer los cortes más grandes a las pensiones de todo Estados Unidos e imponer otro sinnúmero de medidas de austeridad, cuando eso significa que más dolor vendrá.”

– Acto seguido, el Gobernador reitera su negativa a acatar imposiciones de la Junta de Control Fiscal.

– En este extremo, el Gobernador afirmaba lo siguiente: “Como siempre hemos establecido, los asuntos de índole fiscal en términos de cuál es el número, eso le compete a la Junta de Supervisión Fiscal, pero la política pública de Puerto Rico la establece el Gobierno de Puerto Rico”.

– Entretanto, el 24 de abril de 2018, varios individuos, sindicatos y grupos cívicos presentaron una demanda en el tribunal federal en Puerto Rico contra el Gobierno de Estados Unidos -en una acción que desafía la constitucionalidad de la Junta de Control Fiscal- para que se responsabilice por la deuda de la isla de $70,000 millones.

– Mientras tanto, La Junta de Control Fiscal aprobaba por mayoría de votos los planes fiscales para la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Universidad de Puerto Rico (UPR).

– El 26 de abril de 2018, La Junta estimaba que los ingresos al Fondo General para el año fiscal 2019 ascienden a $8,500 millones, lo que significa que el presupuesto para ese año no debería ser mayor que dicho monto para que esté balanceado.

– Todos estos sucesos tuvieron su efecto en la sociedad civil. Mientras se aproximaba la fecha del 1 de mayo, el liderato obrero del país hacía un llamado a realizar un paro en contra de las medidas de austeridad, conmemorando el Día Internacional de los Trabajadores.

– Ese mismo día, el presidente del Senado de Puerto Rico, citaba a José Carrión III, con tal que éste compareciera a una vista pública en torno a la reforma laboral. Carrión III no asistió.

– El 1 de mayo de 2018, se realizó la anunciada manifestación. El anuncio del paro causó que centros comerciales y otros negocios decidieran no abrir sus puertas, algunos por seguridad y otros por solidaridad con los manifestantes. El evento culminó con una confrontación entre la policía y manifestantes, y una cantidad indeterminada de arrestos.

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