Estados podrán sancionar miembros del Colegio Electoral que no respalden voto popular estatal

El Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) decidió que un estado puede sancionar a los miembros del Colegio Electoral que no voten por el candidato presidencial por el que se comprometieron a votar y también cuando dejen de votar por el candidato que ganó el voto del estado.

“Held: A State may enforce an elector’s pledge to support his party’s nominee—and the state voters’ choice—for President”, lee la opinión.

La opinión surgió del caso Chiafalo et al. v. Washington, que tuvo su vista oral el 13 de mayo de 2020.

Durante la opinión, siete de los nueve jueces estaban de acuerdo con la decisión.

Descargue la opinión aquí

Cuando las personas que viven en los estados votan por los candidatos presidenciales, sus votos se dirigen a seleccionar a los miembros del Colegio Electoral, a quienes cada estado designa a base a los resultados populares.

Los estados han ideado mecanismos para asegurar que los electores que designan, voten por el candidato presidencial que sus ciudadanos han preferido.

Con dos excepciones parciales, cada estado designa una lista de electores seleccionados por el partido político cuyo candidato ganó el voto popular del estado.

La mayoría de los estados también obligan a los electores a comprometerse a apoyar al candidato de ese partido.

En este caso, 15 estados refuerzan sus leyes sobre promesas de votos con algún tipo de sanción. Casi todos estos estados eliminan inmediatamente al llamado “elector infiel” de su posición, sustituyéndolo por un suplente, cuyo voto se reporta luego. Algunos estados imponen una multa monetaria a cualquier elector que no cumpla su promesa.

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Tres electores de Washington, Peter Chiafalo, Levi Guerra y Esther John (los electores), violaron sus promesas de apoyar a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016. En respuesta, el estado les impuso una multa de $1,000 a cada uno de los electores por romper sus promesas de apoyar a la candidata que sus votantes habían elegido.

Los electores impugnaron sus multas en el tribunal estatal, argumentando que la Constitución da a los miembros del Colegio Electoral el derecho a votar como les plazca.

El Tribunal Superior de Washington rechazó la demanda y el Tribunal Supremo del estado de Washington afirmó el dictamen, basándose en el caso Ray v. Blair.

En el caso Ray, el Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó un requisito de promesa, aunque sin penalización para respaldarlo. Ray sostuvo que las promesas eran coherentes con el texto de la Constitución y con la historia de Estados Unidos, pero en aquel momento se reservó la decisión de si un estado podía hacer cumplir el requisito mediante sanciones legales.

En este caso, decidieron que los estados pueden sancionar a quienes dejen de votar como decidió el voto popular del estado.

La jueza Elena Kagan escribió la opinión de la corte. Se unieron los jueces John Roberts, Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. El juez Clarence Thomas suscribió un opinión concurrente a la que se unió el juez Gorsuch.

Nota editorial: Cuando evalúe el sistema electoral de Estados Unidos, considere la regla del winner-take-all. La regla sostiene que el candidato presidencial que obtenga el mayor número de votos gana todos los votos de los miembros del Colegio Electoral disponibles en el estado, sin importar el número, la proporción de los votos ganados o la diferencia entre el candidato ganador y el primer subcampeón. Todos los estados, con la excepción de Maine y Nebraska, utilizan este sistema. Sin embargo, muchos estados que actualmente utilizan el sistema de “winner-take-all” también han firmado el Pacto Interestatal de Voto Popular Nacional.

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