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La actividad, en Derecho UPR, reunirá perspectivas desde la judicatura, la Legislatura y la práctica legal para discutir cómo el sistema responde a la protección de las víctimas.
En Puerto Rico, la agresión sexual conyugal es un delito y está reconocido por la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.
La medida responde a la creciente incidencia de violencia doméstica, con más de 6,000 incidentes reportados anualmente.
Aseguran uso de la tecnología debe ser implementada a favor de la seguridad de las partes peticionarias.
La medida, presentada por la senadora del Partido Popular Democrático, Ada Álvarez Conde, busca llenar un vacío en la normativa vigente.