Peligran derechos adquiridos de abogados de Servicios Legales de Puerto Rico

El convenio colectivo de la Unión de Abogados y Abogadas de Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR) vencerá el próximo 30 de junio. A pesar de las múltiples gestiones realizadas por el sindicato para que SLPR se siente en la mesa de negociaciones, ha sido inútil tal esfuerzo. Así lo denunció en comunicado de prensa el presidente de la Unión, Lcdo. Manuel López Gay.

“El pasado 23 de abril nos reunimos con el patrono en lo que se suponía sería la primera reunión de negociación del convenio colectivo, la cual no se realizó con la excusa de que ellos no tenían constituido su comité negociador. De ahí en adelante han sido excusas tras excusas para suspender las reuniones o no fijar fecha para negociar, tales como objetar la composición de nuestro comité negociador, negarse a proveernos información financiera de la Corporación, no presentar propuesta de convenio, entre otras, lo que ha dejado demostrado sin lugar a dudas, que la Gerencia y la Junta de Directores pretenden continuar atrasando el proceso de negociación hasta dejarnos sin convenio colectivo”, expresó.

Destacó López Gay que Servicios Legales de Puerto Rico es conocido como el “bufete de los pobres” porque le sirve a la población de escasos recursos en la Isla: estudiantes de educación especial en las escuelas públicas, mujeres víctimas de violencia de género, comunidades amenazadas por la contaminación ambiental, sectores pobres que ven amenazados sus hogares por el desarrollado desmedido, son algunos ejemplos del trabajo esencial que realizan los abogados de SLPR.

“En estos momentos este grupo de trabajadores y trabajadoras ve amenazada su subsistencia porque la Gerencia del SLPR les niega el derecho, estipulado por ley a través del convenio colectivo, de negociar un nuevo convenio que regirá las relaciones obrero-patronales por los próximos 3 años. Aún cuando la Unión ha insistido, desde marzo de este año como estipula el convenio, en comenzar las negociaciones y ha allanado el camino, sorteando los obstáculos que la Gerencia ha puesto para evitar comenzar las negociaciones, SLPR ha argumentado todo tipo de excusas para no sentarse a negociar, lo que, a nuestro entender, es evidencia inequívoca de que no tienen intención alguna de negociar de buena fe y que pretenden dejar a los abogados que brindan los servicios directos a los clientes sin garantías mínimas, además de que con su proceder exponen a la institución que administran a reclamaciones que podrían impactar los fondos que reciben”, enfatizó el líder sindical.

El presidente de la Unión puntualizó que no sólo están en riesgo sus empleos y derechos adquiridos sino que además están en riesgo el acceso a la justicia de miles que no pueden defenderse, ya que no tienen los recursos para hacerlo y estos abogados son quienes viabilizan el acceso a una población pobre que, de otra manera, no podría valerse en el Tribunal. “Por el bien de la institución, la paz laboral y de los clientes pobres a quienes les servimos, le hacemos un llamado a la Gerencia de SLPR a que recapacite y se siente a negociar de buena fe”, concluyó el Lcdo. López Gay.

Servicios Legales de Puerto Rico es una meritoria institución, forjada en la experiencia de 50 años de servicios a nuestra gente. Su aportación en cuanto a la igualdad de derechos incluye pleitos de gran impacto social que han enriquecido la vida civil de nuestro pueblo. Tan reciente como en el 2016, los centros de Servicios Legales alrededor de la isla mantuvieron activos aproximadamente 11,900 casos en asuntos tales como derecho de salud, educación, familia, laboral, ejecuciones de hipotecas, desahucios y quiebras, entre otros. Este trabajo se realiza con apenas 75 abogados y abogadas comprometidos y dedicados de lleno a trabajar para que la pobreza no represente barrera a la equidad y a la justicia. En medio de la crisis fiscal que atraviesa Puerto Rico, las organizaciones que, como Servicios Legales prestan servicios gratuitos a los menos afortunados, son más necesarias que nunca, pues cumplen con proveer un servicio esencial que el Estado no provee.

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