La organización Espacios Abiertos (EA) acudió al tribunal como parte interventora en apoyo a la posición del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) de publicar la lista de beneficiarios de decretos bajo la pasada Ley 22, una acción objetada por la Puerto Rico Privacy Association (PRPA) en una demanda.
PRPA alega que la publicación viola la privacidad de sus miembros, un grupo de inversionistas no identificados.
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El Departamento de Justicia, quien representa a las partes demandadas—el DDEC y el Departamento de Hacienda—indicó durante la vista celebrada ayer en la tarde por el juez Anthony Cuevas Ramos, que la publicación de la información relacionada con los decretos contributivos otorgados se hace conforme al mandato del nuevo Código de Incentivos de Puerto Rico.
Enfatizó que contrario a lo que argumentan los demandantes, la información que se publica no es de carácter confidencial, personal o financiera.
Por su parte, tres abogados del bufete Block Legal, representantes de PRPA, presentaron su oposición a la desestimación, insistiendo en que la publicación de la información viola la intimidad de los que reciben los decretos y menoscaba la relación contractual de estos con el gobierno.
Espacios Abiertos cuestionó la legitimación activa de la asociación que radicó la demanda a la vez que se unió a los argumentos que presentó el DDEC, favoreciendo la desestimación.
Desde el año 2017, Espacios Abiertos ha abogado por la divulgación de información relacionada con las concesiones contributivas en Puerto Rico, tal como se hace en los Estados Unidos y en muchos otros países del mundo desde la década de 1970, indicó la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet.
Más detalles
Los gastos fiscales o tributarios son todas las exclusiones, deducciones, exenciones y créditos contributivos, entre otros, que el gobierno da a diferentes tipos de contribuyentes: individuos, empresas, industrias e instituciones sin fines de lucro.
Por lo general, estas concesiones se autorizan mediante ley con el fin de incentivar una actividad económica o lograr un impacto social.
Las concesiones tributarias son catalogadas como un gasto del gobierno realizado bajo el código de impuestos, y como todo gasto público gubernamental, dicha información debe estar disponible para la ciudadanía.
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