El senado José Vargas Vidot radicó el Proyecto del Senado 1654 para establecer un estado de emergencia por la violencia de género en Puerto Rico, disponer el establecimiento de protocolos, la recopilación estadística y la educación sobre género en las agencias gubernamentales para prevenir, responder y combatir la violencia de género.
La medida también reconoce la legitimación activa o standing de cualquier persona, entidad o grupo de interés cuya misión sea la defensa de los derechos de la mujer, de la comunidad LGBTTQ+ o el repudio a la violencia de género para que puedan llevar pleitos a los tribunales por la acción u omisión gubernamental contra de los propósitos o disposiciones de la ley.
La medida tendría una vigencia de cinco años.
El senador Vargas Vidot resaltó a Microjuris.com que la medida hace que la lucha de organizaciones por un estado de emergencia se salga de la convocatoria emocional y que la implantación de las políticas contra la violencia de género sea uniforme tanto en la implantación como en la respuesta.
Además, sostuvo que la medida permite que las organizaciones tengan referente legal donde ampararse y le permite al gobierno generar estadísticas locales sobre la violencia de género para ubicarla y atenderla.
«Esta emergencia hay que atenderla como se asume un huracán. No es una campaña o ponerse una camisa», puntualizó el senador.
La exposición de motivos destaca que entre enero y mayo de 2020 la Policía de Puerto Rico reportó al menos 2,522 incidentes de violencia doméstica. Además, señalan investigaciones académicas y organizacionales que visibilizan la violencia de género en el archipiélago.
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La medida establece protocolos de prevención y respuesta ante la violencia de género, centrados en la educación en las escuelas, los empleados públicos y los cuerpos de policías municipales y estatales.
El proyecto senatorial propone que se comience la recopilación y publicación de estadísticas relacionadas a casos de violencia de género con categorías específicas donde se encontrarán el feminicidio, crímenes de odio, entre otros tipos de violencia de género.
Las estadísticas deberán contener el tipo de delito, género de la víctima, arrestos relacionados a los delitos, radicaciones en el tribunal por parte de los fiscales y si hubo convicciones por estos delitos.
Además, la medida enmienda la Ley 83 de 2019, conocida como Ley de Licencia Especial para Empleados con Situaciones de Violencia Doméstica o de Género, Maltrato de Menores, Hostigamiento Sexual en el Empleo, Agresión Sexual, Actos Lascivos o de Acecho en su Modalidad Grave, para que al menos cinco días de los 15 días que reconoce la ley sean con paga.
Además, propone que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) deba realizar y fomentar estudios o investigaciones, recopilar y analizar estadísticas sobre la situación de las mujeres, analizar los factores que afectan los derechos do las mujeres en todas las esferas de su vida social, política, económica, cultural y civil, así como las causas de la desigualdad en el trato, en el acceso y la participación en materia de educación y capacitación, la salud, el empleo, la autogestión, el desarrollo económico y, en general, en el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales, incluyendo la participación en la toma de decisiones a todo nivel.
Además, la OPM deberá fiscalizar el cumplimiento de la política pública establecida en la ley,
El proyecto también exhorta a la Rama Judicial y a la Oficina para la Administración de los Tribunales (OAT) a adoptar protocolos de educación, prevención y respuesta a situaciones de violencia de género en Puerto Rico, incluyendo situaciones relacionadas a empleados de la Rama Judicial.
De igual forma, le exhorta a la Rama Judicial a renombrar las Salas de Violencia Doméstica como Salas Especializadas de Violencia de Género y a expandirlas a todo Puerto Rico.