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Supremo federal no atenderá controversia sobre gallos

Permanece la prohibición de las peleas.

Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) decidió no intervenir en el reclamo de grupos defensores de las peleas de gallos, una práctica que fue prohibida a nivel federal en el 2019.

El alto foro publicó hoy martes, 12 de octubre, la lista de casos en los que denegaba expedir un certiorari, y uno de esos pleitos es el de Ortiz-Diaz vs. United States (sobre las peleas de gallos). El Supremo federal tradicionalmente solo atiende el 1% de los casos que llega ante su consideración mediante certiorari.

Se presentaron cerca de siete grupos recursos de «amigos de la corte». Entre los grupos que se presentaron estuvo el gobierno de Puerto Rico, el Cato Institute, el Liberty Justice Center, el Puerto Rico Institute for Economic Liberty, la Cámara de Representantes, el Senado de Puerto Rico y el profesor Jeffrey C. Tuomala,

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Efecto de la determinación

La decisión del Supremo tiene el efecto de mantener la prohibición de las peleas de gallos.

Es decir, prevalece la decisión emitida previamente por el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en Boston, que mantenía la vigencia del estatuto que declaraba ilegal esta práctica.

El reclamo en favor de las peleas de gallos contó con el apoyo del gobierno de Puerto Rico, tanto por la pasada gobernadora Wanda Vázquez como más recientemente el actual mandatario Pedro Pierluisi, que intervino con un recurso de amigo de la corte, alegando no el impacto no era solo económico, puesto que es asociado a unos 20,000 empleos y $65 millones anuales, sino como un elemento cultural.

«Forma parte de nuestra cultura e historia», expresó Pierluisi en declaraciones escritas en julio.

El recurso fue llevado inicialmente por varias personas y entidades asociadas a las peleas de gallos, que incluso compararon esta práctica con elementos como El Morro y la intervención del gobierno federal, alegando violación a la cláusula de comercio interestatal y señalando que no procedía la prohibición del Congreso porque se trataba de una práctica completamente local, en la que no intervenían otros estados.

El abogado Félix M. Román Carrasquillo, uno de los letrados que llevaba el caso, indicó previamente a Microjuris que el argumento principal es que el gobierno federal no debía prohibir las peleas de gallos en Puerto Rico porque violaba la cláusula de comercio interestatal.

«Estamos claros que el Congreso puede regular el comercio interestatal, pero hay unos casos que señalan que asuntos culturales el gobierno no puede intervenir», señaló el abogado.

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