Por Daniel Rivera Vargas
El anuncio de que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) preparará un informe sobre sus hallazgos en el escrutinio general de las elecciones del 2020 provocó diversas reacciones.
Por un lado, están quienes ven la posibilidad de observar los errores, reconocerlos como retos y emprender una ruta para evitarlos en los próximos procesos electorales.
En el otro lado, están las respuestas que puedan tener los diversos sectores para responder las preguntas que surjen sobre el proceso.
La respuesta de la excomisionada electoral
La excomisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos, señaló que los incidentes en estas elecciones pueden llevar a pensar que la CEE no estaba lista, pero la exfuncionaria también señaló que —si se profundiza— se podría observar que la comisión estatal necesitaba más tiempo.
«Yo soy de las que postulo que las elecciones debieron haberse pospuesto«, puntualizó Bugos.
Para cumplir con el mandato constitucional que dice que las elecciones deben ser en noviembre, Burgos las hubiese celebrado a fin de mes.
Ese tiempo adicional, explicó, daba la oportunidad de hacer los cambios técnicos necesarios, como defectos de diseño en las papeletas, y permitirá adiestrar mejor a los funcionarios de la propia CEE y los que son reclutados por los partidos.
Burgos elogió que la ACLU, y cualquier entidad debidamente acreditada como el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), observe los procesos eleccionarios, pero dijo que espera que le hayan provisto a la organización al menos las principales leyes y reglamentos electorales, que son voluminosos, y que el informe que preparen no sea sencillamente archivado, sino que sea estudiado para ver qué medidas, si alguna, se pueden adoptar.
La exsenadora ha sido observadora internacional en países como Paraguay, Ecuador, Bolivia, y recientemente fue observadora electoral virtual en el plebiscito de Chile, como parte de la Asociación de Magistradas y Funcionarias Electorales de las Américas.
La respuesta del profesor
Usando la frase en inglés “the more, the merrier”, el expresidente del Senado, Kenneth McClintock, coincidió en que es bueno que más personas evalúen el proceso electoral.
Sin embargo, exhortó a que ese proceso sea realizado con una mirada más allá de la preparación “de la licenciatura de abogado”.
Pidió objetividad en el estudio y preparación para poder analizar el proceso electoral.
El también profesor en la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) explicó que, más que concluir que la CEE no estaba preparada, lo que ha evidenciado el actual proceso es la importancia de contar con personal adiestrado en los procesos electorales para defender los votos.
«La ACLU sabe mejor que nadie que el derecho es rogado. Tú podrás tener un reclamo, pero tienes que tener cómo hacerlo valer. Si tú no tienes los seres humanos para hacer esa tarea o no te mueves a reclutar ese personal, no tienes ese equipo para reclamar el derecho«, afirmó el profesor.
Lo que evalúa la ACLU
El director legal de la ACLU, el licenciado Fermín Arraíza, explicó a Microjuris.com que la organización ha estado en el Coliseo Roberto Clemente durante las labores de escrutinio y en algunos casos de recuento, que lleva a cabo la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
De lo que ha observado del proceso, Arraíza adelantó que la CEE, en esta ocasión, necesitaba mayor preparación por los retos que enfrentaría.
Aunque el asunto es objeto de debate —Microjuris reseñó recientemente posiciones encontradas de figuras como las del portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, y del decano de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet—, el licenciado Arraíza es de los que cree que la gran cantidad de litigios en las pasadas elecciones se relaciona precisamente a la entrada en vigor del nuevo Código Electoral.
«Hubo tanto cambio en el Código Electoral que por lo que pudo percibir la CEE, no estaba preparada para manejar tanto asunto», aseguró Arraíza.
«Me parece que estructuralmente la CEE no estaba listo para esto. Básicamente, el presidente de la CEE ha dicho en entrevistas que no estaban listos”, sostuvo el letrado.
Arraíza dijo que ACLU preparará un informe sobre sus hallazgos una vez culmine el proceso, que se enfoca en los trabajos relacionados al conteo de votos.
El licenciado recodó que el CAAPR hizo un trabajo similar sobre la etapa de las elecciones, y preparó un informe en el que hizo diversas observaciones sobre fallas de la CEE.
“Ha habido litigios muy interesantes en el pasado, como el de los pivazos. Siempre hay después de las elecciones. Todo tiene que ver con que la CEE es una agencia muy politizada. Entonces, tienes un código electoral que se aprueba en año electoral y que la nueva ley le da un control casi absoluto de las decisiones de la comisión, y solo puedes impugnarlo a través del tribunal y eso fomenta el litigio en los tribunales”, asegiró Arraíza.
«Si ese Código se logra enmendar para que haya más balance partidista, se reducirán los pleitos«, continuó el director legal de la ACLU.
Arraíza sostuvo que entre los factores para que haya litigios relacionados al Código está que se concentró más poder en un solo partido, por lo que habrá más inconformidad entre las otras colectividades y estas tratarán de buscar una solución en el tribunal, por lo que si se regresa a un Estado de derecho de mayor balance, los pleitos se resolverían más por consenso.
Más allá del Código, otro factor para los muchos pleitos es que hay más partidos inscritos, por lo tanto hay más entidades que pueden llevar litigios, dijo Arraíza.
Por encontrarse en un rol de observadores, la ACLU no está necesariamente en litigios en esta etapa del proceso electoral, salvo que se detectara una controversia donde pudieran intervenir sin entrar en conflictos de interés, explicó Arraíza.
Señalan casos electorales importantes durante el 2020
Previo a las elecciones, la organización estuvo activa en litigios de varios casos electorales.
En uno de ellos, se logró un cambio.
Se trató del pleito en el que el juez federal Pedro Delgado facilitó que mayores de 65 años pudieran votar sin ir al colegio electoral, mediante el mecanismo de voto adelantado.
Otro caso electoral importante en el que participó ACLU fue la demanda de una electora que no pudo votar en las primarias porque no llegaron las papeletas al colegio.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) consolidó el caso de ACLU con los de diversos políticos como Pedro Pierluisi, Eduardo Bhatia y Wanda Vázquez.
«En ese caso, el Tribunal reconoce que hubo irregularidades y establece que se le cerró a nuestra clienta el derecho al voto, pero lo que hace es dar una orden para que continúe el proceso», sostuvo.
Arraíza entiende que entre los casos electorales que se han llevado, además del que ACLU llevó por el voto adelantado, en el otro caso donde se establece derecho fue el llevado por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
«En ese pleito, el tribunal entra a interpretar lo que es el Código Electoral. Te digo «interpretarlo» porque ellos solicitaron las listas como dispone el reglamento del escrutinio, pero el Tribunal entra a interpretar la ley y el reglamento para decir que las listas se debían ver en las mesas y que no podían llevarse de las mesas. Entran en asuntos que no estaban planteados e interpretan el Código», mencionó.
¿Aún no estás suscrito(a) a Microjuris? Hazlo aquí. ¿Necesitas cumplir con tus créditos de Educación Jurídica Continua? Hazlo en nuestra sección de cursos en línea.