Proyecto que obligaría a referir a Justicia casos de hurto de energía

En la reanudación de las vistas públicas sobre la Resolución de la Cámara 64, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, Víctor Parés Otero, mostró la pasada semana documentos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) certificando que la entidad gubernamental tuvo pérdidas aproximadas de unos $146 millones como consecuencia del hurto de energía eléctrica durante los pasados seis años.

La certificación firmada por Fauto J. Vergés Torres, jefe de la División de Irregularidades en el Consumo de Energía Eléctrica (ICEE), revela que para el año fiscal 2018-2019, la Autoridad recobró $11,830,964 de $44,520,921 facturados.

En el año fiscal 2017-2018 la AEE reportó unos $8.5 millones a facturar, recobraron alrededor de $7.2 millones. La certificación hace una nota indicando que debido a los huracanes Irma y María se paralizaron las labores de la División desde el 2 de septiembre de 2017 y que retomaron las operaciones en septiembre de 2018, refiriéndose a la ICEE.

Asimismo, el documento detalla que para los años fiscales 2016-2017 y 2015-2016, la Autoridad facturó $40.6 millones y $59 millones, respectivamente, de los cuales pudo cobrar $18.8 millones y $19.2 millones en esos años. De la misma forma, recuperaron $18 millones de $45 millones para el 2014-2015; y $12.6 millones de sobre $36 millones correspondientes al 2013-2014.

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Ante dicha situación, el representante Parés Otero notificó en dicha vista pública que radicó el Proyecto de la Cámara 2284, que crea la “Ley para Referido Obligatorio de Casos por Huerto Energía”, con la intención de obligar a la AEE a referir los casos de hurto de energía al Departamento de Justica (DJ). El presidente de la comisión sostuvo que existe una alta impunidad con relación a este tipo de conducta delictiva sin mayores consecuencias.

La medida propone que en todos los casos donde la AEE comience un proceso administrativo contra un abonado por alegada irregularidad relacionada al hurto de energía, sea obligatorio el referido a Justicia para la activación de los mecanismos penales correspondientes.

Ante este problema con los casos de hurto, el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y el DJ, señalaron en la vista no tener jurisdicción, ya que la corporación pública trabaja los casos de manera administrativa.

El licenciado Héctor López Sánchez, comisionado del NIE, expresó que no cuentan con jurisdicción primaria en las faltas administrativas que cometan las personas naturales o jurídicas en cuanto al hurto de energía eléctrica, y señaló que con la aprobación de la “Ley del Departamento de Seguridad Pública” no se incluyeron dichas funciones a los agentes del NIE, por lo que no atienden este tipo de investigación, excepto que se trate de corrupción gubernamental dentro de la AEE.

En cuanto al Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), el comisionado López Sánchez aclaró que los Miembros de la Uniformada sirven de apoyo a los empleados de la Autoridad en ocasiones especiales, como por ejemplo en lugares de alta incidencia criminal, o de surgir algún contratiempo que impidan las labores de los empleados de la AEE. Mientras que Huldali Figueroa López, asesora legal de DJ, explicó que la AEE atiende el hurto de energía de forma administrativa mediante reglamento.

En cuanto a la nueva legislación presentada por Parés Otero, los representantes del componente de Seguridad solicitaron tiempo para estudiarla y someter a la Comisión sus respectivos comentarios.

Dicho proyecto, que obligaría a referir al Departamento de Justicia aquellos casos de hurto de energía, y a su vez establece las garantías procesales relacionadas a dicho procedimiento, fue radicado el martes, 8 de octubre de 2019, y referido a la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara el jueves, 10 de octubre.

Antes de finalizar la vista, el Presidente de la Comisión recordó que el costo de hurto energético es transferido a los clientes honestos, por lo que es necesario adoptar medidas que disuadan este tipo de práctica.

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