Por Daniel Rivera Vargas
Con tres potenciales casos de pena de muerte en Puerto Rico y decenas de boricuas enfrentando el castigo en Estados Unidos, el día 10 de octubre, se conmemoró el Día Mundial contra la Pena de Muerte.
“No debemos permitir dejar al Estado decidir quién vive y quién no. Obviamente sabemos que la mayoría de la gente que son acusados de pena de muerte son personas que han tenido una vida terrible, y obviamente si el Estado le falló desde pequeño, permitirle a ese Estado eliminarlos más adelante… Eso parce que es un fallo del sistema que no debemos permitir”, dijo la coordinadora general de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte, Mádelin Colón Pérez.
En Puerto Rico, hay al menos tres personas acusadas que se encuentran en diferentes etapas relacionados a juicios de pena capital. Todavía en la etapa de evaluación ante el Comité de Pena de Muerte del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington hay dos casos: Yismell Marcano-Nazario y Sean Díaz-De León con Juan Pagán-Bonilla, imputados del asesinato de una mujer trans.
Mientras, en espera de juicio se encuentra el de Juan Pedro Vidal, acusado de un asesinato en medio de un carjacking en el 2016.
Había un cuarto caso, el de Alexis Candelario, acusado de nueve muertes y por herir de bala a otras 20 personas en la matanza conocida como La Tómbola, en Toa Baja, ocurrida en 2009, pero el jueves el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston decidió que no se podía incluir la pena capital entre las opciones para el jurado en un nuevo juicio por este crimen.
“Se hará justicia para los familiares de las víctimas. No me cabe duda, pero la muerte como castigo no está sobre la mesa”, dijo Colón Pérez en sus redes sociales tras la determinación de Boston.
Además de los boricuas en espera de su procesamiento federal en Puerto Rico, hay puertorriqueños en espera de sentencia de muerte en diversas partes de Estados Unidos, dijo el presidente de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, Kevin Miguel Rivera Medina.
Por varios años, el tema de la pena de muerte fue duramente promovido en la isla a nivel federal, al extremo de que para 2012 el 20% de todos los “death penalty cases” del gobernó federal se veían en Puerto Rico, dijo el abogado Rivera Medina.
“Había un ánimo de la fiscalía federal en Puerto Rico de tener una sentencia de pena de muerte casi como trofeo”, reflexionó.
Sin embargo, tras siete reveses consecutivos y alegados reclamos del alto costo en el presupuesto federal de estos casos, cesaron de verse estos procesos hasta recientemente, ya bajo la administración del presidente Donald Trump, cuando — a palabras del abogado — se ha visto un cambio hacia volver a ese tipo de castigos.
De hecho, tras 17 años sin ejecuciones federales, en Estados Unidos han sido ejecutadas siete personas en unos seis meses y podría haber otra ejecución en las próximas semanas, antes de las elecciones.
“Parecería que están usando el tema de la pena de muerte con fines políticos”, dijo Rivera Medina.
“En Puerto Rico vamos a estar bien pendientes a los pasos hacia atrás que está dando el gobierno federal, porque se afectan los procesos en Puerto Rico y estaremos pendientes a la cerca de una veintena de casos de puertorriqueños que están sentenciados en otras jurisdicciones de Estados Unidos», agregó.
La pena de muerte fue abolida mediante ley en 1926 y la veda fue elevada a rango en la Constitución del Estado Libre Asociado en 1952, la ley suprema en la jurisdicción estatal que fue avalada por el Congreso de Estados Unidos.
Sin embargo, bajo la ley federal, de pena de muerte de 1996 se hace extensivo a la isla en ciertos delitos, y entre mediados de la primera década del siglo y los primeros años de la segunda, se vieron cerca de siete juicios de pena de muerte.
En el caso original de La Tómbola, se alega que por solo un voto el imputado Candelario se salvó de ser condenado a muerte.
“En el caso de Puerto Rico, a nivel internacional, el caso de Puerto Rico choca, rompe los esquemas. Normalmente, el gobierno de un país es el que impone este castigo, así que es combatida por los ciudadanos de ese estado, pero aquí es un gobierno extranjero el que lo impone”, dijo Colón Pérez.
La abogada sostuvo que las encuestas dan la impresión de que la sociedad puertorriqueña tiene opiniones divididas en partes iguales sobre aplicar o no eventualmente la pena, por lo que el trabajo de grupos abolicionistas como la coalición puertorriqueña es el de educar las implicaciones de la pena de muerte.
PANEL
Como parte de ese proceso social y en el marco del Día Mundial contra la Pena de Muerte, se celebró un webinar titulado “Acceso a Representación legal: asunto de vida o muerte”, en el que entre otros participantes estuvo Rivera Medina y Juan Roberto Meléndez Colón, un puertorriqueño de Maunabo que estuvo casi dos décadas condenado a muerte en el estado de Florida por un crimen que no cometió y del que eventualmente fue exonerado.
El panel estuvo organizado por Greater Caribbean for Life, un grupo fundado en Puerto Rio con ayuda de gobiernos europeos para atender la pena de muerte en los países angloparlantes.
Rivera Medina destacó que en los casos de pena de muerte que se ven en la isla no hay adecuada representación en algunas etapas apelativas y en los procesos preliminares de investigación, contrario a corrientes contemporáneas sobre derechos que sí contemplan estas alternativas, como Banjul, la carta africana de derechos humanos y la carta europea de derechos humanos.
Asimismo, Rivera Medina señaló que el reactivamiento en el procesamiento de casos federales bajo la administración Trump ocurre en momentos en que Estados Unidos es uno de los cinco países más activos entre los cerca de 55 países que todavía contemplan la pena capital entre sus opciones procesales.
Estados Unidos está acompañado en el grupo por:
- Irán
- Irak
- Egipto
- Arabia Saudita
- China
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