Vislumbran actividad congresional para atender el alcance de Facebook y Twitter

Por Daniel Rivera Vargas

Las restricciones colocadas por plataformas de redes sociales recientemente en temas políticos podrían evidenciar, por un lado, el enorme alcance de estas empresas y, por el otro, plantear interrogantes sobre su realidad actual y sus posibilidades futuras jurídicas.

Al momento de redactar, a principios de febrero de 2021, el nuevo giro era el anuncio de Facebook de que como medida permanente no recomendará grupos políticos en el futuro para “bajar la temperatura”, y reducirá la cantidad de contenido político en su área de noticias porque ahora mismo oyen de su comunidad que “no quieren política”.

Antes de eso, cerca del asalto al Capitolio de Estados Unidos por parte de seguidores del expresidente Donald Trump, empresas como Twitter primero le ponían notas aclaratorias a sus mensajes y luego sencillamente lo vedaron de usar su plataforma mientras aún era presidente.

¿Qué representan estas medidas en temas como libertad de expresión y ciberseguridad?

Microjuris.com habló con varias figuras al respecto.

La abogada y estudiosa en redes sociales, Julizzette Colón-Bilbraut, dijo que hay confusión en sectores de la sociedad respecto a plataformas como Facebook.

“Pensamos que es una plaza pública”, sostuvo.

“Lo primero que tenemos que entender es que lo que dice la ley, la ley máxima. La Constitución de Estados Unidos habla de la libertad de expresión, pero los derechos constitucionales solo aplican del estado al individuo. Facebook no es el gobierno, Facebook es una empresa privada, y los derechos de libertad de expresión no pueden invocarse contra una empresa privada”, dijo Colón-Bilbraut.

Recordó que la ciudadanía usa plataformas de redes sociales como Facebook luego de firmar un contrato de adhesión, similar a los que usan los bancos, con unos términos y condiciones que les da la facultad de que la empresa en casos de incumpliento de esos acuerdos, puede decir ‘te boto de la plataforma’.

Colón-Bilbraut explicó que la pelea de las plataformas con el expresidente Trump, en la que prevalecieron ante el entonces mandatario, demostró un punto débil y se trata del artículo 239 del Communications Decency Act, que concede inmunidad a las plataformas por lo que publican sus usuarios.

La letrada dijo que la intención de Trump era quitarle esa inmunidad, y aunque él no lo logró, está la semilla sembrada para que alguien lo intente en el futuro.

“Yo creo que queda la oportunidad, hay ánimo de parte de los republicanos para considerar esto, y hasta cierto punto, me parece que a ver ánimo también de algunos demócratas, porque a todo el mundo le ha quedado demasiado claro que estas redes tienen demasiado poder”, sostuvo.

Añadió que aunque Facebook y otras redes sociales tienen legiones de personas para monitorear lo que se dice en sus páginas, será un trabajo muy complejo de regulación y estaría atacando de cierto punto el modelo económico de las redes sociales.

De otra parte, el profesor de derecho de la Universidad George Mason, Ilya Somin, sostuvo que que la decisión de Facebook o Twitter de no permitir a ciertas personas acceso a sus plataformas no impide que esas entidades o ciudadanos lleven su discurso mediante otros mecanismos aunque “quizá no llegue a tanta gente porque Facebook y Twitter son las redes sociales de más alcance”.

“Mucha gente olvida que Facebook y Twitter no son los únicos que diseminan información. Alguien como Trump puede abrir su propio medio de comunicación”, indicó Somin.

El profesor explicó que no hay duda sobre si Facebook y Twitter pueden rechazar publicar contenidos en sus plataformas, porque la libertad de expresión no solo se extiende a lo que un ciudadano quiera decir, sino que otras personas jurídicas, como los medios, tienen también protecciones, que incluyen no incluir contenidos en sus espacios, aunque para algunos pueda ser moralmente cuestionable, y eso está protegido por la libertad de expresión.

Somin proveyó ejemplos, como que los otros días alguien en la cadena Fox News lo criticó directamente por una carta que coescribió con otros profesores de Derecho sobre el proceso de residenciamiento, y a él nadie lo llamó para tener su reacción. “Ellos debieron hacerlo (buscar su reacción), pero no estaban obligados a hacerlo”, comentó.

“Yo no puedo obligar al New York Times a publicar una columna”, agregó Somin.

“La libertad de expresión te permite decir lo que quieras, pero también te da el derecho a rechazar ciertas expresiones en tu propiedad (como el espacio en Internet de Twitter y Facebook)”, continuó.

Eventualmente, dijo Somin, lo que puede ocurrir es que esos mensajes migren a otras, o quizá nuevas plataformas de redes sociales donde sí permiten esos discursos.

Cuando se le preguntó si entonces el gobierno debe poner trabas de ley a discursos para que no nazcan plataformas que fomenten discursos de odio -por ejemplo como se hace en Alemania, donde las alusiones al nacismo están prohibidas por ley-, el profesor dijo que él se opondría a una propuesta de esa naturaleza porque la realidad es que estos controles no han impedido el surgimiento de grupos neonazis en tierras alemanas.

“No creo que debamos confiar en el gobierno (para establecer estos controles)”, dijo Somin.

“Para aquellos que favorecen la regulación, deben preguntarse a esos mismos qué pensarían si ese poder de regulación está en manos del partido que ellos no apoyan… los que favorecen regulaciones mayores al discurso en redes sociales no están considerando qué pasaría si ese poder de regular cae en manos de otros”, comentó.

Mientras, para Alejandro Mercado, abogado especialista en leyes de protección de datos y autor del libro Derecho Procesal Civil Avanzado: el descubrimiento de información electrónica, lo que ha estado pasando respecto a redes sociales impacta en muchos ángulos.

“Está causando un revuelo. Está cambiando las normas de juego porque las compañías que permiten ese acceso están entrando en la evaluación de que es un riesgo para la nación, para la persona y los intereses capitales. Está levantando muchas preguntas”, dijo Mercado.

Para el abogado, son cuestionamientos que surgen en momentos en que libremente la ciudadanía está cediendo su información privada a estas empresas, en aras de la seguridad, como los servicios de vigilancia electrónica, o para compartir en las redes, y lo comparó con el clásico de literatura “1984” de George Orwell.

“En términos de ciberseguridad, estamos dando libremente nuestra información”, sostuvo.

“Todas estas plataformas elevan el debate. El derecho no cambia, pero crea nuevas preguntas. Ahora tienes una plataforma que reniega a las plataformas políticas, pero la persona que recomienda esos grupos, si yo recomiendo los Proud Boys (un grupo de extrema derecha que no fue criticado por Trump cuando aún era presidente), ¿qué va hacer Facebook?”, expresó Mercado.

Mercado incluso se cuestiona si habrá algún tipo de carpeteo por parte de las redes sociales en aras de los controles de temas políticos.

“¿Cómo Facebook entiende hará esto? ¿Cómo evitará las campañas políticas o las mentiras? ¿Van a monitorear directamente a los ciudadanos, a los grupos? Ellos no son el Estado. ¿Qué derecho tiene el individuo para decir ‘tú no me puedes censurar, no me puedes decir qué hacer’… Y mi privacidad, ya ellos han sido multados en Europa de que esa data de la privacidad no ha sido protegida adecuadamente”, sostuvo.

El autor destacó que los eventos ocurren en momentos en que el Congreso ha comenzado a exigir más a Facebook, desde que aclare las mentiras en sus plataformas, a que les de acceso a códigos de programación privilegiados, que puede incluir datos de privacidad de los ciudadanos.

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