El Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) decidió que es inconstitucional la excepción que le permite al gobierno cobrar dinero mediante llamadas automatizadas a través de robots o robocalls.
La determinación surgió en el caso Barr v. American Association of Political Consultants.
El resultado de la corte surge luego que el Congreso Federal aprobó la Ley de Protección del Consumidor Telefónico (TCPA, por sus siglas en inglés) para prohibir, entre otras cosas, casi todas las llamadas automatizadas o robocalls a teléfonos celulares. En 2015, el Congreso enmendó la restricción sobre las llamadas automatizadas, permitiendo los robocalls cuando se trate de cobrar una deuda con o garantizada por los Estados Unidos.
La Asociación Americana de Consultores Políticos y otras tres organizaciones que participan en el sistema político presentaron una acción de sentencia declaratoria, alegando que la medida (en su artículo 227 b, 1, A), iii) violaba la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
El Tribunal de Distrito determinó que la excepción para permitir los robocalls para cobrar deudas sobrevivía un escrutinio estricto porque había un interés apremiante de recaudo.
El Cuarto Circuito de Apelaciones anuló la sentencia, acordando que la restricción y la excepción para cobrar las deudas del gobierno, era una restricción basada en el discurso que no sobrevivía un escrutinio estricto. El tribunal apelativo invalidó la excepción para cobrar las deudas del gobierno y aplicó los principios tradicionales de separabilidad para diferenciar la excepción de la ley completa.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos finalmente confirmó el dictamen del Cuarto Circuito.
Los argumentos para el dictamen del Supremo Federal fueron que (1) la cláusula de libertad de expresión le impide al gobierno —en general— «poder para restringir la expresión debido a su mensaje, sus ideas, su tema o su contenido», (2) que los argumentos del gobierno para atribuirle neutralidad a la ley no eran convincentes, y (3) que la restricción para las llamadas automatizadas —junto a la excepción sobre cobro de deudas— no soportan un escrutinio estricto.
El juez Brett Kavanaugh escribió la opinión de la corte.
Se le unieron el juez presidente, John Roberts, el juez Samuel Alito y el juez Clarence Thomas en las partes I y II de la opinión.
La jueza Sonia Sotomayor publicó una opinión concurrente. La jueza Sotomayor sostuvo que la excepción que permite llamadas automatizadas para cobrar deudas del gobierno ni siquiera sobreviviría un escrutinio intermedio.
The Government could have employed far less restrictive means to further its interest in collecting debt, such as “secur[ing] consent from the debtors to make debtcollection calls” or “plac[ing] the calls itself.
El juez Stephen Breyer también publicó una opinión concurrente, pero disidente en parte. Se le unieron las juezas Elena Kagan y Ruth Bader Ginsburg. El juez Neil Gorsuch suscribió una opinión donde concurre y disiente en parte. Se le unió el juez Thomas.
El caso se argumentó ante el Supremo Federal en Washington D.C. el 6 de mayo de 2020.
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