Denuncian fallas en borrador de plan de acción del Gobierno para uso de 1.5 mil millones en fondos federales CDBG-DR

Más de ochenta entidades proveedoras de servicios legales, líderes comunitarios, organizaciones de base, activistas y defensores del acceso a la justicia en Puerto Rico y Estados Unidos denunciaron hoy las fallas del borrador de plan de acción que el Gobierno de Puerto Rico publicó para el uso de $1.5 mil millones de dólares en fondos federales Community Development Block Grant- Disaster Recovery (CDBG-DR). Estas se unieron a los comentarios presentados por la iniciativa de educación y apoyo legal comunitario Ayuda Legal Huracán María (Ayuda Legal) al Departamento de la Vivienda local (DV) el pasado viernes, 25 de mayo.

Los fondos CDBG-DR son asignados por el Gobierno federal a través del Departamento de Vivienda federal (HUD) para la recuperación a largo plazo luego del huracán María. El Gobierno de Puerto Rico es responsable de desarrollar y presentar a HUD un plan de acción sobre el manejo de estos fondos, usando como punto de partida la participación amplia y efectiva de la sociedad civil. Este plan de acción debe ir dirigido a identificar las necesidades descubiertas vivienda, infraestructura y desarrollo económico de las comunidades tras el huracán.

Durante las semanas previas a la publicación de este documento, y junto a diversas entidades de base y comunidades, Ayuda Legal gestionó una jornada de educación, participación comunitaria amplia y abogacía dirigida a garantizar el manejo efectivo de los fondos CDBG-DR. Así también, se solicitó una extensión de 30 días al término para la presentación de comentarios de la ciudadanía y la celebración de nuevas vistas públicas que garanticen la participación real comunitaria. Ambas peticiones fueron denegadas por el DV.

Luego de analizar el borrador del plan de acción que el gobierno publicó el pasado 10 de mayo, Ayuda Legal concluyó que el Gobierno no proveyó información adecuada ni accesible a las comunidades sobre los fondos, su uso adecuado o los criterios de participación. El Gobierno tampoco ofreció oportunidad adecuada de participación comunitaria, contrario a lo que exige la reglamentación federal. Incluso, Ayuda Legal señaló que el Gobierno se basó en datos imprecisos, y que ofreció un plan vago, ambiguo y redactado de manera deficiente, viciando por completo el borrador del Plan. De igual forma señalaron que el plan carece de mecanismos adecuados que aseguren confiabilidad y transparencia en el manejo de dichos fondos.

“Estos problemas de vaguedad, la falta de mecanismos para evitar la corrupción con estos fondos, la poca relación entre los proyectos propuestos y las necesidades que las propias comunidades han identificado a ocho meses del paso de los huracanes, son el resultado de un plan apresurado, sin espacio de participación y dirigido a otros intereses”, señaló la Lcda. Ariadna Godreau-Aubert, coordinadora de Ayuda Legal. “Ni estas vistas ni el término de comentarios fueron suficientes para ofrecer la información y los mecanismos adecuados para que la gente participe, defienda la integridad de sus comunidades y exija una recuperación justa y equitativa después del desastre”, concluyó.

La Lcda. Mariel Quiñones Mundo, parte de Ayuda Legal, indicó que “[a]unque la participación ciudadana es un requisito a nivel federal, el Gobierno incumplió de distintas maneras con ese requisito. El Gobierno ni siquiera hizo accesible la información sobre el proceso en español. Se hicieron vistas públicas que realmente fueron pro forma, que no fueron debidamente notificadas a las comunidades y a las que principalmente acudieron alcaldes a presentar sus proyectos. Muchas de las propuestas de los municipios contemplan el desplazamiento de comunidades históricamente vulnerables, las cuales no han sido escuchadas, pues no se les ha dado oportunidad real para ello”.

Este borrador del plan solo está relacionado con los primeros $1.5 mil millones de dólares del total de $18.5 mil millones en fondos CDBG-DR. Ayuda Legal entiende que esta primera asignación debe dar prioridad a las necesidades más urgentes, priorizando las necesidades de vivienda digna de las poblaciones más vulnerables.

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