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Jueza Swain: «Estoy requiriendo buena fe, acción».

Fue una vista donde fue evidente desde el inicio el interés de la jueza en enviar un mensaje claro a los participantes: “les soy sincera, mi paciencia se está acabando”.

Por Daniel Rivera Vargas

Con la presencia en llamada telefónica del liderato político de país y de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y tras algunas duras expresiones entre varios participantes, la jueza Laura Taylor Swain decidió no cancelar la vista del 8 de noviembre para evaluar la confirmación de un Plan de Ajuste de la deuda lo que le da una oportunidad a la legislatura a aprobar una versión de ese proyecto -que actualmente no cuenta con los votos en el Senado- y agregó un proceso de “mediación confidencial”.

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La orden de la jueza es mantener la vista para el 8 de noviembre, pero debe comenzar una mediación confidencial con la asistencia de la jueza de quiebras Barbara J. Houser. La jueza Swain instruyó a la jueza Houser a someter una moción para el 2 de noviembre sobre el estado de esas conversaciones, y si no hay una legislación adecuada respecto al Plan de Ajuste, la JSF debe someter una moción informativa para el 4 de noviembre.

La jueza Swain no descartó desestimar el proceso actual de quiebra ante ella si no se logra un Plan de Ajuste, a pesar de los cientos de millones de dólares ya gastados y los cuatro años de trabajo, y según sus expresiones podría comenzar un caos en las reclamaciones de los acreedores y forzar al gobierno a que comience a pagar sus obligaciones, lo que no hace desde antes de la aprobación de la ley PROMESA en el 2016.

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“Estoy requiriendo buena fe, acción”, dijo Swain.

Fue una vista donde fue evidente desde el inicio el interés de la jueza en enviar un mensaje claro a los participantes: “les soy sincera, mi paciencia se está acabando”.

La posición de la JSF es que la posposición de la vista del 8 de noviembre era necesaria porque lo que surgía de “grabaciones” de los senadores es que no firmarían un acuerdo, y además por las expresiones en la vista de hoy del liderato político, por lo que Martin Bienenstock, abogado de la JSF, dijo que estaban ante una “pérdida de tiempo”.

Aseguraron que hay cláusulas en los acuerdos que implicarían que se impondrían honorarios adicionales si no se tenía esa legislación para la fecha de la celebración de la vista de confirmación.

Asimismo, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko dijo temprano que “necesitamos legislación que no sea ambigua, necesitamos lo que aprobó la Cámara”, y luego dijo que si no se concedía por lo menos una posposición de 72 horas, la JSF estaba en posición de retirar los acuerdos ya negociados. Jaresko también comentó que parte del lenguaje legislativo aprobado este fin de semana relacionado al pago de las pensiones es «una píldora venenosa».

La jueza “instruyó” a Jaresko y a la JSF a no tomar esa paso tratando de desviar («bypass») el proceso de mediación que acababa de ordenar.

La decisión de la jueza surgió tras una vista de dos horas en la que participaron el gobernador Pedro Pierluisi, los presidentes de Cámara y Senado, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y José Luis Dalmau, respectivamente, la directora ejecutiva de la JSF y su presidente David Skeel.

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“Estamos listos para aprobar el proyecto tan pronto como mañana”, indicó Jorge Martínez Luciano, abogado de la Cámara. “De forma que lo vemos, las enmiendas no tienen impacto fiscal, clarifican las dudas de miembros del Senado… la posición clara es que no habrá recortes en las pensiones”, dijo por su parte el presidente cameral.

El gobernador Pierluisi señaló que “para finales de mañana” los cuerpos legislativos deben aprobar un lenguaje, y él está en posición de convertirlo en ley.

“El proceso legislativo debe ser respetado, el proceso democrático debe ser respetado”, pidió el gobernador.

Mientras, el exrepresentante y abogado que habló por el Senado, Luis Vega Ramos, aseguró que el presidente Dalmau lleva meses trabajando de buena fe, pero que la realidad es que un solo partido no tiene mayoría en el cuerpo y «todo se aprueba en coalición» de varios partidos. Aseguró estar optimista de que se puede aprobar el más reciente lenguaje legislativo.

“Por supuesto, la corte respeta el proceso democrático y todo el trabajo realizado”, dijo en un momento dado la jueza Swain.

En un comunicado de prensa, el gobernador Pierluisi ofreció las siguientes expresiones:

“Estamos en una coyuntura histórica y la posición de mi administración ha sido consistente desde el principio. Tenemos que acabar con la quiebra del Gobierno de Puerto Rico y las pensiones públicas tienen que ser protegidas y así será. Fuimos claros en la vista de estatus convocada por la jueza Laura Taylor Swain, en que se debe mantener en pie el proceso de confirmación del Plan de Ajuste de Deuda y la Jueza estuvo de acuerdo.

Reiteramos nuestro llamado a la Junta de Supervisión a encontrar el consenso que nuestro pueblo espera y necesita para lograr el fin de la quiebra y lograr que Puerto Rico vuelva a crecer. Mi administración y el liderato legislativo ya están a punto de lograr ese consenso y solo falta que la Junta de Supervisión continúe adelante con el proceso de la reestructuración y permita que la jueza Taylor Swain tome las decisiones que correspondan”.  

Las expresiones surgieron de una “urgente conferencia de estatus” celebrada hoy lunes a las 9:00 a.m., según el título de la orden emitida por la jueza el pasado viernes. La conferencia fue convocada motu proprio por la jueza Swain.

Según ha trascendido, hace dos fines de semana el gobernador, los presidentes de Cámara y Senado, y Skeel se reunieron, y el profesor que dirige el ente creado por la ley federal PROMESA reiteró que ninguna pensión se recortaría si se aprobaba cierto lenguaje de la medida. Al otro día, los cuerpos legislativos crearon un comité de conferencia y la Cámara, en votación dividida, aprobó el texto pero en el Senado solo tenía 6 votos a favor del proyecto, por lo que no sería aprobado. El tranque continuó, la jueza Swain convocó la vista, y los líderes legislativos volvieron a reunirse, logrando nuevos acuerdos que fueron los mencionados hoy en la vista.

El Plan de Ajuste es un acuerdo negociado por la JSF con acreedores y funcionarios estatales para que el gobierno de Puerto Rico, a cambio de diversas concesiones, comience a pagar la deuda que han acumulado los pasados gobernadores y que asciende a $70,000 millones, aunque con la negociación esto se reduce a cerca de la mitad. El acuerdo es rechazado por diversos sectores que afirman que, aún con la rebaja negociada, los pagos son demasiado altos y esto implicaría una segunda quiebra en la que será aún más difícil proteger a los sectores más desventajados, como las personas pensionadas. En su lugar, la oposición pide auditar la deuda, determinar qué partida es ilegal y volver a negociar a base de esos números.

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