El presidente de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, el licenciado Kevin Miguel Rivera-Medina, señaló que mientras los esfuerzos en todo el mundo se centran en salvar vidas humanas del virus COVID-19, es contradictorio que se continúen ejecutando personas.
En una declaración conjunta enviada ayer a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el organismo que lidera, y a la que se unió el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR). entre medio centenar de organizaciones, se reclamó a los países que aún practican la pena de muerte que impongan una moratoria en las sentencias y ejecuciones, apoyados en el hecho de que en medio de la pandemia del COVID-19 se hace imposible tener juicios justos y una representación legal efectiva.
«Mientras algunos países están sentenciando personas a la pena capital por medio de videoconferencias, como Nigeria o Singapur, en otros tantos las restricciones carcelarias por el COVID-19 han coartado severamente los derechos de quienes esperan ser ejecutados, debido a que los tribunales están paralizados y muchas oficinas legales continúan sin poder operar de manera efectiva. Las opciones para asistir a quienes están en riesgo de perder su vida por una ejecución han disminuido dramáticamente», indica el documento que enviaron a la ONU.
«La crisis de salud global en la actualidad ha demostrado cuán profundamente injusto es el sistema para las personas que, ya de por sus fuertes condenas, están debilitadas. La prohibición de visitas a las personas en los corredores de la muerte, sumado a la incapacidad de trabajo normal por parte de sus representantes legales y los tribunales, son elementos que exacerban la injusticia de la pena capital, muy en especial en sistemas que también padecen recursos», añade la declaración de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte.
Rivera Medina subrayó que los países que han tenido la valentía de dar pasos hacia la abolición de la pena capital «demuestran que la humanidad y la justicia está mejor servidas sin esta práctica arcaica, cruel y degradante».
Por ejemplo, Camerún, Kenia, Marruecos y Zimbabwe han otorgado conmutaciones de sentencias que se extendieron a condenados a muerte.
El próximo 10 de octubre de 2020, la sociedad civil se movilizará para conmemorar el Décima Octavo Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se centrará en el derecho a una representación legal efectiva y destacará el importante rol de los abogados y abogadas en la protección de la vida de quienes enfrentan juicios de pena capital.
Ese derecho de representación legal efectiva está severamente afectado por la crisis de salud, pues la abogacía se ve impedida de asistir cabalmente a su clientela, la cual de por sí usualmente está debilitada económicamente.
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