- Equilibrio entre fiscalización y capacidad de servir para evitar que controles excesivos obstaculicen la prestación de servicios esenciales.
- Requisitos legales indispensables para proteger el erario, promover competencia, evitar favoritismos y garantizar transparencia y rendición de cuentas.
- La contratación debe viabilizar funciones gubernamentales; retrasos e interpretaciones rígidas afectan ciudadanos, población vulnerable y cumplimiento de agencias.
- Modernizar controles y sistemas tecnológicos para reducir tiempos, documentar procesos, identificar riesgos y fortalecer la fiscalización sin paralizar operaciones.
- Objetivo doble: garantizar uso correcto de fondos y entrega oportuna de bienes y servicios para que el Estado cumpla su función.
Por Joel Fontánez González
Sub Administrador de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico
Debo comenzar diciendo que la perspectiva que traigo es la de un funcionario y no la de un abogado licenciado. Con años en el servicio público, uno de los principales retos es hacer que las cosas se muevan dentro de regulaciones que, en algunas ocasiones, no pueden coexistir.
Habiendo dicho eso, comencemos con que la contratación pública no puede analizarse únicamente desde la velocidad del trámite ni desde la rigidez del expediente administrativo. Su función principal es garantizar que el Estado pueda adquirir bienes, obras y servicios garantizando competencia abierta entre suplidores, transparencia y eficiencia, para que las agencias cumplan con las funciones que la ley les impone. En ese balance se encuentra uno de los mayores retos de la administración pública, y es que los controles diseñados para proteger el interés público terminen convirtiéndose, por una aplicación excesivamente formalista o desconectada de la realidad operacional, en obstáculos para la prestación de servicios esenciales.
El problema no es la existencia de requisitos legales. Esos requisitos son indispensables. El Estado tiene el deber de proteger el erario, promover la libre competencia, evitar favoritismos, documentar decisiones y rendir cuentas sobre el uso de los fondos públicos. La transparencia no es opcional. No hay duda alguna de que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué se compra, cómo se compra, quién participa en los procesos, bajo qué criterios se adjudica y cómo se asegura que cada dólar público se utilice correctamente.
El problema surge cuando la contratación pública se mira como un fin en sí mismo y no como un instrumento para viabilizar la función gubernamental. Una adquisición no es simplemente una requisición, una subasta, una impugnación o una orden de compra. Detrás de cada proceso puede estar el sillón de ruedas que necesita un estudiante para recibir servicios educativos; el celular con el que un trabajador social o un fiscal estará disponible para atender una emergencia; las patrullas que permiten presencia policiaca en las comunidades; o los servicios de limpieza que mantienen abiertas y seguras las escuelas, oficinas regionales e instalaciones públicas.
Cuando un proceso se retrasa innecesariamente, cuando una controversia se paraliza sin ponderar adecuadamente el impacto público o cuando el marco jurídico se interpreta sin considerar la urgencia operacional de las agencias, el efecto no se queda en el expediente administrativo. Lo sufre el ciudadano, lo sufre la población vulnerable y lo sufre la agencia que tiene una obligación legal, pero no cuenta con las herramientas para cumplirla.
La solución no está en debilitar los controles. Está en modernizarlos y en no adoptar sistemas por prisa que te resten visibilidad a ti como ciudadano y generen burocracia innecesaria que afecte estos servicios.
El marco jurídico de la contratación gubernamental debe ser firme, pero funcional, al igual que los sistemas que se adoptan para ejecutar estos procesos. La legalidad y las operaciones no deben confundirse con inmovilidad. Cumplir con la ley también exige que el Estado pueda responder a tiempo.
Por eso, la tecnología y los datos son esenciales. Las herramientas digitales bien diseñadas y atendidas permiten reducir tiempos, documentar cada etapa, distribuir cargas de trabajo, identificar riesgos, generar alertas y hacer visible lo que antes quedaba disperso o inaccesible. Un sistema moderno no elimina la fiscalización; la fortalece, y en eso es donde deben estar enfocados los esfuerzos de estos nuevos sistemas y módulos que se buscan implementar. Exigir eso jamás debería ser tomado con paños tibios.
El norte siempre debe ser procesos competitivos más ágiles, expedientes completos, datos disponibles, criterios claros, adjudicaciones defendibles y revisión efectiva sin paralizar indebidamente la operación gubernamental. El Estado tiene que comprar bien, pero también tiene que lograr que lo comprado llegue.
Al final, el interés público exige dos factores que se tienen que dar a la vez: uno es que el dinero se use correctamente y el otro es que los bienes y servicios lleguen a quienes los necesitan. La contratación pública trata de legalidad, sí; pero también trata de capacidad gubernamental, de dar servicios, seguridad, educación, movilidad y respuesta. En fin, se trata de que el Estado funcione.
