- Reforma y uniformidad normativa mediante la Ley 73-2019 y el Reglamento 9734 que centralizan y unifican las adquisiciones gubernamentales.
- Obligatoriedad del Plan Anual de Adquisiciones para planificación estratégica, identificación de necesidades y generación de economías de escala mediante plataforma digital.
- Registros obligatorios RUL y RUPSP y controles de integridad con fiscalización reforzada por la Oficina de Investigaciones Especiales.
La Administración de Servicios Generales (ASG) y Microjuris presentaron el taller «Conceptos modernos en la contratación gubernamental» durante Puerto Rico Compra 2026, una sesión dirigida a funcionarios públicos, asesores legales y proveedores para examinar los cambios más relevantes introducidos por la Ley Núm. 73-2019 y el nuevo Reglamento Uniforme de Compras, Licitaciones y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios No Profesionales (Reglamento Núm. 9734), vigente desde marzo de 2026.
Durante la sesión, funcionarios de la ASG abordaron los principales cambios que ha experimentado el sistema de compras públicas en Puerto Rico, con énfasis en la uniformidad de los procesos de adquisición, las nuevas herramientas de fiscalización, los requisitos de planificación y la correcta distinción entre servicios profesionales y servicios no profesionales.
La reforma de compras públicas y la uniformidad normativa
Durante la presentación, el licenciado André Ríos, director de la División Legal de la ASG, explicó que la Ley 73-2019 transformó el modelo de contratación pública al establecer un sistema uniforme para las adquisiciones gubernamentales. Según indicó, la legislación centralizó la política pública relacionada con la adquisición de bienes, obras y servicios no profesionales y sustituyó un esquema caracterizado por múltiples reglamentos y procedimientos distintos entre agencias.
Uno de los aspectos discutidos fue la clasificación de las entidades sujetas al estatuto. Los funcionarios distinguieron entre entidades gubernamentales, entidades exentas y entidades excluidas. Estas últimas comprenden, entre otras, a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial.
Los panelistas también enfatizaron que la ley tiene primacía sobre disposiciones incompatibles contenidas en legislación anterior, por lo que las exenciones históricas concedidas a determinadas agencias deben evaluarse a la luz del marco legal vigente.
Planificación como eje de la contratación pública
La licenciada Hilda Rivera, oficial de licitación de la ASG, destacó que uno de los cambios más significativos de la reforma es la obligación de preparar un Plan Anual de Adquisiciones. Explicó que tanto las entidades gubernamentales como las entidades exentas deben identificar y proyectar sus necesidades de compras para permitir una planificación estratégica y facilitar la negociación de contratos centralizados.
Según los recursos, esta herramienta permite a la ASG identificar necesidades recurrentes entre distintas agencias y desarrollar procesos competitivos que produzcan economías de escala y mejores condiciones contractuales para el Gobierno de Puerto Rico. Además, el proceso se realiza mediante una plataforma digital que permite actualizar y reutilizar información de años anteriores.
La discusión también abordó la importancia de incorporar previsiones para situaciones de emergencia y urgencia, así como la necesidad de documentar adecuadamente las adquisiciones ordinarias para evitar que circunstancias previsibles sean justificadas posteriormente como excepciones al proceso competitivo.
Registros obligatorios y controles de integridad
Otro de los temas centrales fue el rol del Registro Único de Licitadores (RUL) y del Registro Único de Proveedores de Servicios Profesionales (RUPSP). Los funcionarios explicaron que la inscripción en estos registros constituye un requisito previo para hacer negocios con el Gobierno de Puerto Rico.
La ASG señaló que los registros operan como mecanismos de validación de solvencia moral y capacidad financiera, permitiendo verificar el cumplimiento con requisitos legales y las disposiciones del Código Anticorrupción. También advirtieron que la contratación de personas o entidades no inscritas puede conllevar la nulidad del negocio jurídico correspondiente.
Asimismo, recordaron que las agencias no pueden establecer registros paralelos o análogos para fines equivalentes a los que la ley delega a la ASG.
Servicios profesionales y servicios no profesionales
Uno de los asuntos que recibió mayor atención fue la delimitación entre servicios profesionales y servicios no profesionales. Los panelistas explicaron que el nuevo reglamento incorpora criterios orientados a atender una preocupación identificada por la Junta de Supervisión y Administración Financiera relacionada con la clasificación indebida de ciertos contratos como servicios profesionales.
Según se explicó, la evaluación debe considerar la naturaleza real del servicio contratado y no únicamente la denominación utilizada por las partes. Entre los elementos relevantes figuran el componente intelectual del servicio, los requisitos de licenciamiento profesional y la distribución de los costos asociados a la contratación.
La ASG indicó que las agencias pueden presentar consultas a la Oficina de Asuntos Legales cuando enfrenten situaciones de servicios mixtos o exista incertidumbre sobre el mecanismo de contratación aplicable.
Nuevos mecanismos de adquisición y fiscalización
El taller también abordó varias innovaciones incorporadas al Reglamento Núm. 9734. Entre ellas figura el uso de acuerdos colaborativos con entidades como la National Association of State Procurement Officials (NASPO), mecanismo que permite al Gobierno acogerse a procesos competitivos realizados por otras jurisdicciones y aprovechar economías de escala. Como ejemplo, se mencionó la adquisición de nuevos camiones para el Negociado del Cuerpo de Bomberos mediante este modelo.
Además, los funcionarios adelantaron la implementación de subastas a la inversa para determinadas compras estandarizadas, método en el cual los licitadores compiten reduciendo sus precios en tiempo real para obtener la adjudicación.
En materia de fiscalización, la ASG destacó el fortalecimiento de su Oficina de Investigaciones Especiales, a la que se le atribuyen facultades para emitir requerimientos de información, citaciones, planes de acción correctiva y recomendaciones de sanciones. Los recursos identificaron como hallazgos frecuentes los expedientes incompletos, el uso incorrecto de servicios profesionales y el incumplimiento con los requisitos de registro.
Un marco regulatorio en evolución
Como parte de las conclusiones, los panelistas exhortaron a los participantes a familiarizarse con el Reglamento Núm. 9734 y con los Reglamentos Núm. 9301 y 9302, relacionados con los registros administrados por la ASG. También recordaron la importancia de considerar cartas circulares y directrices emitidas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Oficina del Contralor y otras entidades con competencia sobre el manejo de fondos públicos.
La actividad formó parte de la agenda educativa de Puerto Rico Compra 2026 y tuvo como objetivo orientar a funcionarios públicos, asesores legales y proveedores sobre los cambios regulatorios que actualmente rigen la contratación gubernamental en Puerto Rico.