Rama Judicial ante procesos penales en línea: ¿qué medidas toma?

La licenciada Coral Aponte Rivera, directora de la Oficina de Educación y Relaciones con la Comunidad de la Rama Judicial, explicó a Microjuris.com en el último Martes de Tribunales algunas de las medidas que la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) y su consejo asesor está tomando para facilitar las videoconferencias dentro de los procesos penales.

Los esfuerzos de la OAT crecieron luego que el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) determinó en Pueblo v. Santiago Cruz que —en ausencia de una situación excepcional o una razón de peso que justifique una vista presencial— toda vista anterior al juicio se celebrará por videoconferencia mientras dure la emergencia por COVID-19.

Aponte Rivera destacó que la dirección administrativa de los tribunales y el consejo asesor compuesto por los jueces y juezas administradoras de las regiones judiciales están sumando esfuerzos para:

  • revisar los protocolos de manejo de videoconferencia para observar si van conforme a lo que estableció la opinión del Tribunal Supremo en Pueblo v. Santiago Cruz
  • aumentar los adiestramientos al personal de la Rama Judicial el uso de videoconferencia
  • reforzar la colaboración dentro del sistema de justicia criminal, que integra al Departamento de Justicia y al Departamento de Corrección
  • fortalecer la infraestructura tecnológica
  • aumentar el ancho de banda para facilitar el proceso

La Rama Judicial también adquirió licencias de zoom para abrirle la puerta a salones privados por videoconferencias, salones de espera en la entrada y más seguridad.

“La administración se ha preparado para que estas videoconferencias se puedan hacer efectivamente. Que se escuche, que se vea, que los abogados y los clientes tengan la oportunidad de conversar entre ellos de forma privada“, planteó la licenciada Aponte Rivera.

MECANISMO DE ACCESO A LA JUSTICIA

La licenciada Aponte Rivera recordó que el mecanismo de videoconferencia comenzó antes del 2017, específicamente en Vieques, como un mecanismo para promover el acceso a la justicia.

La distancia hacía necesario un mecanismo de conexión inmediata para que los residentes que tuviesen que presentar órdenes de protección y órdenes bajo la Ley de Salud Mental no tuviesen que trasladarse, corriendo peligro.

Luego, los procesos de videoconferencias se fueron moviendo a los procesos civiles.

En Fajardo, Humacao, Mayagüez y en Utuado fue donde primero se permitió el uso de videoconferencias para los casos civiles en las vistas que no fueran evidenciarias.

Esto les permitió una experiencia en el proceso, para luego en marzo establecer las guías para usar videoconferencias en aspectos civiles dentro de todo Puerto Rico.

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