El Senado de Puerto Rico dio paso con unanimidad al Proyecto de la Cámara 2075 que busca recrear el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, definir sus funciones, deberes y asignar los recursos necesarios para su operación.
De esta forma, se revierte la integración del instituto al Departamento de Seguridad Pública.
La exposición de motivos de la pieza legislativa explica que —aunque antes existía el Instituto de Ciencias Forenses— la Ley 20 de 2017 creó el Negociado de Ciencias Forenses y se le delegó el deber y obligación de realizar investigaciones científicas y tecnológicas para determinar la causa, la manera y las circunstancias de la muerte de cualquier persona cuyo deceso no sea atribuido a causas naturales.
Sin embargo, el Negociado de Ciencias Forenses ha enfrentado serios tropiezos desde su conversión de una entidad autónoma a un negociado adscrito a otra dependencia gubernamental.
Ante la circunstancia, la medida plantea que resulta imperativo contar con un nuevo Instituto de Ciencias Forenses que atienda y promueva la investigación objetiva de las actividades delictivas, el encausamiento civilizado y justo de las personas que transgreden la ley, maximizando la operación del gobierno de Puerto Rico.
El proyecto propone autonomía fiscal y administrativa para el nuevo instituto.
Sus fondos procederán del presupuesto general de gastos y su dirección estará bajo la tutela de una Junta de Directores.
La Junta de Directores estará compuesta por el secretario o secretaria del Departamento de Justicia, por el secretario o secretaria del Departamento de Seguridad Pública, por el rector o rectora del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, por el administrador o administradora de los Tribunales, por el secretario o secretaria del Departamento de Salud, por el comisionado o comisionada del Negociado de la Policía y por tres miembros adicionales que serán nombrados por el gobernador o gobernadora y tendrán el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico.
La secretaria o secretario del Departamento de Justicia presidirá la Junta de Directores.
El Instituto de Ciencias Forenses contará con el personal y los recursos necesarios para continuar con su labor de manera independiente.
El estudio de la medida requirió que la Comisión de Seguridad Pública evaluara los memoriales explicativos del Departamento de Seguridad Pública, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, el Departamento de Salud, el Recinto de Ciencias Médicas, el Negociado de Ciencias Forenses, el Departamento de Justicia, la Oficina de Administración de los Tribunales, Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Unión de Empleados SPUPR Local 2099.
El Departamento de Seguridad Publica argumentó que la medida va en contra de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Enumeró deficiencias administrativas que en el pasado llevaron al antiguo instituto a estar en incumplimiento con el uso de fondos federales y a señalamientos de la Oficina del Contralor.
Además, enfatizó que el mejoramiento de las operaciones se debe al apoyo administrativo que brindó el DSP y que permitió que el negociado manejara su área de especialidad sin el peso administrativo.
Otras agencias no presentaron objeciones. Sin embargo, ofrecieron algunas enmiendas que no fueron consideradas.
El proyecto pasa ahora a la consideración de la gobernadora Wanda Vazquez Garced para su firma o veto.
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