Lee el informe: Justicia ambiental, desigualdad y pobreza en Puerto Rico
El Instituto Caribeño de Derechos Humanos y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, publicaron recientemente un informe en el que se detallan las violaciones de derechos humanos que han sufrido los ciudadanos de Puerto Rico, tras el paso de los huracanes Irma y María.
El informe, titulado «Justicia ambiental, desigualdad y pobreza en Puerto Rico», fue presentado durante el pasado mes de diciembre, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington D.C. En dicha audiencia estuvieron presentes más de 32 delegados de Puerto Rico, representados por Bethsaida Bosa Matos, Kianis Figueroa y Modesta Irizarry. Su publicación tiene el propósito de denunciar las violaciones de derechos humanos en Puerto Rico, experimentados con más fuerza después del impacto de los huracanes Irma y María.
«[E]stas violaciones no son el resultado directo de los huracanes, sino más bien de fallas estructurales y políticas que priorizan otros intereses a costa de la salud y el bienestar de nuestra población. En este sentido, el mal manejo de la emergencia ambiental comenzó mucho antes de los huracanes, con la desregulación de proyectos de desarrollo con gran impacto ambiental, la proliferación de proyectos energéticos contaminantes, la marginación de comunidades vulnerables, el desmantelamiento de los servicios públicos y la ausencia de planes sensibles para la reubicación segura y respetuosa de las comunidades vulnerables a espacios adecuados de vivienda, entre otros», indica el informe.
El dossier fue preparado por un conjunto de organizaciones, instituciones académicas e individuos, que decidieron documentar las condiciones en que permanecen los residentes de Puerto Rico, luego del paso de los huracanes.
«Cada uno de los capítulos del informe fue escrito por grupos de personas que recabaron información de manera voluntaria, con el único propósito de documentar las violaciones de derechos humanos y las condiciones de precariedad en la que se encuentran las poblaciones más vulnerables en nuestro país. En cada visita realizada se pudo observar las graves condiciones de nuestras comunidades más pobres, y ello nos movió a documentar las experiencias vividas en escuelas, refugios, barrios, égidas, residenciales, hospitales, cárceles, entre otros», indica la nota de la editora, Anette Martínez Orabona.