Llegando al final de la semana de las abogadas y los abogados, vale la pena repasar el estatus de la colegiación obligatoria en Puerto Rico.
De inmediato, hay que enfatizar que la semana pasada el Tribunal de Primera Instancia declaró inconstitucional la colegiación obligatoria de ingenieros y agrimensores.
El dictamen surgió luego que el 16 de julio de 2019, varios agrimensores licenciados presentaron la demanda solicitando una sentencia contra del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico para impugnar la constitucionalidad de la Ley Número 319-1938 o 20 L.P.R.A. sec. 731 et seq, en lo referente al requisito de colegiación obligatoria.
Los demandantes señalaron que obligarlos a pertenecer a una organización como condición al ejercicio legal de su profesión, y adjudicando una pena a ser suspendidos y sentenciados con el pago de una multa o pena de reclusión a quienes no estén colegiados, constituye una violación a su derecho a la libertad de asociación al amparo de la Constitución de Puerto Rico.
El profesor William Vázquez Irizarry, que representó al Colegio de Ingenieros y Agrimensores en el pleito por la constitucionalidad de la colegiación obligatoria, resaltó a Microjuris.com que mientras miramos la controversia, habrá que considerar cuál podría ser el medio menos oneroso para alcanzar el propósito de la Asamblea Legislativa a través de la colegiación obligatoria y si existe un interés apremiante.
El también profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) resaltó que las colegiaciones obligatorias habrá que verlas caso a caso y que, en el caso de los ingenieros y agrimensores, la Asamblea Legislativa estableció un sistema dual que asigna responsabilidades diferentes al colegio y a la Junta Examinadora.
Además, resaltó que la propia Junta Examinadora respondió en la Asamblea Legislativa que no tenía la capacidad ni los recursos para ejercer los deberes de supervisión que ahora tiene el colegio.
«Nadie quiere que se caiga un edificio o una pared porque la persona que la construye no tenía las mejores competencias. Ese es el interés apremiante de la Asamblea Legislativa. Como cuestión de realidad, no es posible decir que hay un medio menos oneroso», sentenció Vázquez Irizarry.
Sin embargo, el profesor sostuvo que «estamos examinando la decisión para tomar los pasos necesarios para lograr que haya un dictamen favorable a la validez de la ley. Entendemos que hay errores y que estamos en vías de identificar los próximos pasos».
El profesor Vázquez Irizarry también señaló que, además del pleito de los ingenieros y los agrimensores, también hay cuatro o cinco pleitos adicionales sobre profesionales cuestionando la colegiación obligatoria.
El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), Carlos Ramos, explicó a Microjuris.com que la decisión sobre los ingenieros y los agrimensores era anticipable y que será cuesta arriba mantener las demás colegiaciones obligatorias.
También señaló que «las juntas examinadoras en su mayoría se dedican a dar exámenes y licencias. Supervisan poco, tienen poco dinero y no promueven el elemento asociativo que da la colegiación».
En tanto, respondió que las juntas examinadoras podrían necesitar una asignación presupuestaria para poder atender todas las responsabilidades que irán sobre ellas.
«Ahora es apremiante que el Estado analice el trabajo de sus juntas examinadoras. Intuyo van a salir horrores por falta de recursos y muy pobre supervisión», sostuvo.
«Los colegios deben probar que existe o debe existir una relación simbiótica y cercana entre colegios y juntas. Establecer que la voluntariedad, en este contexto, derrota el interés público», agregó.
Mientras tanto, el Proyecto de la Cámara 45, que dispone que la colegiación de los técnicos y mecánicos automotrices será voluntaria y no un requisito, está en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.
El Proyecto de la Cámara 1795, para permitir la colegiación voluntaria para los productores de espectáculos en Puerto Rico, fue aprobada en la Cámara y tuvo vistas públicas en el Senado entre el 21 de noviembre y el 4 de diciembre de 2019.
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