El Senado de Puerto Rico aprobó en sesión ordinaria el Proyecto del Senado 1589, que busca enmendar el Código de Incentivos de Puerto Rico, con el fin de fomentar la inversión privada en la reconstrucción de estructuras históricas afectadas por terremotos.
La medida legislativa de la autoría del senador José Nadal Power busca alternativas que logren rescatar y reconstruir todas las estructuras históricas que se han visto afectadas por los eventos telúricos ocurridos a partir de enero de 2020.
El proyecto de ley propone otorgar incentivos y créditos contributivos por inversiones en reconstrucción de estructuras históricas que hayan sufrido daños a causa de los eventos sísmicos.
En su exposición de motivos, la medida hace referencia a dos leyes que en el pasado iban dirigidas a revitalizar y preservar los centros urbanos de Puerto Rico.
Se trata de la Ley Número 7 de 4 de marzo de 1955, según enmendada, conocida como Ley de Exención Contributiva de Zonas Históricas, y la Ley Número 212 del 29 de agosto de 2002, según enmendada, conocida como Ley para la Revitalización de los Centros Urbanos.
En el caso de la Ley de Exención Contributiva de Zonas Históricas, buscaban conservar las características históricas de la época colonial hispana en las propiedades inmuebles de la zona histórica de la ciudad de San Juan Bautista o cualesquiera otras zonas históricas establecidas en Puerto Rico por el Instituto de Cultura Puertorriqueña.
Mientras, que la Ley para la Revitalización de los Centros Urbanos tenía el propósito de repoblar, fortalecer y revitalizar los centros urbanos mediante el desarrollo, rehabilitación de áreas comerciales, desarrollo de áreas comunitarias, plazas y la construcción y reparación de estructuras.
Sin embargo, el año pasado se firmó la Ley 60 de 2019, mejor conocida como Código de Incentivos de Puerto Rico, que limitó los beneficios otorgados por la Ley de Exención Contributiva de Zonas Históricas a los años contributivos previos al 1 de enero de 2020. También derogó la Ley para la Revitalización de los Centros Urbanos, dejando muy poco o ningún incentivo a estos fines.
El autor de la medida entiende necesario la enmienda porque decenas de estructuras históricas presentan un estado de deterioro alarmante y podrían afectar directamente la actividad económica y turística. En especial la de los municipios del suroeste, provocando un problema de seguridad que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos.
El proyecto fue radicado el día 14 de mayo de 2020 y aprobado por unanimidad con enmiendas del informe el 22 de junio.
La medida pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes.
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