Por Daniel Rivera Vargas
Un proyecto que ha comenzado a avanzar en el trámite legislativo federal y que haría gratis el acceso a los expedientes electrónicos de las cortes federales fue visto con buenos ojos por defensores del libre acceso a la información en Puerto Rico.
“Como principio general, el derecho al acceso a la información debe incluir la información en manos de los tribunales”, sostuvo el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Efrén Rivera Ramos, quien lleva más de 40 años escribiendo sobre el tema.
El Open Acts 2020, o H.R. 8235, pretende hacer gratis el acceso el Sistema de Acceso Público a Documentos Judiciales —mejor conocido como PACER, por siglas en inglés—.
En la actualidad, un expediente electrónico por web permite obtener información no sellada por orden judicial o disposición de ley, pero que le cuesta al ciudadano 10 centavos por cada página que baje o imprima.
Aunque 10 centavos parecen poco dinero, la realidad es que el efecto es acumulativo y hay documentos que tienen numerosas páginas, y a veces se requieren múltiples documentos. Para el próximo año fiscal federal, estos 10 centavos por página se estima que totalizaran $142 millones que pasarán de los ciudadanos a las arcas de la judicatura federal, según Bloomberg News.
Hay proyectos similares en el Senado de Estados Unidos, pero la medida cameral —un proyecto bipartita del demócrata Hank Johnson y el republicano Doug Collins— fue aprobada unánimemente en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
«Cualquiera que visite el sitio web de la Corte Suprema de los Estados Unidos puede leer cualquiera de los documentos presentados ante la Corte de forma gratuita. Lo mismo es cierto para los tribunales estatales y en el estado de Georgia. De hecho, en todos los tribunales estatales y locales en todo el país. Y así debe ser. El público tiene el derecho fundamental al libre acceso a los documentos públicos en el juzgado, porque esos documentos le permiten al público ver cómo es la justicia en el papel. Los documentos presentados en el juzgado son un registro de lo que sucede en el juzgado público. Pero, lamentablemente, si desea leer los registros públicos presentados en los tribunales federales que no sean el Tribunal Supremo de los EE. UU., debe pagar una tarifa. Y la tarifa es cara. Los precios son como un letrero de «manténgase fuera»”, dijo el representante Collins al comité, según su presentación al comité.
ESTATUS
La medida solo está aprobada en comisión. Aún falta un largo camino para que se convierta en ley, como que se apruebe en el pleno de la Cámara de Representantes, luego reciba el aval del Senado y finalmente obtenga la firma del presidente.
El tema del costo de PACER se ha discutido en el pasado a nivel legislativo y más recientemente en decisiones judiciales.
Para el profesor Rivera Ramos, el proyecto es un paso en la dirección correcta.
“Eso hace mucho más fácil estar al tanto del movimiento de casos en los tribunales federales, en el de distrito, en el apelativo, abre una puerta que es importante”, dijo Rivera Ramos.
En términos similares se expresó Cecille Blondet Passalacqua, directora ejecutiva de la organización Espacios Abiertos, que promueve el acceso ciudadano a documentos públicos.
«No deben existir barreras o condiciones que limiten el acceso a la información pública. Tiene que haber oportunidad de acceso igual para todo el mundo. Cobrar por acceso a información, sin ofrecer otra alternativa que no represente un costo para el ciudadano, limita el acceso. Un gobierno abierto debe procurar eliminar esas barreras”, dijo Blondet Passalacqua.
CAMPAÑA
La medida debería venir acompañada con algún tipo de campaña que permita que los ciudadanos, además de tener el libre acceso, sepan cómo usar la plataforma, agregó el exdecano de la Escuela de Derecho.
El exdecano destacó que la pérdida de ingresos a la judicatura no debería ser impedimento para la aprobación de medidas de esta naturaleza, que facilitan la transparencia.
El profesor recordó que en Puerto Rico hay un derecho constitucional al acceso a la información, pero a nivel federal se aplica la ley federal Freedom of Information Act (FOIA), que no incluye a la Rama Judicial.
Mientras, Blondet Passalaqua subrayó la importancia de los documentos judiciales para la ciudadanía.
“Por su naturaleza, los procesos judiciales, las decisiones y su documentación están revestidos de un alto interés público y debe garantizarse absoluta libertad de acceso a los mismos. Toda propuesta e inversión en digitalización o modernización de sistemas de archivos y documentos públicos debe estar acompañada de garantías de mayor acceso ciudadano a estos», explicó.
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