[ESTA SEMANA] Supremo Federal da visto bueno a primeras ejecuciones federales en 17 años

Aunque el término de revisión judicial terminó la semana pasada, el Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) revisó esta semana el caso de Barr v. Lee, et al. —en una decisión 5 a 4— para darle el visto bueno a la ejecución de cuatro personas en el foro federal.

El demandante principal en el caso fue Daniel Lewis Lee. Reclamaba que la pena de muerte a través del fármaco pentobarbital era un castigo cruel e inusitado. La familia de sus víctimas también sostenían la premisa.

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Al igual que las otras tres personas que se unieron a su reclamo, Lee cometió sus crímenes hace décadas y hace tiempo que está agotando todas las vías de revisión directa y colateral para argumentar la sentencia.

Las peticiones de revisión surgen porque el gobierno federal planificaba utilizar un solo fármaco —el pentobarbital sódico— que “se reconoce ampliamente que puede dejar a una persona totalmente insensible” y “no conlleva los riesgos” de dolor que algunos han asociado con otros protocolos de inyección letal, según indicó la corte en la opinión donde le da el visto bueno a la primera ejecución federal en 17 años.

Sin embargo, horas antes de que se fijara la fecha de la primera ejecución, el Tribunal de Distrito ordenó la suspensión de manera preliminar las cuatro ejecuciones porque el fármaco pentobarbital constituía un castigo cruel e inusitado prohibido por la Octava Enmienda.

Amendment VIII: Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted.

La opinión de la mayoría —que no estaba firmada por el juez que la redactó y se presenta como una opinión Per Curiam— plantea que los demandantes no establecieron cómo el fármaco les viola su derecho constitucional en la Octava Enmienda.

La mayoría también señala en la opinión que se publicó a eso de las 2:00 am que la demanda se enfrenta a un obstáculo extremadamente alto: que la corte aún no ha sostenido que el método de ejecución de un Estado califica como cruel e inusual.

“Para tratar de añadir menos terror, dolor o deshonra a sus ejecuciones, los Estados a menudo han tratado de hacer un proceso más rápido, desarrollando nuevos métodos, como la inyección letal, que se considera menos dolorosa y más humana que los métodos tradicionales, como la horca, que se han considerado uniformemente constitucionales durante siglos. El Gobierno Federal siguió esta tendencia seleccionando un protocolo de inyección letal, que se ha convertido en un pilar de las ejecuciones estatales”, plantea la opinión de la mayoría.

Mientras tanto, el juez Stephen Breyer presentó una opinión disidente a la que se unió la jueza Ruth Bader Ginsburg.

Para Breyer, el caso ilustra cómo la pena de muerte puede llegar a ser un castigo cruel e inusitado que debe estar prohibido bajo la octava enmienda. Un ejemplo de que puede ser un castigo cruel e inusitado, a palabras de Breyer, es que Lee fue sentenciado a pena de muerte desde hace 20 años y transita el corredor de la muerte desde entonces.

“Mr. Lee was sentenced to death in 1999 and has now spent over 20 years on death row. Such lengthy delays inflict severe psychological suffering on inmates and undermine the penological rationale for the death penalty”, señala la disidente de Breyer.

De acuerdo al juez, la solución para atender la controversia sobre el tipo de pena de muerte es que la corte decida de una vez si la pena de muerte en sí ya está violando la Constitución.

La jueza Sonia Sotomayor, también presentó una opinión disidente a la que se unió la jueza Ruth Bader Ginsburg y la jueza Elena Kagan.

La disidente de Sotomayor plantea que la decisión de la mayoría priva para siempre a los demandados de su capacidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra las inyecciones letales e impide que los tribunales inferiores revisen los recursos.

“I fear the Court has overlooked not only its prior ruling, but also its role in safeguarding robust federal judicial review”, plantea la opinión disidente de Sotomayor.

El Tribunal Supremo Federal también publicó el calendario de vistas orales que comenzará el 5 de octubre de este año.

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