[DOCUMENTOS] Vetan legislación sobre paquete de estímulo económico ante emergencia COVID-19

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La Gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced emitió un veto expreso a la Resolución Conjunta del Senado 493 que tenía el fin de apoyar y avalar las acciones ejecutivas para implementar un paquete de estímulo económico ascendente a $787 millones ante el estado de emergencia provocado por el COVID-19. 

La medida, según aprobada por la Asamblea Legislativa, identificaba varias medidas de impacto fiscal a ser implementadas por la Gobernadora:

  1. Extensión del periodo de pagos de contribuciones sobre ingresos hasta el 15 de julio de 2020.
  2. Suspensión del cobro sobre Impuesto Ventas y Uso (IVU) en los muelles y en la cadena de reventa por los próximos tres (3) meses.
  3. Suspensión del requisito de retención del diez (10) por ciento en el origen de pagos por servicios profesionales.
  4. La no imposición de penalidades por incumplimiento de remitir el IVU quincenal por dos meses; ni por incumplimiento con el pago de los primeros plazos de la contribución estimada.
  5. Incentivo de quinientos (500) dólares a todos los trabajadores por cuenta propia.
  6. Aportación de mil quinientos (1,500) dólares como incentivo a todas las pequeñas y medianas empresas que hayan cesado operaciones durante la emergencia a raíz del COVID-19, brindando prioridad a los pequeños y medianos comercios, con cincuenta (50) empleados o menos, que no cualifican para las ayudas federales.
  7. Un bono de hasta cuatro mil (4,000) dólares para todas las enfermeras en el sistema de salud público y privado, y de dos mil quinientos (2,500) dólares para los técnicos de salud que asisten en estas labores.
  8. Aportación de hasta cuatro mil (4,000) dólares para personal de respuesta de emergencias médicas; y de hasta tres mil quinientos (3,500) dólares para policías, bomberos, oficiales correccionales, entre otros.
  9. Doscientos cuarenta millones (240,000,000) de dólares, para la compra de tabletas, software y adiestramiento para, aproximadamente, 325,000 maestros, estudiantes y directores del Departamento de Educación, para fomentar la educación a distancia.
  10. Una asignación de treinta millones (30,000,000) de dólares, para ser distribuidos por dos (2) meses, para asistir a la compra de equipo en hospitales públicos, para reponer toda compra en respuesta de la emergencia relacionada al COVID-19.
  11. Una asignación de veinte millones (20,000,000) de dólares, para la compra de equipo y cualquier otro gasto necesario para el Departamento de Corrección de Rehabilitación y los componentes del Departamento de Seguridad Pública, entiéndase la Policía de Puerto Rico y cualquier otro negociado que se determine mediante Orden Ejecutiva de la Gobernadora.
  12. Una asignación de cincuenta millones (50,000,000) de dólares, para ser distribuidos por dos (2) meses, para aquellas pérdidas que puedan haber afectado a los municipios por la emergencia. La Rama Ejecutiva establecerá los requisitos para una distribución proporcional y equitativa para cada municipio.
  13. Aumento en los beneficios por desempleo a partir del 1 de julio de 2020.
  14. No suspensión de los servicios de energía eléctrica y agua durante la emergencia.
  15. Durante la emergencia no se cobrarán los peajes.
  16. Fomentar en todo el Gobierno el teletrabajo o los arreglos de trabajo desde el hogar mediante el uso de tecnología, siempre que sea posible y mientras se encuentre vigente la Orden Ejecutiva.

De igual forma, la pieza legislativa establecía que una vez aprobada esta Resolución Conjunta de aplicación exclusiva durante el estado de emergencia, la Rama Ejecutiva podía implementar las iniciativas sin necesidad de enmendar las leyes existentes o de tener que aprobar legislación adicional.

En su veto expreso, la Gobernadora explicó que a pesar de que el Senado aprobó esta medida utilizando las partidas del primer paquete de medidas acordadas y aprobadas de antemano, cuando la medida fue atendida en la Cámara de Representantes sufrió varias enmiendas con cantidades aun no negociadas ni determinadas. Esto, causó que la medida no se pudiera tramitar de inmediato para su firma y pusiera en peligro estas ayudas previamente acordadas. Añade que si bien es cierto que las ayudas que pretendió introducir la Cámara de Representantes eran loables, la manera correcta sería incluirlas en las negociaciones que se continúan llevando a cabo con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), sin poner en peligro el desembolso de aquellas ayudas ya aprobadas. Asegura que eso es parte de lo que en estos momentos se sigue trabajando.

La Gobernadora también afirma que la medida limita sus facultades para solicitar reprogramaciones de fondos a la JSF para atender la emergencia y tomar medidas que incentiven la economía. Asegura que aprobar la medida duplicaría las iniciativas y fondos identificados, asignados y aprobados mediante la Res. Conj. 23-2020, lo cual tendría un impacto fiscal y presupuestario sustancial.

Puedes acceder la declaración de la Primera Ejecutiva aquí:  Veto Expreso.

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