- Proyecto de la Cámara 567 exige aprobar curso de prevención de violencia doméstica para graduación de cuarto año en escuelas públicas.
- Currículo incluirá violencia entre parejas del mismo sexo, violencia de género, intrafamiliar y estudio de leyes, causas y consecuencias legales.
- La medida contó con dos vistas ejecutivas y un informe conjunto; un proyecto similar del Senado fue derrotado; entraría en vigor 90 días.
La Cámara de Representantes de Puerto Rico en su sesión legislativa del martes, 12 de mayo, aprobó el Proyecto de la Cámara 567, medida que propone enmendar la Ley de Reforma Educativa, con el fin de establecer como un requisito de graduación el que los estudiantes de cuarto año de escuelas públicas deban aprobar un curso sobre prevención de la violencia doméstica.
La propuesta legislativa, de la autoría de la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) María de L. Ramos Rivera, recibió el respaldo de 45 representantes y el voto en contra de la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz.
El proyecto de ley dispone que el currículo deberá incluir, además, temas relacionados con la violencia entre parejas del mismo sexo, violencia de género, así como la violencia intrafamiliar y entre parejas.
Según surge de la exposición de motivos, en Puerto Rico se ha observado un aumento en incidentes de violencia en relaciones de pareja, incluyendo casos de violencia entre parejas del mismo sexo y violencia de género. Aunque originalmente la Ley Núm. 54 se enfocó principalmente en la protección de mujeres víctimas de violencia doméstica, posteriormente fue enmendada mediante la Ley 23-2013 para extender dichas protecciones a toda persona víctima de violencia en una relación de pareja, independientemente de su sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil o estatus migratorio.
La legislación plantea que la educación suele ser una de las herramientas más efectivas para prevenir conductas violentas, erradicar prejuicios y fomentar relaciones saludables entre los jóvenes. En ese sentido, la medida resalta el rol del Departamento de Educación en la formación académica y social de los estudiantes.
«Es imperativo que el sistema educativo de Puerto Rico aborde esta problemática de manera proactiva, educando a los estudiantes sobre la prevención de la violencia de género, sin importar su identidad de género u orientación sexual», expresó la autora de la medida. De igual modo, la representante Ramos Rivera expresó que se debe exigir un informe anual que deberá ser rendido, en conjunto, por el secretario del Departamento de Educación y el comisionado de la Policía de Puerto Rico.
La pieza legislativa establece que el curso deberá abordar temas como las causas de la violencia doméstica y de género, el análisis de la legislación vigente, tendencias internacionales sobre el manejo de estos casos, así como las consecuencias legales, penales y sociales de incurrir en este tipo de conductas. De este modo, según afirma, se estaría cumpliendo el objetivo de promover una cultura de respeto, prevención y de una sana convivencia desde el sistema público de enseñanza.
Cabe destacar que una propuesta similar fue presentada el pasado año en el Senado, el Proyecto del Senado 175, por la senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Ada Álvarez Conde, para enmendar la Ley Orgánica del Departamento de Educación a los fines de disponer que el Departamento diseñara e implemente un currículo dirigido a promover la prevención y el manejo de situaciones de violencia doméstica, incluyendo la violencia en el noviazgo, pero la misma no logró la aprobación de ese cuerpo legislativo al ser derrotada a viva voz.
De este proyecto de ley recibir el aval del Senado y posteriormente la firma de la gobernadora, la legislación entraría en vigor a los 90 días de su aprobación.
Por otra parte, el cuerpo legislativo también dio paso al Proyecto de la Cámara 776, que pretende establecer la política pública del gobierno en torno a la instalación de aires acondicionados en las escuelas del sistema público.
A esos fines, la medida del representante Edgar Robles Rivera, que contó con el voto unánime de sus pares, busca requerir un proceso de evaluación técnica y de autorización previo a la implementación de los equipos.
«La presente medida tiene el propósito de atender de manera estructurada y responsable la necesidad apremiante de mejorar las condiciones ambientales en los planteles escolares del sistema público de enseñanza, estableciendo salvaguardas técnicas, administrativas y fiscales que permitan una implantación efectiva y sostenible», afirmó el legislador.
Según Robles Rivera, la demanda por unidades de aires acondicionados en las escuelas públicas ha aumentado significativamente en las últimos años y se han identificado situaciones en las que las instalaciones se han realizado sin una evaluación adecuada de la capacidad eléctrica disponible en los planteles.
El legislador agregó que esto ha provocado situaciones de sobrecargas, interrupciones en el servicio, fallas en la infraestructura y riesgos a la seguridad. Por tal razón, la propuesta de ley precisa la responsabilidad de la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP) y de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para exigir la presentación de certificaciones de capacidad eléctrica.
De igual forma, la medida establece la facultad de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fisca (AAFAF) para identificar fuentes de financiamiento para la adquisición de equipos.
Ambos proyectos ahora pasarán al Senado para su consideración.