Descarga el amicus brief de la ACLU: U.S. Departmant of Justice v. Michelle Ricco Jonas
La ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles, por sus siglas en inglés) compareció ante el Primer Circuito bajo las firmas de la fundación ACLU, y los capítulos ACLU de New Hampshire, Puerto Rico, Maine, Massachusetts, y Rhode Island, para argumentar que ni la DEA (Administración para el Control de Drogas), ni cualquier otra agencia federal tiene la potestad para requerir información médica privada de los clientes de farmacias que llenan sus recetas. Cualquier intento de requerir dicha información médica tiene que venir acompañado de una orden judicial basada en causa probable de la comisión de un delito.
Intentos de las agencias federales como la DEA de ir tras médicos inescrupulosos que se prestan para ilegalmente recetar opioides no pueden ser excusa para violar el derecho que tiene todo paciente a que su información sobre condiciones médicas que sufren y medicamentos que toman no se haga público.
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El caso origina en el estado de New Hampshire, que, como Puerto Rico, cae bajo la jurisdicción del tribunal federal apelativo en Boston. Dicho estado, así como otros 48 estados y Puerto Rico, administra una base de datos que documenta las recetas de medicamentos controlados que llenan los farmacéuticos, como Xanax, testosterona, Ritalin, y un sinnúmero de analgésicos. Esta base de datos funciona como un instrumento de salud pública que permite a los médicos y farmacéuticos acceder a información que les permita monitorear recetas con potencial de ser adictivas. Esta base de datos contiene información muy sensitiva y potencialmente dañina al paciente, por lo que la necesidad de acceder la información debería justificarse ante un tribunal.
La DEA argumenta que por ser agencia federal ellos pueden ignorar leyes estatales sobre privacidad y proceder sin orden judicial. El impacto de conocer que información médica podría hacerse público podría tener, en algunos pacientes, el efecto de no acudir a tratamiento para ciertas condiciones. Insistir en un cedazo judicial es buena política pública y es cónsono con protecciones constitucionales bajo la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU. sobre registros y allanamientos irrazonables.