La Cámara de Representantes aprobó en sesión ordinaria del sábado, 28 de marzo de 2020 la Resolución Conjunta del Senado 493 a los fines de apoyar y avalar las acciones propuestas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced para la concesión de medidas para atender la crisis económica provocada por el COVID-19 (coronavirus) como parte de un paquete de estímulo económico ascendente a $787 millones.
La medida dispone que los fondos destinados para estas iniciativas provendrán del Fondo de Emergencia creado por virtud de la Ley Núm. 91 del 21 de junio de 1966, según enmendada. Autoriza también la reprogramación presupuestaria necesaria, siempre que se notifique a la Asamblea Legislativa y ésta no objete la misma. Cualquier objeción deberá hacerse mediante Resolución Concurrente aprobada por ambos cuerpos.
La medida desglosa las inciativas económicas a ser implementadas.
A saber:
- Extensión del periodo de pagos de contribuciones sobre ingresos hasta el 15 de julio de 2020.
- Suspensión del cobro sobre Impuesto Ventas y Uso (IVU) en los muelles y en la cadena de reventa por los próximos tres (3) meses.
- Suspensión del requisito de retención del diez (10) por ciento en el origen de pagos por servicios profesionales.
- La no imposición de penalidades por incumplimiento de remitir el IVU quincenal por dos meses; ni por incumplimiento con el pago de los primeros plazos de la contribución estimada.
- Incentivo de quinientos (500) dólares a todos los trabajadores por cuenta propia.
- Aportación de mil quinientos (1,500) dólares como incentivo a todas las pequeñas y medianas empresas que hayan cesado operaciones durante la emergencia a raíz del COVID-19, brindando prioridad a los pequeños y medianos comercios, con cincuenta (50) empleados o menos, que no cualifican para las ayudas federales.
- Un bono de hasta cuatro mil (4,000) dólares para todas las enfermeras en el sistema de salud público y privado, y de dos mil quinientos (2,500) dólares para los técnicos de salud que asisten en estas labores.
- Aportación de hasta cuatro mil (4,000) dólares para personal de respuesta de emergencias médicas; y de hasta tres mil quinientos (3,500) dólares para policías, bomberos, oficiales correccionales, entre otros.
- Doscientos cuarenta millones (240,000,000) de dólares, para la compra de tabletas, software y adiestramiento para, aproximadamente, 325,000 maestros, estudiantes y directores del Departamento de Educación, para fomentar la educación a distancia.
- Una asignación de treinta millones (30,000,000) de dólares, para ser distribuidos por dos (2) meses, para asistir a la compra de equipo en hospitales públicos, para reponer toda compra en respuesta de la emergencia relacionada al COVID-19.
- Una asignación de veinte millones (20,000,000) de dólares, para la compra de equipo y cualquier otro gasto necesario para el Departamento de Corrección de Rehabilitación y los componentes del Departamento de Seguridad Pública, entiéndase la Policía de Puerto Rico y cualquier otro negociado que se determine mediante Orden Ejecutiva de la Gobernadora.
- Una asignación de cincuenta millones (50,000,000) de dólares, para ser distribuidos por dos (2) meses, para aquellas pérdidas que puedan haber afectado a los municipios por la emergencia. La Rama Ejecutiva establecerá los requisitos para una distribución proporcional y equitativa para cada municipio.
- Aumento en los beneficios por desempleo a partir del 1 de julio de 2020.
- No suspensión de los servicios de energía eléctrica y agua durante la emergencia.
- Durante la emergencia no se cobrarán los peajes.
- Fomentar en todo el Gobierno el teletrabajo o los arreglos de trabajo desde el hogar mediante el uso de tecnología, siempre que sea posible y mientras se encuentre vigente la Orden Ejecutiva.
Según expone la pieza legislativa de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, la Asamblea Legislativa aprueba esta Resolución Conjunta que aplicará exclusivamente a los incentivos que se conceden en este caso de emergencia con el fin de viabilizar la ejecución de éstas sin necesidad de enmendar las leyes existentes o aprobar legislación adicional. La medida había sido aprobada en votación unánime en el Senado de Puerto Rico el pasado 24 de marzo de 2020.
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