El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó la pasada semana la ley que establecerá la política pública energética de Puerto Rico y la cual requiere la eliminación progresiva del uso de combustibles fósiles como fuente de generación de energía. Con este fin, se establece una nueva cartera de energía renovable: eliminar 20 por ciento de combustibles fósiles al 2022; 40 por ciento al 2025; 60 por ciento al 2040; y un 100 por ciento para el año 2050.
Rosselló Nevares añadió que esta nueva medida, junto con la ley para la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), proveerá las herramientas necesarias para reformar la manera en que el país ha visto la producción y el consumo energético.
La medida provee una reconstrucción, modernización y actualización rápida y efectiva de la red para desarrollar un sistema robusto, confiable, inteligente y flexible que pueda integrar nuevas tecnologías y mayor energía renovable. La nueva ley también establece la transferencia de la operación y el mantenimiento de la transmisión y distribución de energía a un concesionario mediante alianza público-privada (APP) en o antes del 31 de diciembre de este año.
Por su parte, el principal oficial ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz Vázquez, indicó que la baja en los costos de energía solar y los sistemas de baterías harán posible la implantación de esta ley, con muchas opciones al abonado y añadiendo resiliencia en la red.
Mientras, el senador Larry Seilhamer Rodríguez sostuvo que esta ley encamina a Puerto Rico en la dirección correcta, colocándonos en un futuro cercano a la generación de energía a menor escala, en la que los mayores proveedores sean los propios consumidores, las cooperativas de energía, consorcios municipales, microrredes, entre otros, y entiende que Puerto Rico está ahora a la vanguardia con otras jurisdicciones y lugares en el mundo que se mueven a producir el 100 por ciento de electricidad con fuentes de energía renovables.
Asimismo, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Energía, el representante Víctor Parés Otero, explicó que esta ley va a establecer las guías correctas para que Puerto Rico cuente con un sistema energético confiable, moderno y resiliente que sirva de vehículo para un desarrollo económico sostenible. Expresó además dicha ley establece unas salvaguardas para que el proceso de privatización sea transparente y beneficie al consumidor.
El decreto ordena a la AEE transferir a compañías privadas los activos de generación mediante venta o APP, y puntualiza que ninguna compañía, en ningún caso, podrá alcanzar el 50 por ciento o más de los activos de generación. Los contratantes que adquieran u operen las plantas de generación de la AEE deberán modernizarlas o sustituirlas por plantas altamente eficientes en un periodo no mayor a cinco años.
Asimismo, las nuevas plantas que se establezcan durante la transición a 100 por ciento renovables tendrán que ser centrales de menor escala. Deberán, además, tener la capacidad de operar con múltiples combustibles que minimicen las emisiones de gases de efecto invernadero, con tecnología más moderna y de alta eficiencia, y con capacidad para integrar generación distribuida y energía eléctrica renovable.
Por otra parte, la nueva ley promueve el desarrollo de energía renovable distribuida al establecer una Absoluta Medición Neta al Detal (full retail net metering) para los participantes del Programa de Medición Neta. Bajo este programa, un cliente con un sistema de generación elegible —que utilice una fuente renovable de energía— puede exportar a la red de la AEE el exceso de energía que su sistema genere.
La AEE medirá la energía que el cliente exporte a la red y facturará al cliente por la energía neta que este consuma; la energía neta es igual a la energía consumida por el cliente menos la que este exporte a la red. Si el cliente exporta más energía de la que consume de la AEE, el exceso se contabilizará en su cuenta y podrá utilizarlo en meses subsiguientes. Mediante el Programa de Medición Neta y bajo la nueva medida, el operador de la red compensará al consumidor-proveedor por la energía que exporte a la red a la misma tarifa por kilovatio hora al que compra la energía de la red, luego de que consuma la energía autogenerada.
El decreto, además, fortalece el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) como ente regulador encargado de ejecutar la implementación de la política pública energética. El presupuesto del Negociado se aumentará a $20 millones, se le otorgará mayor autonomía operacional y se le darán nuevas facultades para regular mediante mecanismos basados en métricas de desempeño de las compañías de energía.
Por otra parte, la medida crea un Fideicomiso de Energía Verde que promoverá que los consumidores puedan convertirse en consumidores-proveedores. El Fideicomiso estará encargado de establecer programas o apoyar financieramente a proyectos que provean acceso a energía verde a residentes en comunidades de bajos y medianos ingresos. La entidad, además, apoyará a empresas municipales de energía, así como a comunidades solares, microrredes en comunidades aisladas y aquellas comunidades de bajos y medianos ingresos; y facilitará el financiamiento de proyectos de energía verde en pequeñas y medianas empresas (Pymes) o microempresas.
Se informó, además, que la nueva ley ordena reemplazar el 100 por ciento del alumbrado público por luces LED o renovables para el 2030; y también garantiza que ningún empleado de la AEE pierda su empleo. La medida también facilitará el desarrollo de proyectos de energía renovable a gran escala mediante la incorporación del proceso expedito de permisos dispuesto en la Ley 76-2000.
El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino, destacó que la firma en ley del Proyecto del Senado 1121 envía un mensaje contundente a los mercados de inversión y la industria energética internacional, de que en Puerto Rico hay consenso, voluntad y determinación para transformar su sistema energético a uno resiliente y de avanzada.
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