El Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal, adscrito al Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, sometió ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico un memorial explicativo con una versión revisada del Proyecto de Reglas de Procedimiento Criminal de 2018.
El documento incluye las propuestas para actualizar las normas que rigen el ordenamiento procesal penal en Puerto Rico.
El Proyecto de Reglas revisado surge tras una Sesión Especial del Tribunal Supremo, celebrada el 7 de junio de 2019, donde el Comité Asesor presentó los cambios más significativos a las Reglas, se sostuvo una sección de preguntas con el público y se organizaron talleres grupales y mesas de trabajo en los que se compartieron impresiones relacionadas a temas específicos.
El Comité Asesor quedó a cargo de analizar las recomendaciones sometidas por la comunidad jurídica en estos grupos y otras presentadas por escrito tanto por los sectores convocados a la Sesión Especial como por entidades y juristas con interés en la propuesta.
Analizados estos comentarios, el Comité Asesor presentó un Proyecto de Reglas revisado, unido a un memorial explicativo que contextualiza los cambios recomendados al Tribunal Supremo. Ambos documentos están disponibles al público en el portal de la Rama Judicial a través de este enlace, bajo la sección dedicada al Comité Asesor.
Mediante la Resolución ER-2020-03, el Tribunal Supremo dio por concluida la encomienda referida al Comité Asesor y agradeció a sus miembros por «su excelente labor, su compromiso con el mejoramiento continuo del sistema de justicia criminal y con la protección de los derechos constitucionales».
El Tribunal Supremo procederá a examinar el proyecto sometido y le solicitó paralelamente al secretariado que proponga un lenguaje para integrar al Proyecto de Reglas la normativa aplicable en nuestra jurisdicción sobre la unanimidad de veredictos, según lo resuelto en Pueblo v. Torres Rivera, 2020 TSPR __, 204 DPR __ (2020).
Igualmente, el Tribunal solicitó evaluar si amerita incluir propuestas concretas sobre el uso de la tecnología en los procesos penales para atender las necesidades impuestas por la pandemia del COVID-19.
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